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Alto contrasteDespilfarro de recursos en el Estado
En su último informe, la Contraloría General de la República (CGR) reveló irregularidades financieras en más de 700 organismos del Estado -incluyendo a Gobiernos Regionales, Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Carabineros, municipios y universidades- por más de US$ 1.600 millones, una cifra que se acerca al 0,5% del PIB nacional. El informe de más de 200 páginas da cuenta de incumplimientos contables y presupuestarios, falencias en contratos, deficiencias en la rendición de cuentas, en el manejo de fondos fiscales y en los procesos de adquisiciones, además de gastos improcedentes o sin respaldo, entre otros muchos hallazgos. Estos resultados refuerzan la necesidad urgente de impulsar reformas que mejoren la gestión y la eficiencia del gasto público.
Tras la divulgación de la auditoría, que abarcó el período comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, tanto la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, como el titular de Hacienda, Mario Marcel, instaron a no politizar las conclusiones de la CGR ni promover “motosierras” y otras acciones para reducir el tamaño del Estado. En este contexto, Marcel hizo hincapié en que el control externo de la gestión pública es parte de la institucionalidad vigente, por lo que el tema no debería interpretarse como un asunto “político”. El jefe de la billetera fiscal llamó a considerar no solo las observaciones de la Contraloría, sino también las acciones adoptadas por el Ejecutivo para subsanar irregularidades.
Sin bien las observaciones del ministro son atendibles, también lo es que las millonarias irregularidades finanuercieras identificadas constituyen un uso negligente y un despilfarro de recursos públicos, financiados por los contribuyentes, quienes aportan al Estado con el legítimo anhelo de que sus impuestos se administren con responsabilidad y eficiencia. Esa expectativa es, en sí, un asunto de carácter político.
La democracia consiste, precisamente, en delegar el poder a autoridades y coaliciones para que gestionen los recursos con probidad y eficiencia. En este sentido, cobra relevancia que en la campaña electoral en ciernes se aborde de manera sustantiva este aspecto de la gestión administrativa del Estado, de modo que la ciudadanía pueda aquilatar qué propuestas programáticas ofrecen mejores garantías de responsabilidad y eficiencia institucional.
Se queja el oficialismo que detrás de estas demandas hay una intención solapada de reducir el tamaño del Estado, pero no hay ambigüedad alguna en exigir un Estado más eficaz. Por el contrario, los episodios conocidos hasta ahora en reparticiones como la Junaeb, la Suseso, las licencias fraudulentas para viajar al extranjero y, ahora, este desorden administrativo revelado por la CGR, evidencian la urgente necesidad de reformar el aparato público para detener la dilapidación de recursos. No es motosierra, sino racionalidad.
