Su extensión supera las 1.000 páginas y consiste en el primero de los tres informes que serán elaborados por las firmas Salience Consulting y Pioneer Consulting, para evaluar la factibilidad –técnica, legal, económica y/o geopolítica– del proyecto Cable Antártico.
Así, tras la polémica del llamado “cable chino” -una red de Chile a Hong Kong que generó rechazo en EEUU- la decisión de avanzar en esta red debe tomarse durante la administración Kast.
El tendido al continente blanco fue impulsado en primera instancia por el segundo gobierno de Sebastián Piñera y luego por la administración de Gabriel Boric. La iniciativa contempla la construcción de un cable submarino de fibra óptica que conecte a Chile continental con la Antártica.
Antes de llevarse a cabo, la anterior Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), liderada por el exsubsecretario Claudio Araya, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, licitó un estudio para evaluar en 360 grados la iniciativa.
Las ganadoras fueron dos consultoras internacionales, las que el pasado 5 de marzo –seis días antes de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda– realizaron su primera entrega de observaciones y recomendaciones preliminares a las autoridades. Las definitivas estarán disponibles en un tercer informe luego del periodo de estudio de 16 meses.
De momento, las próximas definiciones a tomar sobre el proyecto estarían en manos de la actual Subtel, liderada por Romina Garrido. Consultados por la prioridad que le darán a la iniciativa en los próximos meses, desde la Subtel declinaron referirse al tema.
55 estaciones científicas hay en la antártica y cable servirá para transportar sus datos
1.850 kilómetros submarinos
En sus primeras páginas, el resumen del Informe N° 1 de Factibilidad despejó que el proyecto Cable Antártico fuera “un emprendimiento comercial convencional de telecomunicaciones”.
“A diferencia de los sistemas submarinos típicos que sirven a mercados densamente poblados, esta iniciativa está impulsada principalmente por consideraciones científicas, ambientales y geopolíticas”, afirmó.
Dicho estudio fue elaborado con un horizonte operativo de 25 años (entre 2034 y 2058) y, como punto de partida, constató que hoy son 55 las estaciones de investigación científica que están instaladas en la Antártica, siendo la Isla Rey Jorge el área más ocupada con estaciones de países como Chile, Rusia, China o Corea del Sur.
En esta línea, se estimó que, como mínimo, el diseño de un Cable Antártico supondría el tendido de 1.850 kilómetros submarinos, que “cubran” –en primera instancia– esta isla junto con el norte de la península. Esto, no obstante, con una posible extensión a tres puntos que conecten otras zonas de la región.
Estos hubs de investigación en el continente blanco hoy se abastecen de tecnología satelital (GEO y LEO) que, si bien se espera que mejoren sus servicios exponencialmente con el tiempo, “siguen siendo insuficientes para satisfacer la demanda proyectada a largo plazo de las bases”, constató el informe.
Así, en términos de conectividad, las consultoras fueron claras en su primer diagnóstico: “Una red de fibra óptica es actualmente la única tecnología disponible capaz de transportar los volúmenes suficientemente altos de tráfico de datos estimados en el análisis de demanda”.
Además, las consultoras propusieron considerar la integración de tecnologías Science Monitoring and Reliable Telecommunications (Smart) en el cable, la que podría “generar conjuntos de datos científicos únicos en una de las regiones menos observadas del planeta”.
Requisitos legales y regulatorios
La factibilidad legal del proyecto no solo dependería de la voluntad chilena, constató el informe.
Al contrario, su factibilidad se extendería “más allá de las fronteras de Chile, ya que la legislación chilena incluye compromisos internacionales que impactarán el Proyecto”.
Su despliegue, además, dependería de los requisitos provenientes del Sistema del Tratado Antártico, del que hoy son parte países como Chile, Argentina, EEUU, China y Rusia.
Esto, por otro lado, sumado a la gran diversidad de tratados internacionales y ambientales que rigen en la materia.
En el caso de Chile, el escrito afirmó que existe una “extensa lista de requisitos legales y regulatorios que deberán cumplirse”.
Sin embargo, se mostró optimista y afirmó que, pese a que se requerirá un trabajo intenso para cumplir con el marco legal, esto “no debería impedir las actividades contempladas” para su desarrollo.
Algo a lo que se deberá prestar “especial atención”, consignaron las consultoras, es la intersección que podría ocurrir entre la Ley General de Telecomunicaciones de Chile y el Sistema del Tratado Antártico, “ya que esto representa un dominio regulatorio novedoso con precedentes limitados”.
Un modelo joint venture
“La gobernanza es crítica” en el desarrollo del proyecto, afirmó el informe. “Los proyectos de infraestructura en contextos geopolíticos sensibles tienen éxito o fracasan en gran medida según la solidez de sus acuerdos institucionales”, explicó.
Como recomendación, el informe propuso formalizar el papel de Chile como “estado patrocinador líder” del proyecto, actuando como ancla diplomática, institucional y regulatoria por su proximidad geográfica y la infraestructura de fibra óptica que ya llega a Puerto Williams.
A largo plazo, no obstante, propusieron la creación de un modelo tipo “joint venture” entre gobiernos internacionales, agencias científicas y actores privados “en un marco de gobernanza compartida”. Esto, justificaron, pues “equilibran mejor la inclusión y la eficiencia al otorgar a las partes interesadas una representación proporcional”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Catalina Vicuña
