Luego de adjudicarse dos concursos por Alta Dirección Pública (ADP) -además de dos renovaciones-, pasar por tres reformas de pensiones con la última convertida en ley y una serie de hitos claves en el camino, el histórico superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, cumplió recientemente 10 años como regulador.
Fue a fines de enero de 2016 en la segunda administración de la exPresidenta Bachelet cuando, los entonces ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y del Trabajo, Ximena Rincón, le pidieron a quien se desempeñaba desde 2003 como intendente de Seguros de la extinta Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF), que asumiera un rol mayor: convertirse en el regulador de pensiones.
Según recuerdan conocedores, Macías fue convocado a la oficina de Valdés en Teatinos 120, cita a la que entró como intendente de seguros y salió como superintendente de Pensiones Transitorio y Provisional, convirtiéndose a mediados de ese mismo año en el regulador definitivo tras ganarse el primer concurso.
Lo anterior se daba en un momento clave de la entidad pública, luego de la renuncia de la exsuperintendenta Tamara Agnic en el marco del bullado proceso de fusión de las AFP Cuprum y Argentum.
El ingeniero comercial, oriundo de Castro, aterrizó en una institución que no le era ajena. Previo a la SVS, estuvo 15 años en la exSuperintendencia de AFP, en cargos como jefe de Estudios y de Análisis Financiero durante el mandato de superintendentes como Julio Bustamante y Alejandro Ferreiro.
Si bien el momento en que tomó el timón de la Super de Pensiones fue por decirlo menos desafiante para Macías, lo que vino después marcaría su carrera.
Más allá de la política
El icónico regulador tiene entre sus credenciales algo que -dicen- lo distingue de otros superintendentes, incluso de Bustamante, que fue por 10 años superintendente de AFP.
Hasta ahora, Macías ha ejercido el cargo durante tres gobiernos de distintos colores políticos: mediados de Bachelet II, toda la segunda administración de Piñera y está ad portas de pasar la valla como super del período completo de Boric.
En específico, ha trabajado de cerca con al menos siete ministros del Trabajo y otros siete de Hacienda.
Ahora, se abre la interrogante respecto de si también terminará ejerciendo el cargo durante el mandato del Presidente electo José Antonio Kast.
El 23 de julio de 2025 fue nombrado por un nuevo lapso, que concluiría a medidados de 2028.
Dado que es un cargo ADP, si el Gobierno entrante quisiera removerlo y nombrar automáticamente a otra persona sin hacer concurso, tendría que ocupar una de las denominadas “12 balas de plata”.
Fuentes cercanas a la próxima administración comentaron que esa decisión no estaría descartada del todo, pero que se ha ido instalando la idea de no ejecutarla.
Según transmiten, las razones serían principalmente dos. La primera, el riesgo que implica cambiar la cabeza de la Super en plena implementación de la reforma previsional, con hitos clave que se deben sellar los próximos meses.
La segunda, que la búsqueda de candidatos que pudieran sucederlo hasta ahora no ha sido fácil.
Dos reformas frustradas y los activos alternativos
Quienes lo conocen transmiten que una de sus metas era que Chile concretara una reforma al pilar contributivo que elevara las pensiones, lo que se logró hace un año y a cuya puesta en marcha aún le restan sus hitos más trascendentales.
Para el resultado, el rol del superintendente y del equipo del organismo, que tiene unos 250 funcionarios, es crítico en un proceso con una serie de complejidades.
Aunque salió, la reforma costó.Tambaleó en este Gobierno y se vio frustrada en los anteriores.
Durante la segunda administración de la exPresidenta Bachelet -en un período marcado por la fuerte irrupción del movimiento NO+AFP- se intentó llegar a un acuerdo para la reforma de pensiones, pero finalmente no logró conseguir los apoyos necesarios en algunos sectores de la izquierda en la Cámara de Diputados.
Lo que sí ocurrió durante esa administración -y en lo cual Macías habría cumplido un rol clave- fue en la autorización para que las AFP inviertan en activos alternativos, permitiendo diversificar portafolios y buscar mayores rentabilidades.
Convencido del beneficio de estos activos y con su experiencia en el mundo asegurador, el ingeniero comercial habría cumplido un papel preponderante para introducir esto en la Ley de Productividad de 2016.
Ya, en el segundo Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, se volvió a instalar la idea de una reforma previsional en la agenda legislativa.
El regulador trabajó en la misión con los tres ministros que pasaron por la cartera de Trabajo -Nicolás Monckeberg, María José Zaldívar, Patricio Melero- y el asesor del Presidente (y hoy comisionado de la CMF), Augusto Iglesias, a quien Macías ya conocía de antes.
Si bien en la Cámara de Diputados se logró un acuerdo para sacar adelante la iniciativa luego de que se llegara a un consenso con el respaldo de la Democracia Cristiana para el denominado “3 y 3” en la distribución del 6% de cotización adicional, por razones políticas -y cruzado por los efectos del estallido social- en el Senado no logró ver la luz.
Los retiros y la PGU
Pese a que la reforma no tuvo éxito, una serie de acontecimientos en materia previsional marcaron la gestión del exPresidente Piñera.
Por ejemplo, los retiros del 10% de los fondos previsionales que comenzaron el 23 de julio de 2020. La iniciativa derivó en que por primera vez en Chile, el Congreso abriera la puerta a una serie de retiros, que dejaron estragos sobre la economía, el mercado de capitales y el historial previsional de los afiliados.
En esa etapa, Macías enfrentó una paradoja. Si bien fue opositor a la medida impulsada por parlamentarios y a la que La Moneda se resistía a apoyar, al mismo tiempo cumplió un rol clave de cara al proceso de pago.
A la Superintendencia le tocó redactar la norma que entregó los lineamientos para llevar a cabo los rescates y empezó a trabajar con las AFP para diseñar cómo debía ser el retiro desde el punto de vista operativo de los pagos. Asimismo, coordinó con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una serie de gestiones que se requerían desde los bancos para el traspaso de los recursos.
Fuentes del sector previsional destacan el trabajo que hizo con el entonces gerente general (y luego presidente) de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.
El esfuerzo operacional no quedó ahí. En 2021, el Gobierno de Piñera presentó al Congreso un proyecto de ley que creaba la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que terminó convirtiéndose en ley durante el verano de 2022, cuando Boric ya era Presidente electo.
En eso, Macías también ejerció tareas para darle tracción a ese pago, que tuvo una transición desde las AFP al Estado, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ahora, la Superintendencia nuevamente es uno de los actores clave en la coordinación de cara a otro hito: el pago de los beneficios de la reforma previsional que en enero comenzó a pagar el IPS.
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