Un total de 51 vehículos quemados es el balance, hasta ahora, que hace la empresa Energía Rucalhue, propietaria de la central hidroeléctrica en construcción que fue atacada e incendiada este domingo en la Región del Biobío y por la cual el Gobierno anunció que invocará la Ley Antiterrorista.
El gerente legal de la compañía, Diego Vio, detalló que se trata de 47 camiones, dos retroexcavadoras, una motoniveladora y un camión aljibe de combustible. Cada camión, dijo, tiene un valor del orden de US$ 150 mil. Además, dos guardias de seguridad resultaron con lesiones menores, tras recibir golpes de los atacantes.
"Esto es desproporcionado. Es brutal. Es una cosa tremenda y nadie lo podía prever. Las empresas no están preparadas para prever este tipo de ataque", sostuvo la mañana de este lunes en T13 Radio. "Esto es un atentado contra la institucionalidad del Estado de Chile y el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de esto".
Respecto al impacto del ataque más allá de lo físico, Vio indicó que "este tipo de cosas genera un impacto a nivel empresarial en general y a nivel internacional también. Es iluso pensar que esto no impacta en la confianza de los empresarios en el desarrollo de los proyectos en Chile".
"Este es un proyecto que ha confiado en la institucionalidad chilena, a pesar de las dificultades que ha tenido durante la tramitación del proyecto. Evidentemente este acto remece un poco la confianza y yo creo que debería llamar a la reflexión a todos de cómo se están haciendo las cosas en Chile y cómo la institucionalidad es capaz de enfrentar este tipo de temas", expresó.
"El Gobierno ha anunciado querellas por la ley Antiterrorista, es una buena señal, pero como decía el Presidente, lo importante es que eso tenga resultados, se encuentren a los responsables y se sancionen. Ahí funciona la institucionalidad. Yo creo que hay que aspirar a eso para recuperar la confianza", agregó Vio y marcó que "es difícil trabajar en un entorno de violencia".
La Central Rucalhue es un proyecto que inició en 2012, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en 2016 y en 2018 fue adquirido por la china International Water and Electric. "Este es un proyecto aprobado, que está en construcción y que ha pasado por toda la institucionalidad", enfatizó el gerente legal de la compañía.
Grandes empresarios reaccionan
Este lunes, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que condena "firmemente el brutal ataque terrorista" ocurrido en la central Rucalhue, enfatizando lo dicho por el ministro de Seguridad, Luis Codero, de que el hecho tiene las características de una acción terrorista, y por lo mismo, anunció que el Gobierno se querellará por la Ley Antiterrorista.
"La violencia y cobardía de quienes son responsables de estos actos reviste la máxima gravedad. Ante todo, solidarizamos con los guardias de seguridad heridos y esperamos su pronta recuperación. Más allá de los considerables daños materiales a la infraestructura, este es un ataque terrorista que afecta directamente a los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de Derecho, sembrando el miedo entre las personas y socavando la confianza de los inversionistas", agregó la timonel de la multigremial.
Hechos de este tipo no pueden tener cabida en nuestra sociedad, planteó Jiménez, pues "atentan contra valores y derechos fundamentales como son la libertad, la seguridad, la democracia y el emprendimiento, todos indispensable para proteger la vida y dignidad de las personas, la paz y estabilidad de nuestro país, y su desarrollo social y económico".
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