La Ley Nº 21.797, que modifica el cuerpo legal Nº 18.290 para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes a la hora de conducir vehículos motorizados, nació de una moción parlamentaria de los diputados Erika Olivera, Emilia Nuyado, Joanna Pérez, Emilia Schneider, Carolina Tello, Cosme Mellado y Mauricio Ojeda.
La iniciativa estuvo inspirada en el caso de Jacinta, una lactante de cinco meses que murió atropellada en agosto de 2022, mientras era paseada en un coche por sus padres en la comuna de Lo Barnechea cuando un conductor de 80 años -que padecía una enfermedad grave- perdió el control de su automóvil.
El 16 de diciembre y tras casi dos años desde que el proyecto ingresó a la discusión en el Congreso, la iniciativa fue despachada por unanimidad por el Parlamento.
Respecto al SOAP, el texto estableció un aumento en las coberturas. Específicamente, se duplicarán los actuales montos de indemnización asociados al seguro obligatorio, frente a la muerte o la incapacidad permanente total o parcial, si ocurriese un evento de este tipo.
El incremento, además, aplicará a gastos médicos propios de dichos casos.
En concreto, además de elevar las coberturas del SOAP, la ley estableció que a toda persona que solicite o renueve su licencia de conducir, se le exigirá una declaración jurada obligatoria que busca acreditar que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva.
De acuerdo al cuerpo legal, si una persona no informa debidamente una situación de ese tipo, y participara de un siniestro, no sólo cometerá una infracción grave de tránsito, sino también, se le cancelará el documento.
Cuando se aprobó la iniciativa por parte del Congreso ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que también incorporará cambios en los procedimientos municipales para la acreditación de la denominada “idoneidad física y psíquica” de los postulantes, la cual será definida a través de un reglamento, reemplazando así al actual instructivo que utilizan las direcciones de tránsito.
El cuerpo legal establece que en un plazo de doce meses desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial -es decir, hasta febrero del próximo año- el Ministerio de Transportes deberá dictar un reglamento sobre las patologías, inhabilitantes o restrictivas, el que también deberá ser suscrito por el Ministerio de Salud.
Cambios al Código del Trabajo
Por otra parte, la moción parlamentaria también derivó en cambios al Código del Trabajo. La nueva normativa modifica los fueros laborales que le correspondan a un trabajador, en caso del fallecimiento de un hijo, cónyuge o conviviente civil.
Si la persona está expuesta a una situación de ese tipo con un familiar, la ley establece que se le permitirá un período específico de protección a un trabajador por un mes, para aquellos trabajadores que cuenten con contratos a plazo fijo, homologando así a lo que ocurre con aquellos que tienen contratos del tipo indefinidos.
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