“Volver a crecer a ritmos elevados no es una misión imposible. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien”. Así de categórica fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, en la presentación de “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, una serie de 50 propuestas -elaboradas en un trabajo conjunto de 80 empresarios, expertos y exautoridades-, que apuntan a fomentar el desarrollo económico del país.
Un ambicioso paquete de propuestas que tienen como horizonte lograr que Chile crezca al 4% anual.
“¿Qué ocurriría si creciéramos al 4% anual los próximos 10 años? Pasaríamos de un ingreso per cápita (a paridad de poder de compra) de US$ 33 mil a casi US$ 48 mil. Eso es equivalente al PIB per cápita que ha alcanzado Portugal, considerado un país desarrollado, con todo lo que eso implica en bienestar para las personas”, destaca el documento de la CPC en el que se consolidaron las propuestas.
50 propuestas que, en opinión de la multigremial, permitirán impulsar la inversión y el crecimiento económico, y que están agrupadas en seis ejes: desarrollo de Infraestructura, competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal, profundización del mercado de capitales, más y mejor empleo, un Estado que acompaña, y seguridad y Estado de derecho.
Propuestas que la CPC busca socializar con los candidatos presidenciales, con el fin de que lo consideren en sus programas de gobierno y, en el mediano plazo, se concrete en políticas públicas pro crecimiento.
Desarrollo de infraestructura
En este ítem, se proponen ocho medidas, siendo tres las que tienen especial relevancia: acelerar la ejecución anual de proyectos ya adjudicados; priorizar, ejecutar y actualizar anualmente un plan de concesiones por US $ 30.000 millones; y más estabilidad regulatoria para el proceso de obtención de permisos de proyectos de inversión que se presentan en los primeros dos años.
El documento plantea que se trata de medidas que se pueden implementar vía “gestión”, dentro de los primeros tres meses del próximo gobierno.
Sobre la aceleración a proyectos ya adjudicados, el informe destaca que actualmente existe una cartera de cerca de US$ 9.000 millones en proyectos con una lenta ejecución anual. “La propuesta considera triplicar la velocidad de ejecución, pasando de 500 millones de dólares promedio anuales a US$1.500 millones al año, mediante la creación de un fast track de ejecución que refuerce la capacidad de revisión del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Presupuesto y la Contraloría.
En este eje, además, se plantea traspasar a las empresas la responsabilidad de la fiscalización de ejecución de proyectos de alta complejidad. ¿La razón tras esto? Actualmente, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo permite que empresas externas puedan realizar asesorías en la fiscalización, pero no que tomen responsabilidad sobre ellas, lo que no permite aprovechar de mejor manera sus capacidades técnicas.
“Dicha responsabilidad recae en los fiscalizadores públicos, que no cuentan con todas las especializaciones que les permitan hacer más eficiente el sistema. Las empresas externas deben contar con amplia experiencia y capacidad técnica demostrada, y estar inscritas en registros especializados. La Inspección Fiscal, a su vez, debe reforzar su rol de supervisión, asegurando que los proyectos se desarrollen con estricto cumplimiento de los plazos y presupuestos, resguardando el interés público”, se recomienda.
Competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal
Acá también se proponen 8 medidas, siendo las principales las que dicen relación con: avanzar hacia una mayor competitividad del sistema tributario, reduciendo el impuesto de primera categoría al 23%, reintegrando el sistema y limitando la tasa máxima efectiva al capital; y establecer para las mipymes un régimen de pago de iva contra pago efectivo de la factura.
Temas que, a juicio de la CPC, se deben impulsar en los primeros tres meses del próximo gobierno, a través de proyectos de ley.
La propuesta de reducción del Impuesto de Primera Categoría de la CPC a un 23% es ambiciosa, que ya se apunta a llegar a dicha cifra en una primera etapa, para luego disminuir al 19%, gradualmente y asociado a mejoras en crecimiento económico.
Para compensar la primera etapa de rebaja de dicho tributo, se contempla la creación transitoria de un Impuesto a la Primera Repartición de Dividendo (IPDD) con tasa de 7%, aplicable cuando el destino del dividendo es una sociedad holding o sociedad matriz, el que debe ser reconocido en un 100% como crédito al impuesto final por el inversionista persona natural (nacional o extranjero)”, explica al documento, agregando que ello podría significar hasta un 0,6% del PIB de mayor inversión para la economía.
Para la segunda etapa de rebaja se propone eliminar gradualmente la subvención al impuesto específico al diésel de 1,5 UTM/m3, hasta llegar a 6 UTM/m3, consistente con la protección contra el cambio climático.
Profundización del mercado de capitales
Acá se proponen cinco propuestas, siendo dos las centrales: establecer un marco de inversiones moderno y flexible para los fondos generacionales -en el marco de la regulación a escribirse bajo la nueva Ley 21.735 de Reforma de Pensiones-, y cambios en la tasa máxima convencional (TMC).
En el primer tema, en detalle, se propone ampliar los límites de inversión de las AFP en activos ilíquidos, “dado su eventual mayor retorno, como los activos alternativos, deudas y capital privado, venture capital, entre otros”.
No es lo único, también se apunta a promover que las AFP puedan utilizar intermediarios que las incentiven a invertir en instrumentos financieros dirigidos a empresas ilíquidas, de menor tamaño.
“Reducir límites de inversión de las AFP, complementándolo con un modelo basado en riesgos. Esto permitiría que cada AFP elabore su propia cartera de referencia, evitando que ésta sea definida por un ente regulador, y, fomentando así, una mayor competencia en la industria”, es otra de las propuestas.
Más y mejor empleo
Las 80 personas que logró convocar la CPC vieron, al parecer, un amplio listado de medidas a implementar en materia laboral, ya que se plantearon 13 propuestas en este eje.
Pese a eso, hay dos propuestas centrales: avanzar en capacitación para optimizar el uso de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial; y permitir la extensión o modificación de las funciones pactadas en el contrato de trabajo.
Sobre este último punto, se plantea que se necesita “con urgencia” que, en el ejercicio de sus facultades de interpretación de la ley vigente, la Dirección del Trabajo reconozca la facultad de las partes de adaptar las funciones (tareas) pactadas en el contrato de trabajo. “Así los trabajadores podrán realizar labores que van más allá de lo originalmente pactado, ampliando la concepción de la naturaleza de su cargo, para permitir la multifuncionalidad”, dice el documento.
Un tema que debe ser abordado de forma normativa, en los primeros tres meses de gobierno.
Además, surgieron temas que actualmente ya están en discusión, como la necesidad de ampliar las oportunidades formales de trabajo para migrantes y destrabar la discusión legislativa sobre sala cuna, “para avanzar decididamente en la incorporación del talento femenino al mercado laboral”.
Tal como han planteado otros actores, el grupo de trabajo convocado por la CPC coincidió en la necesidad de modificar el sistema de indemnización por años de servicio, en las nuevas contrataciones.
Así, se propone implementar un esquema a todo evento, fortaleciendo al mismo tiempo el seguro de cesantía.
“Reemplazar las indemnizaciones por años de servicio por una cotización fija adicional de 1,8% por parte del empleador con un tope de 11 años, de manera que el trabajador cuente con un monto propio ahorrado, al que podrá acceder en caso de estar cesante”, es parte de la propuesta.
Un Estado que acompaña
Mejorar el desempeño y eficiencia del Estado es otra preocupación del grupo, por lo cual se plantearon 11 propuestas en este eje.
Así, como uno de los ejes centrales, se insistió en la necesidad de avanzar en un nuevo régimen de empleo público, que aplique a todo el ciclo laboral del funcionario, incluyendo su selección, evaluación, promoción y desvinculación, junto con transparentar la gestión ante la ciudadanía.
Respecto de la desvinculación, se recomienda adecuar el mecanismo de evaluación, de manera que se pueda dar término efectivo a la relación laboral en forma automática cuando el funcionario esté evaluado dos años seguidos en el 5% de desempeño más bajo de la institución.
“El nuevo estatuto será voluntario para los funcionarios de planta actuales y debiera aplicar en forma inmediata para las nuevas contrataciones y para las renovaciones que correspondan de las modalidades a contrata y honorarios. Distinguirá funcionarios de gobierno y de la administración pública, para garantizar estabilidad en las políticas públicas.
En esa línea, también se apunta a fortalecer la estructura orgánica del Servicio Civil, transformándolo en la división de recursos humanos del Estado.
En este eje también se plantea optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el SEIA, a través evaluaciones técnicas con criterios objetivos, reglas claras ante la judicialización y establecer un sistema de preanálisis temprano y voluntario, entre otros.
Seguridad y Estado de derecho
En el último eje, que dice relación con seguridad, se proponen cinco medidas.
Una de ellas, apunta a conseguir una mayor trazabilidad para el control de robos, lavado de dinero y prófugos, a través del uso de guías de despacho electrónicas, límite a las compras en efectivo e integración de las fuentes de información.
Según expone el documento, esto permite cerrar espacios de operación al crimen organizado, mejorar la eficiencia del sistema de justicia y fortalecer la seguridad pública. Una medida que se puede implementar vía normativa y con gestión, dentro de los primeros tres meses de un próximo gobierno.
Crear un sistema de monitoreo del cumplimiento de instituciones públicas asociadas a la seguridad y la justicia, es otra propuesta. Acá, en concreto, se busca establecer indicadores clave que permitan medir resultados de las distintas instituciones del Estado en mejoras concretas en seguridad y justicia, desde una unidad técnica independiente.
“Así, se podrá gestionar con evidencia, corrigiendo ineficiencias y fortaleciendo acciones efectivas en prevención, persecución penal y reinserción, además de tener accountability por parte de la ciudadanía.
“Nuestro aporte es desde el conocimiento en terreno de la actividad productiva, desde la humildad de saber que todos somos necesarios, y desde la colaboración, que es lo que hacemos todos los días en los gremios y en las empresas. Tenemos la esperanza que las propuestas caigan en tierra fértil por el bien de todos”, dijo Susana Jiménez.
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Carolina León
