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Alto contrasteRespuesta del ministro Montes a la ADI
Señor Director:
El sector inmobiliario de altos ingresos atraviesa una crisis. A factores como la pandemia, la coyuntura macroeconómica y el alto costo del crédito, se suma un encarecimiento del suelo y servicios que empuja el precio de las viviendas por sobre las remuneraciones de los sectores medios.
En este escenario, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reclama la falta de políticas para el segmento sin subsidio. Sin embargo, la realidad demuestra que la reactivación no admite atajos: la desregulación excesiva provoca distorsiones, y aumentar subsidios sin transparencia en costos no resuelve el fondo del problema. Peor aún, bajar los estándares de la vivienda social sería un retroceso inaceptable.
El rol del sector público es articular esfuerzos con privados y organizaciones sociales, priorizando el bien común, y la responsabilidad de llevar adelante una política habitacional que responda a las necesidades de familias de bajos ingresos y de los tramos inferiores de ingresos medios. En este período, el desafío central ha sido el Plan de Emergencia Habitacional, donde los privados participan activamente en proyectos de interés público.
Sin perder ese norte, el Gobierno ha mantenido un diálogo constante con el sector, logrando resultados concretos: cambios legales para agilizar organismos públicos, el Fogaes, el subsidio a la tasa de interés para viviendas de hasta UF 4.000 y la prórroga de miles de permisos de edificación.
Avanzamos superando viejas dicotomías. Ni la “estadolatría” que excluye al privado, ni un Estado capturado por intereses particulares son la respuesta para abordar la emergencia habitacional y construir mejores ciudades para las personas.
Carlos Montes
Ministro de Vivienda y Urbanismo
