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Alto contraste
En junio de 2025, la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregó recomendaciones que cambiarán drásticamente nuestra lectura de la realidad social: la tasa de pobreza monetaria saltaría del 6,5% actual a un 22,3% bajo la nueva metodología sugerida. En octubre, el Ministerio de Desarrollo Social confirmó qué sugerencias acogería y anunció que los indicadores y la base de datos de la encuesta de hogares Casen 2024 se entregarían este mes de enero, que ya llegó.
La entrega oportuna de estos datos es crítica. Haberlos postergado hasta después de la discusión presupuestaria fue una oportunidad perdida para planificar con base en la realidad.
“La entrega oportuna de los datos que proporciona la encuesta Casen es crítica. Haberlos postergado hasta después de la discusión presupuestaria fue una oportunidad perdida para planificar con base en la realidad”.
Si bien el aumento en las cifras responderá a una medición más estricta, es crucial también observar la tendencia, para responder si la pobreza ha cambiado en el tiempo. Para ello, es vital que el Ejecutivo entregue el “empalme”: las cifras oficiales de, al menos, las encuestas de hogares Casen 2022 y 2024 bajo ambos criterios (metodología antigua vs. actualizada), permitiendo una comparación correcta. Sin este ejercicio, se hace imposible la distinción entre el efecto estructural del cambio de métrica y la evolución real de las condiciones de vida de los hogares.
Análisis en distintos países de la región dan cuenta de que el empleo es el motor principal para salir de la pobreza, asociándose a entre un 60% y 90% de dichas transiciones.
En nuestro contexto de bajo espacio fiscal, la dinamización del mercado laboral y el crecimiento económico son condiciones necesarias, tanto para aumentar el ingreso per cápita de los hogares como para fortalecer la base tributaria que financia programas sociales.
Sin embargo, el diseño de la política social debe reconocer las barreras al trabajo de grupos específicos. En hogares con alta tasa de dependencia —adultos mayores o cuidadores de personas dependientes—, la posibilidad de salir de la pobreza a través del trabajo es baja. Para estos segmentos, la estrategia debe considerar dos tipos de intervenciones.
Por un lado, generar condiciones para aumentar la posibilidad de trabajo, por ejemplo con políticas de cuidado. Al mismo tiempo, fortalecer una política social de apoyo directo para quienes el empleo no es una posibilidad.
Las necesidades de los hogares, sean transitorias o permanentes, exigen una respuesta fiscal sólida. El financiamiento de esto requiere, a su vez, un gasto fiscal sostenible, el que depende del crecimiento y de un manejo fiscal cuidadoso.
Ante este escenario, las definiciones de disminución del gasto señaladas en la campaña presidencial deben enfrentar el nuevo escenario de vulnerabilidad que revelarán los datos.
