La tensión en el sector pesquero sigue escalando. Aunque todas las empresas están a la espera de lo que suceda en el Congreso la última semana de mayo, las principales firmas ya comenzaron a mover sus piezas legales para enfrentar el golpe que significará la entrada en vigencia de la ley de fraccionamiento.
Todo se agudizó cuando el subsecretario de Pesca, Julio Salas, erró en las cifras de captación de merluza común durante su exposición ante el Congreso, en un intento por justificar el traspaso de cuotas desde los industriales hacia los artesanales.
Un error que dejó mal parado al Ejecutivo y que denunció PacificBlu, tras lo cual la empresa no dudó en declarar públicamente que tendría que cerrar operaciones si se aprueban los nuevos límites de 52% a la pesca artesanal y el 48% sector industrial –que antes correspondía al 40% y 60% respectivamente–.
El subsecretario, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, se vieron forzados a comparecer ante el Poder Legislativo el pasado martes, en una acalorada jornada donde se discutió el futuro de la merluza común. Finalmente la votación se postergó para la próxima semana – en principio el 27 de mayo, según se planteó en la comisión mixta—, separando la merluza del resto de las pesquerías.
Esto luego de una movida que realizó el presidente de la comisión, el senador Fidel Espinoza (PS), para que se vote por separado y no se caiga el proyecto completo a causa de la polémica.
Impacto en la industria
Pero, la controversia no se limita a la merluza. La ley ya aprobada apunta directamente a 21 de las 22 pesquerías vigentes, incluyendo sardina común y anchoveta, reineta, entre otros.
El principal problema que las pesqueras ven en esta nueva ley es que “cambia las reglas del juego antes del plazo originalmente establecido, que era 2032”, acusó el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval. Aunque ahora se extiende hasta 2040, no hay ninguna garantía de que no vuelva a modificarse antes de esa fecha, sostiene la cabeza del gremio.
Por otra parte, “esta ley será de muy difícil implementación debido a sus múltiples imprecisiones y a la ampliación de las facultades discrecionales del Subsecretario de Pesca para distribuir la cuota artesanal”, agregó Sandoval.
De acuerdo con un estudio del exsubsecretario de Pesca, Andrés Couve, la industria perdería un total de US$ 410 millones entre 2025 y 2032, lo que equivale a un 22,5% del valor actual de las Licencias Transables de Pesca (LTP).
Además acusa que "se hizo sin un informe técnico del Gobierno que cuantificara adecuadamente las consecuencias laborales, lo que resulta especialmente grave en el actual contexto económico", apuntó Sandoval. Además, "hay aspectos de la norma que se sobreponen a criterios científicos, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad del recurso marino", agregó.
El golpe es tan severo que otras empresas del rubro han comenzado a alzar la voz. Y no solo eso. Ya han conformado equipos legales para enfrentar, con toda su artillería, lo que consideran incluso una expropiación encubierta.
Comienzan las ofensivas legales
Si bien las acciones legales se vienen anunciando hace varios días, luego de la sesión del martes estas estarían más cerca. Porque toda acción legal se podrá presentar una vez que la ley sea promulgada.
Camanchaca, una de las principales compañías pesqueras del país y centrada en el jurel, fue de las primeras en reaccionar. A finales de abril contrató al abogado Jorge Bofill, socio de Bofill, Escobar, Silva Abogados, para diseñar una estrategia legal que apunte a obtener indemnizaciones por los perjuicios que, aseguran, provocará la ley al vulnerar derechos adquiridos.
En sus estados financieros, Camanchaca valora sus Licencias Transables de Pesca (LTP) enUS$38,5 millones. Del total de su EBITDA 2023, que ascendió a US$ 106 millones, más de la mitad —US$ 56 millones— provino de su negocio extractivo.
Landes, pesquera ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner, también ha optado por la vía judicial. La semana pasada presentó ante el 26º Juzgado Civil de Santiago una solicitud para que el Estado exhiba documentos clave que sustentan la tramitación de la nueva ley. La acción está siendo tramitada por David Cademartori Gamboa, abogado socio del estudio Barros & Errázuriz, quien acompaña a la empresa en esta ofensiva.
El objetivo es claro: que se transparenten los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a calificar la actual legislación como “ilegítima o ilegal”, abriendo así paso al nuevo proyecto. Si se comprueba que el proceso careció de sustento técnico, financiero o jurídico, Landes interpondrá una demanda de nulidad y una acción indemnizatoria contra el Estado.
Blumar, que es la matriz de PacificBlu, también anunció que recurrirá a la justicia. “Estamos frente a una vulneración de derechos adquiridos. Como empresa, tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros accionistas, incluyendo fondos de AFP y de inversión”, afirmó su gerente general, Gerardo Balbontín, a fines de mayo.
Según la compañía, si el proyecto se aprueba tal como está, se verán afectados directamente más de 6.500 empleos en la región del Biobío, donde se concentra el 17% del empleo de la pesca industrial. Blumar ya suspendió la construcción de una nueva planta en Coronel, congelando la creación de 450 nuevos puestos de trabajo.
Finalmente, la firma de capitales noruegos Foodcorp, ha explicitado que evalúa ir directamente a tribunales internacionales.
Una empresa que ha optado por mantenerse al margen es Corpesca, del grupo Angelini. Históricamente protagonista de la polémica Ley Longueira —asociada a pagos a parlamentarios para influir en la asignación de cuotas—, hoy la compañía enfrenta su propia crisis. Ha perdido permisos, reducido drásticamente su personal y flota, y ha optado por el silencio en medio de esta tormenta legislativa.
"Desde lo legal cada empresa deberá evaluar los efectos en sus derechos adquiridos que le significa esta ley y según eso tomar las decisiones respectivas", concluyó Sandoval.
Finalmente, el viernes, PacificBlu denunció una campaña de hostigamiento legislativo y mediático liderado por el diputado Jorge Brito (FA), acusándolo de que su actividad legislativa ha buscado reiteradamente destruir su operación (ver nota página 26).
Recaudación
Otro punto relevante que todavía no se resuelve es cómo el Estado va a recuperar la recaudación que obtenía de los industriales. En palabras de Grau ante la comisión, el impacto fiscal será significativo: el Estado dejará de percibir $ 26.000 millones en 2026, $ 30.334 millones en 2027 y $ 34.473 millones en 2028.
Durante la sesión, los representantes del Ejecutivo presentaron una propuesta para compensar la merma en recaudación fiscal. Esta consiste en recaudar por sobre los $ 20.000 millones a través de una patente especial. Esta propuesta también quedará pendiente hasta la próxima sesión.
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