Seguridad para el desarrollo

Leonardo Hernández

“Seguridad como desarrollo” es el título que eligió el ex presidente de Colombia, Iván Duque, para su presentación en ENADE 2024. Lo hizo inspirado en el libro de Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1998, “Development as Freedom” (Oxford University Press, 1999).

¿Por qué ese título? Porque sin seguridad no puede haber democracia, libertad de expresión ni desarrollo económico. Porque un prerrequisito para alcanzar un desarrollo económico sostenido en el tiempo es la existencia de instituciones sólidas y permanentes, reglas del juego estables y un Estado de derecho. Si las organizaciones criminales y terroristas logran quebrantar la ley e imponerse por la fuerza, terminan sembrando el miedo, silenciando a los medios de prensa, imposibilitando o corrompiendo la administración de justicia y el buen ejercicio de la democracia y, finalmente, paralizando el país. Como resultado de todo lo anterior se ahuyenta la inversión y se detiene el desarrollo.

“Si las organizaciones criminales logran quebrantar el Estado de Derecho e imponerse por la fuerza, terminan sembrando el miedo, silenciando a la prensa, imposibilitando o corrompiendo la justicia y la democracia y, finalmente, paralizando el país”.

Según Duque, el aumento de los robos con violencia e intimidación, los secuestros, extorsiones y homicidios –como ocurrió en Colombia en años previos– son síntoma del rápido avance del crimen organizado en Chile, que si no se detiene ahora terminará paralizando al país. Similar advertencia hizo en ENADE la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien enfatizó el grado de sofisticación creciente de estas bandas transnacionales, las que se han movido desde el norte hacia el sur de Chile y Argentina.

Todo lo anterior explica por qué la delincuencia y las drogas son en la actualidad la principal preocupación de los chilenos, según distintas encuestas de opinión, y explica también por qué algunos alcaldes, viéndose superados por la delincuencia, están pidiendo “contar con el apoyo de presencia militar” en sus comunas (Tomás Vodanovic), mientras un diputado pidió que los carabineros “salgan a la calle a disparar y a matar si es necesario” (Raúl Soto).

En este escenario las autoridades políticas no han estado de brazos cruzados. Aunque entre 2013 y 2022 fue el sector privado el que más aumentó el gasto en seguridad –según un estudio reciente de CLAPES UC éste subió de 0,2% a 0,9% del PIB, mientras el gasto público disminuyó marginalmente de 0,8% a 0,7%–, en 2023 y 2024 el presupuesto en seguridad creció un 4,4% y un 5,8%, respectivamente (en 2022 había crecido sólo un 0,7% y el último año en que hubo un aumento importante fue 2016), según nos informó en ENADE 2024 la ministra del interior y seguridad pública Carolina Tohá.

A mitad de su mandato, el actual gobierno ha despachado 52 proyectos de ley (PL), el mayor número desde la vuelta a la democracia (el segundo más alto ocurrió en el período de Ricardo Lagos, cuando se despacharon 40 PL). Y los traspasos a municipios de recursos para seguridad se han más que duplicado entre 2021 y 2023, pasando de $12,5 a $29,0 mil millones, mientras se avanza en programas como Calles Sin Violencia o la inhibición de la señal de celulares en los recintos penales, entre otros.

La pregunta, sin embargo, es si todo esto es suficiente. Es cierto que los homicidios por cada 100 mil habitantes bajaron de 6,7 en 2022 a 6,3 en 2023 (fueron 4,6 en 2021), pero no sabemos si este quiebre de tendencia se mantendrá en el tiempo, según han expresado las máximas autoridades del ministerio del interior. Sin embargo, las muertes a manos de criminales y terroristas de cinco carabineros en abril y otros actos criminales recientes, sugieren que necesitamos de acciones más drásticas y rápidas.

Quizás debiésemos escuchar el llamado de alcaldes y diputados. Demorarnos demasiado en actuar puede resultarnos muy caro en el mediano plazo.