Los efectos de los temporales que afectaron a distintas regiones del país durante julio y agosto llevaron al gobierno a adoptar una medida para aliviar la situación financiera de la pequeña minería. El Ejecutivo instruyó a la Tesorería General de la República (TGR) avanzar en la suspensión de los remates de concesiones mineras por el no pago de patentes correspondientes a 2026, con el objetivo de evitar que productores afectados por las lluvias pierdan sus pertenencias mientras intentan recuperar sus operaciones.
La decisión estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y está dirigida a pequeños mineros y mineros artesanales de territorios declarados como zonas afectadas por catástrofe, entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.
En concreto, la disposición faculta a la Tesorería a solicitar ante los tribunales de justicia la suspensión de los procedimientos de remate, tanto de aquellos que ya se encuentran decretados como de los que puedan iniciarse durante este período. La medida comprende concesiones de exploración y explotación cuyos titulares hayan enfrentado dificultades económicas y operacionales producto de las emergencias meteorológicas.
Los temporales provocaron problemas de conectividad, daños en infraestructura y dificultades para mantener la continuidad de las faenas, especialmente entre los pequeños productores que dependen de caminos y accesos para transportar minerales, equipos e insumos.
El biministro de Economía y Minería Daniel Mas, explicó que el objetivo es entregar mayor margen a quienes mantienen obligaciones pendientes. “Con la suspensión de los remates estamos contribuyendo a dar un alivio a pequeños mineros y mineros artesanales que han enfrentado dificultades para regularizar sus obligaciones”.
Impacto en la pequeña minería regional
En la Región de Coquimbo, las precipitaciones afectaron caminos de acceso y la conectividad de distintas operaciones mineras, lo que complicó el traslado de trabajadores, maquinaria y suministros necesarios para mantener la actividad productiva.
El gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), Ignacio Pinto, valoró la decisión del Ejecutivo, considerando las dificultades que han enfrentado las operaciones durante los últimos meses. “Es un alivio en medio de un momento complejo para la industria. La minería ha sido uno de los sectores que más se ha visto afectado con las lluvias, porque se desarrolla precisamente en sectores donde el clima golpeó con más fuerza”, señaló.
A los problemas de conectividad se sumaron anegamientos y daños en infraestructura crítica, que han obligado a distintas faenas a destinar recursos a la recuperación de sus instalaciones. En ese escenario, la suspensión de los remates busca dar mayor margen financiero a los productores para priorizar la continuidad operacional y las condiciones de seguridad.
Hasta febrero de 2027
La suspensión anunciada por el gobierno tiene carácter excepcional y no implica la eliminación de las deudas por patentes mineras. Los productores deberán regularizar sus obligaciones pendientes, aunque contarán con un período adicional antes de enfrentar eventuales procedimientos de remate.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó el alcance de la disposición y descartó que se trate de una modificación permanente del sistema. “Se trata de una medida excepcional y transitoria. No estamos estableciendo un régimen permanente de condonación”.
En paralelo, el Congreso tramita un proyecto de ley sobre patentes mineras que contempla postergar hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las obligaciones correspondientes a 2026, con aplicación en todo el territorio nacional. A diferencia de la suspensión anunciada para las zonas afectadas por los temporales, la iniciativa legislativa busca ampliar el plazo de pago a nivel nacional y aplazar los remates asociados a estas obligaciones.
Por ahora, la Tesorería General de la República deberá gestionar ante los tribunales las solicitudes de suspensión correspondientes a las concesiones que cumplan con las condiciones establecidas, mientras continúa la tramitación del proyecto de ley en el Congreso.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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