La delincuencia no sólo tiene un costo para la seguridad, sino también es una barrera significativa para el progreso económico. Desde la inversión extranjera y hasta la calidad de vida.
Un nuevo estudio de Clapes UC que se presentará y publicará el martes de la próxima semana titulado "Costo del crimen en Chile y Latinoamérica: 1999-2023" se hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto nos cuesta o nos ha costado, en crecimiento o menor nivel del PIB, el aumento de la delincuencia e inseguridad en el país?
El balance de la seguridad
La respuesta es preocupante. Según el análisis, el alza en la tasa de homicidios entre 2016 y 2022 ha generado una pérdida económica anual equivalente al 2,59% del PIB, es decir, un promedio de US$ 8.222 millones por año, o US$ 432 per cápita.
En ese escenario, la delincuencia podría representar en 2025 un costo del 9,83% del presupuesto fiscal, lo que equivale a casi el doble del financiamiento destinado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“Producto de la delincuencia, el país crece menos y pierde actividad económica”, afirmó a Señal DF el director alterno de Clapes UC y profesor de la Escuela de Administración UC, Leonardo Hernández, quien realizó el estudio junto a la investigadora Antonia Cabrera.
El análisis considera los efectos indirectos de la criminalidad, como el desincentivo a la inversión o el aumento de los costos operativos debido a mayores exigencias de seguridad, lo que impacta negativamente en el crecimiento económico.
Ejemplos de ello son el cierre anticipado o definitivo de restaurantes y bares en horarios considerados peligrosos, la desaparición de servicios en zonas afectadas por el crimen —como taxis en áreas riesgosas— o la suspensión de eventos deportivos.
Este trabajo complementa un estudio anterior publicado por Clapes UC en 2023, el cual calculó el costo directo de la delincuencia, estimando que en 2022 el país gastó un 2,1% del PIB en prevención, control y consecuencias del delito, lo que equivale a US$ 6.500 millones.
En el estudio anterior los costos asociados a la delincuencia se dividieron en tres. Los costos de anticipación son aquellos recursos que se destinan a prevenir (evitar o disuadir) los actos delictivos y en los que se incurre antes de que los actos delictivos ocurran. Estos incluyen servicios de vigilancia (guardias y circuitos cerrados de televisión), alarmas, protecciones, servicios de transporte de valores y entre otros.
En los de consecuencia, se consideran todos aquellos que se producen como fruto de los actos delictivos, e incluyen gastos médicos de las víctimas de delitos por lesiones, tratamientos a las víctimas de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, gastos de compañías de seguros por robo de vehículos, pérdidas de vidas humanas y pérdida de ingreso laboral de las personas privadas de libertad, entre otros.
Por último, costos de respuesta corresponde a gastos que se producen como respuesta a la delincuencia y son básicamente gastos en que incurre el sector público y que están asociados a servicios que buscan identificar, perseguir y castigar a los delincuentes. Entre estos están las policías (Carabineros y PDI), gendarmería, mantención y construcción de recintos penitenciarios, poder judicial y algunos servicios dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia, entre otros.
“Una estimación conservadora del verdadero costo en bienestar social si se proyecta a 2025”, señala el informe, que anticipa un gasto de US$ 7.000 millones si se mantiene ese porcentaje este año.
Sin embargo, advierten los autores, “el efecto social y económico directo estimado mediante un enfoque contable representa solo una cota inferior del verdadero impacto. Por ello, es fundamental complementarlo con un análisis que mida el efecto de la delincuencia sobre el PIB”.
Un quiebre estructural
El estudio que se publicará evalúa el impacto económico del crimen medido a través de la tasa de homicidios sobre el PIB per cápita. Esta variable fue escogida por su mayor confiabilidad y comparabilidad internacional frente a otros delitos.
En los datos de Chile, el punto de inflexión se identificó en 2015. Hasta ese año, la tendencia de homicidios era a la baja: entre 2003 y 2015, el país registró un promedio de 3,22 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un mínimo de 2,32 en 2015 (ver gráficos).
A partir de 2016, sin embargo, la tasa comenzó a subir, alcanzando un máximo de 6,76 en 2022 y un promedio de 4,45 para ese período.
Esto representa un aumento del 51,6% y 191%, respectivamente, "y revela una tendencia al alza que podría agravar aún más los efectos económicos si no se toman medidas eficaces", dicen los autores.
“El aumento de la delincuencia desde 2015 ha tenido un efecto macroeconómico significativo”, apuntó Hernández.
Aunque en el último año la curva de homicidios se ha estabilizado —como destacó el Presidente en su reciente cuenta pública—, Hernández matiza: “Es cierto que se quebró la tendencia y la tasa dejó de subir. Pero, para nuestros cálculos, ese cambio es marginal frente al impacto acumulado de los últimos diez años”.
Una amenaza compartida
Chile se ha mantenido con la tasa de homicidios más baja de la región durante el período analizado, siempre por debajo de los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media regional que en muchos casos supera los 20.
En contraste, El Salvador logró la mayor reducción sostenida del número de homicidios entre 1999 y 2022 , con una caída de 57,1 por cada 100 mil habitantes (de 65 a 7,9), equivalente a una disminución promedio de -2,38 homicidios por año. Le siguen Colombia (-1,58) y Paraguay (-0,54).
Por el contrario, Ecuador registró un aumento de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes entre 1999 y 2023, y Haití un alza de 36 entre 2007 y 2023. Ambos países exhiben los mayores aumentos promedio anuales, con tasas de 1,3 y 2,11 homicidios respectivamente, reflejando un deterioro sostenido.
El estudio confirma que existe una compensación negativa entre la tasa de homicidios y el ingreso per cápita: en simple, los países más inseguros tienden a ser más pobres. Además, muestra que el impacto económico del crimen es mayor en países con niveles moderados de violencia, como en Chile. En cambio, en países donde la violencia ha sido crónicamente alta, la economía tiende a adaptarse, por lo que el efecto de un homicidio adicional sobre el PIB es menor.
Costa Rica, Panamá y Uruguay, con un promedio de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes en las últimas décadas, podrían incrementar su PIB per cápita hasta en un 10% si redujeran sus niveles de criminalidad al promedio global (excluyendo América Latina) de 6,56 homicidios. Esto significaría ganancias económicas que, para 2022, podrían alcanzar hasta US$ 7.000 millones.
Otro hallazgo relevante es que el impacto económico negativo del crimen es mayor en países con niveles de violencia moderada, como Chile. En cambio, en naciones con tasas crónicamente altas, la economía tiende a adaptarse, amortiguando el efecto marginal de nuevos homicidios.
Utilizando datos internacionales, el estudio estima que en países con tasas moderadas de homicidios, como Chile, un aumento de un homicidio por cada 100 mil habitantes reduce el PIB per cápita y total en un 1,57% anual.
En América Latina países con tasas de homicidios mayores a Chile como Perú, también podría experimentar mejoras económicas significativas si redujeran su tasa de criminalidad, por ejemplo, igualándolas al promedio mundial (excluyendo la región latinoamericana). Es por esto que en este análisis se destaca la importancia de implementar políticas públicas dirigidas a reducir la violencia.
Conclusiones
Desde 2015, Chile ha vivido un fuerte aumento en la delincuencia, marcado por la aparición de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua y Los Trinitarios. Esta ola delictiva ha disparado la sensación de inseguridad, con más del 80% de la población creyendo que la delincuencia ha aumentado cada año. El impacto no solo se refleja en cambios de conducta y más gasto en seguridad, sino también en un efecto directo sobre la economía.
Sin ir más lejos, la última Encuesta Bicentenario UC 2024 reveló que el 72% de los chilenos considera muy alta la violencia en el país, mientras que la ENUSC 2023 mostró que el 87,6% percibe un aumento de la delincuencia en el último año.
Ahora bien, lo más preocupante para los autores es que este estudio ni siquiera incluye los efectos del miedo, la pérdida de calidad de vida ni el deterioro del tejido social. La delincuencia no solo golpea la seguridad, sino que también le pone un freno al crecimiento del país, lo que para el estudio de Clapes UC, la convierte en una necesidad económica urgente. 
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