No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague
SERGIO LEHMANN Economista jefe de BCI
Se requiere un ajuste del gasto público para cumplir con los compromisos de convergencia del déficit fiscal hacia un equilibrio y evitar superar el umbral del 45% del PIB que se ha definido para la deuda pública. Así de claro. Esto fue un tema de debate durante la campaña presidencial reciente, aunque el foco estuvo puesto en la magnitud del ajuste, más que en la exigencia de avanzar en esa dirección. Del lado del Gobierno, ciertamente esa preocupación no aparece, siendo la propuesta “Ley de amarre” un reflejo de ello. Pareciera que la mirada de largo plazo, clave para dar un impulso a la economía, aún es ajena en algunos políticos.
El Presupuesto fiscal de 2026 establece como objetivo un déficit estructural de 1,1% del PIB, calculado sobre la base de ingresos estructurales. Estos se computan usando el precio de largo plazo del cobre y el crecimiento tendencial de la economía, obtenido de las estimaciones del comité de expertos, convocado por el Ministerio de Hacienda. Todo apunta, sin embargo, a que dicho déficit estará más cercano a 2% del PIB, lo que sugiere, a todas luces, una sobreestimación de los ingresos fiscales estructurales. De ahí la necesidad de un ajuste fiscal acorde con los parámetros de largo plazo actualmente definidos. De acuerdo con Bci Estudios, el monto requerido para asegurar la convergencia a un equilibrio fiscal al 2029 sería del orden de US$ 3.500 millones, que podría aplicarse en dos años. Esto tendría un impacto negativo cercano a 0,4% y 0,6% en el crecimiento de 2026 y 2027, respectivamente.
El ajuste para “asegurar la convergencia a un equilibrio fiscal al 2029 sería del orden de US$ 3.500 millones, que podría aplicarse en dos años, con un impacto negativo de 0,4% y 0,6% en el PIB de 2026 y 2027, respectivamente”.
Sin perjuicio de lo anterior, la economía chilena tiene la fortuna de estar entrando a 2026 con viento de cola. La inflación está bajo control, mientras el precio del cobre bate récords históricos. Si bien esto no tendrá impactos sobre el balance estructural de 2026, sí podría tenerlo hacia los próximos años. La evidencia respecto a los parámetros estructurales muestra que el comité de expertos se ve influenciado por el precio spot, reconociendo que los modelos fundamentales no han probado ser suficientemente robustos. Por tanto, es altamente posible que de mantenerse el precio del cobre sobre US$ 5 la libra, su valor de largo plazo se revise al alza desde US$/lb 4,38, con miras al presupuesto 2027. Un precio estructural de US$/lb 4,7 exigiría un ajuste menor, en torno a US$ 2.000 millones, mientras que si se ubica en US$/lb 5, lo que hoy no suena improbable, requeriría de un ajuste en el gasto público más cercano a US$ 1.000 millones. Sin desconocer este escenario, es esencial mantener la cautela, considerando la necesidad de volver a acumular recursos en el fondo soberano de estabilización económica, casi completamente agotado durante la pandemia. Esto es central para reconstituir una suerte de colchón, que nos permita enfrentar un próximo shock económico. Así lo ha hecho saber el FMI, dando cuenta de desafíos equivalentes para la mayor parte de las economías del mundo. Los riesgos globales son elevados, ante la posibilidad de ajustes abruptos en los precios de activos en EEUU, con impactos en la dinámica global, nuevas tensiones por la guerra comercial o una geopolítica compleja. Ello nos obliga a estar bien preparados para un próximo golpe que, tal como la evidencia histórica sugiere, en algún momento llegará a la puerta, aunque no sepamos todavía cuándo ni cómo.
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