Luego de 1.700 días de juicio, el Fisco de Chile fue condenado, en primer instancia, a pagarle $ 4.893 millones a la Constructora Salfa bajo la figura de indemnización de perjuicios, al declararse que incumplió el contrato de la obra pública denominada Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche-Pelluco.
“Es dable concluir que el MOP (Ministerio de Obras Públicas) entregó un proyecto deficiente e impreciso, que implicó la modificación de la obra o de la forma de ejecución”, dijo la jueza suplente del 24º Juzgado Civil de Santiago, Mónica Cortés, en su fallo dictado el pasado 30 de junio, en que acogió parcialmente la acción judicial de la constructora.
Esta obra -cuyo objetivo es continuar con la ampliación y las mejoras de una sección de 3,61 kilómetros de la Ruta 7 (conocida como la Carretera Austral), que se inicia en la ciudad de Puerto Montt- fue adjudicada a Salfa por el director General de Obras Públicas en noviembre de 2015, con un presupuesto original de $ 13.071 millones.
El litigio partió hace más de cuatro años y medio, cuando Salfa presentó el 3 de noviembre de 2020, una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra del Fisco, alegando que el mencionado proyecto presentaba deficiencias en los antecedentes técnicos, omisiones en planos, errores en las cotas de mareas, y cambios en las condiciones de trabajo, lo que -aseguró- generó mayores costos y demoras. Solicitó una indemnización de $ 6.665 millones (más IVA, reajustes, intereses y costas).
“Con su conducta infractora del contrato, el MOP alteró sustancialmente -y derechamente pulverizó- el equilibrio económico del contrato, y por tanto pretende enriquecerse ilícitamente a costa de Salfa, en cuanto impuso a nuestra representada incurrir en millonarios mayores costos y sufrir una serie de perjuicios que necesariamente deben ser indemnizados”, dijo la empresa en su demanda, añadiendo que “el MOP se ha enriquecido a consecuencia del empobrecimiento de Salfa, por cuanto se ha hecho de una obra por un precio muchísimo inferior al originalmente pactado”.
La empresa sostuvo que el ministerio no actuó de “buena fe” y que se aprovechó de “su posición y autoridad" a costa de los intereses y derechos del contratista.
“El Fisco incumplió sus obligaciones contractuales, entre otras razones, porque en la licitación entregó antecedentes y un proyecto que no cumplía con las mínimas exigencias de los artículos 2 y 86 del RCOP (Reglamento para Contratos de Obra Pública), no cumplió con el plan de expropiaciones, alteró sistemáticamente el programa de obras sin asumir íntegramente las consecuencias de ello y porque no pagó a Salfa las sumas de dinero correspondientes a los aumentos de obra, obras adicionales que indicamos en esta presentación, ni por los atrasos e improductividades que con sus acciones y omisiones provocó”, sostuvo la compañía.
Detalló que, dado los aumentos de plazos aprobados por el MOP, existió una mayor permanencia de los recursos planificados originalmente (mano de obra y maquinarias). Además, dijo que debido a las condiciones que afectaron la obra, los recursos se utilizaron en forma ineficiente, intermitentemente y fuera de las secuencias constructivas optimizadas y definidas por el contratista en su oferta.
Junto a esto, aseguró que, por los atrasos y reprogramaciones dispuestas por razones atribuibles a la responsabilidad fiscal, se perdieron dos de las temporadas de verano para la ejecución de trabajos clave. “El hecho que hayan tenido que ejecutarse muchos trabajos (en todos los tramos) en época lluviosa, pese a que estaban programados para realizarse en verano, redujo fuertemente la productividad”, afirmó.
También señaló que un nuevo diseño del proyecto de saneamiento (que debió hacerse en la base del cerro, en lugar de en la faja de ferrocarriles) se encargó a Salfa cuando ya estaba vencido el plazo original del contrato y supuso la realización de obras nuevas (subdrenes y una canaleta), para subsanar las deficiencias de la canaleta que no se pudo construir. Esto, dijo, obligó a tener que demoler y rehacer parte de las obras (pavimentos y muro) previamente ejecutadas, para permitir el paso de los tubos de las obras de evacuación de las aguas lluvias.
Las apelaciones
Tanto la empresa como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco, presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir al fallo de primera instancia.
El CDE dijo que en la sentencia no se consideró el hecho de que la compañía no formuló reclamos durante la ejecución de la obra, y que en los convenios hubo un incremento sustancial del monto del contrato, solucionándose todas las obras ejecutadas.
Además, el consejo afirmó: “No hubo enriquecimiento del Fisco, porque todo lo que se ejecutó en la obra se ajusta al derecho constructivo y que hubo falta de experiencia del equipo de la contratista, mucha rotación, cambiaron al jefe de terreno, al topógrafo, laboratorista y cada cual que llegaba tenía que retomar algo, lo que conlleva tiempo, el que se pretende cobrar en la demanda”.
La empresa solicitó revocar la sentencia únicamente en la parte que rechazó condenar al Fisco a pagar a Salfa por la ejecución de las obras adicionales correspondientes a la construcción de grandes pretiles de muro y roca en el Tramo 1, y por trabajos realizados en relación al agotamiento para compactar y medir densidades. En su reemplazo, pidió acoger la demandada en aquella parte que se solicitó el pago de los mayores costos que fueron incurridos para la ejecución de estas obras adicionales.
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