Bolivia atraviesa la crisis económica más profunda de las últimas décadas, marcada por un alto gasto público, una inflación que llegó al 18,5% en mayo —la cifra más alta en al menos 17 años— y una severa escasez de divisas. Frente a este escenario, el poder legislativo comenzó a debatir en torno a la aprobación de 16 créditos externos por un total de US$ 1.800 millones. Por el momento, el Senado ya aprobó un préstamo de US$ 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras otros, continúan en discusión.
La crisis económica en Bolivia se ha agravado de forma progresiva desde principios de 2023, cuando el Banco Central reportó una severa escasez de dólares. Esto profundizó los problemas socioeconómicos con una inflación al alza e importaciones insuficientes de combustible. A ello se sumó la caída en las exportaciones de gas y el inminente agotamiento de reservas internacionales, lo que redujo drásticamente el ingreso de divisas en la nación andina.
Por otro lado, una de las claves del descalabro económico ha sido el colapso del sector gasífero, tradicionalmente el principal generador de divisas en Bolivia, el cual en 2024, dejó de exportar gas a Argentina después de casi dos décadas y redujo visiblemente sus envíos a Brasil. La caída sostenida de la producción —provocada por la falta de inversión y reservas de gas muy costosas de perforar— ha transformado a Bolivia en un importador neto de energía, lo que debilita sus ingresos fiscales y eleva la presión sobre el gasto público.
En ese sentido, la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha reconocido en múltiples ocasiones que ya no cuenta con los dólares necesarios para importar suficiente combustible, lo que provoca el alza de precios. Cabe destacar, que el colapso del sector gasífero andino ya se venía anticipando desde el gobierno de Evo Morales, a pesar de que su modelo fue denominado inicialmente como un "milagro económico" tras nacionalizar los recursos hidrocarburíferos en 2006. Sin embargo, con el tiempo, el gobierno priorizó la redistribución de recursos en bonos, subsidios y obras públicas, descuidando la inversión en exploración y producción gasífera.
El peso de la crisis económica se ha posicionado rápidamente en sobre los hombros de los habitantes, quienes cargan con la incertidumbre y el abastecimiento de sus hogares frente al aumento de los precios. Situación que no ha pasado desapercibida por las calles, las cuales se han convertido en el escenario de protestas lideradas por civiles y transportistas.
"Si regularizan la aprobación de préstamos, las cosas empezarán gradualmente a volver a la normalidad aquí", adelantó el presidente Luis Arce, aludiendo a que desde 2023 el proceso había enfrentado trabas debido a las divisiones internas en el partido oficialista, entre sus adherentes y los del exmandatario, Evo Morales. Tensión que comenzó a ceder cuando parlamentarios y el Tribunal Electoral se reunieron frente a la incertidumbre por el financiamiento de las elecciones presidenciales.
En este contexto, algunos legisladores de opisición dieron señales de flexibilizar su postura frente al descongelamiento de préstamos: "Por fin la oposición de derecha ha entendido que tenía que aprobar estos créditos", declaró Arce posteriormente.
Aunque estos créditos podrían ayudar cubrir parte de las importaciones de combustibles y ayudar a contener la inflación ad portas de las elecciones presidenciales de agosto, expertos advierten que tendrán que distribuirse correctamente para evitar un escenario de default, es decir, de incumplimiento en el pago de su deuda externa, la cual —a junio de 2024— ascendía a US$ 13.300 millones.
En ese sentido, un default podría posicionar a la nación andina en un escenario muy complejo por diversos motivos, como la suspensión de nuevos préstamos, encarecimiento del financiamiento futuro y un profundo deterioro de su economía interna, marcado por recortes sociales, pérdida de inversión y daño a la confianza internacional.
Impacto en norte de Chile
Chile no es ajeno a lo que ocurra en países vecinos. Consecuencia de la crisis económica en Bolivia, se han encendido las alertas de las autoridades frente a un posible incremento en el flujo migratorio irregular. Por lo mismo, en febrero del presente año, la exministra del interior y Seguridad pública, Carolina Tohá, celebró una reunión en La Paz con el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Castillo.
En dicha reunión, se firmó un protocolo que estableció el procedimiento de reconducción para migrantes irregulares devuelta a su país de origen. Sin embargo, debido a las extremas temperaturas y condiciones geográficas del norte de Chile, el control resultaría complejo.
Por otro lado, la crisis cambiaria de Bolivia con su escasez de dólares, reservas insuficientes del Banco Central y un dólar paralelo cotizado hasta el doble del tipo de cambio oficial, ha golpeado lugares de alto flujo comercial en Chile como la Zona Franca de Iquique (Zofri), ya que, se ha visto limitada la capacidad de importadores y consumidores bolivianos para comprar en dicho lugar.
A raíz de esto, las ventas mayoristas en la Zofri a finales de 2024 se redujeron en un 9%, es decir, aproximadamente US$ 380 millones menos en relación con el año anterior. Un impacto que se ha sentido especialmente en rubros como materiales de construcción, cigarros, textiles y combustibles con caídas de hasta 77% en algunos sectores.
A inicios de mayo, el presidente de la Asociación de Usuarios Zofri, Max Berrera, vía el portal de La Estrella de Iquique, aseveró que esto refleja un golpe duro tanto para la Zofri, como para el Puerto de Iquique, ya que ambos representan una parte esencial en sus negocios: “La ausencia de divisas significa un freno, incluso una imposibilidad para la importación, y esto es lo que ocurre en Bolivia, que ha visto mermada su capacidad de importar, y eso consecuencialmente también afecta a sus proveedores como Zofri y a sus prestadores de servicios como el Puerto de Iquique”, argumentó.
Asimismo, el presidente del directorio de Zofri, Iván Berríos, precisó que Bolivia es el país que representa alrededor del 50% de las ventas de la Zona Franca, por sobre Paraguay y Perú.
La crisis socioeconómica que vive Bolivia no se limita a sus fronteras, sus efectos empiezan a aseverarse en el comercio regional, amenazando con escalar si el país no estabiliza su sistema financiero. Mientras parlamentarios bolivianos debaten contrarreloj la aprobación de créditos y se intenta evitar un default que profundice el colapso, los ojos de países vecinos como Chile permanecen atentos frente al impacto financiero y fronterizo que podría generar un eventual declive en la nación andina.
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