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Alto contrasteImpacto fiscal del uso fraudulento de licencias
Tras el hallazgo de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó que entre enero de 2023 y marzo de 2024, 25.078 funcionarios públicos utilizaron licencias médicas para viajar fuera del país, el caso ha adquirido complejas implicancias, no solo administrativas y judiciales, sino también en el ámbito de las finanzas públicas. Solo en 2023, el gasto del Estado en subsidios por incapacidad laboral superó los $ 2,8 billones, equivalente al 0,8% del PIB, con un crecimiento real del 7% anual en la última década. De ese monto, más del 60% fue destinado a trabajadores del sector público.
A este cuadro se suma un dato igualmente revelador: el 5% de los médicos que emiten licencias concentra más del 50% del total entregado, de acuerdo con cifras del Compin y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). En este contexto, las mutuales y cajas de compensación declaran tener márgenes acotados para fiscalizar, incluso en casos de evidente simulación. La asincronía entre facultades administrativas y los tiempos de la justicia laboral agrava el problema.
El impacto económico va más allá del costo directo. En sectores como salud, educación y justicia, las licencias extensas y reiteradas alteran la continuidad operacional y encarecen la provisión de servicios. A esto se suman los sobrecostos por reemplazos, bajas tasas de reincorporación efectiva y una creciente judicialización de los procesos de despido. La Dirección de Presupuestos ha confirmado que más de 1.000 funcionarios han sido desvinculados por mal uso de licencias recientemente, pero el procedimiento sancionatorio sigue siendo lento y costoso para el Estado.
En este escenario, más allá de la posible conformación de mesas técnicas y de los sumarios ya en marcha -que muy probablemente se extenderán por meses-, lo que se requiere es una política de control robusta y con facultades reales. Entre las medidas urgentes se encuentra el cruce automatizado de datos entre el Servicio de Impuestos Internos, la Policía de Investigaciones, Fonasa, isapres y Compin; la inhabilitación de profesionales reincidentes en emisión de licencias injustificadas; y la incorporación de un sistema de scoring que evalúe el riesgo de fraude o abuso de licencias médicas basado en inteligencia artificial, como el que ya existe en países OCDE.
En un contexto de estrechez fiscal estructural, mantener un sistema de licencias sin control representa un incentivo perverso a la informalidad interna y un drenaje de recursos públicos. La integridad y eficiencia del aparato estatal requieren una reforma integral en la gestión del ausentismo, anclada en datos, trazabilidad y consecuencias reales. Postergar esta discusión solo profundizará un problema cuya dimensión ya desborda lo administrativo.
