Un nuevo frente de disputa se abrió en el juicio entre Las Condes y la Inmobiliaria Nueva El Golf. El municipio -tras una sentencia de primera instancia- ya pagó $ 9.600 millones (unos US$ 10 millones) al privado por paralizar un proyecto en el barrio El Golf. Ahora, se debate el pago de costas, es decir, los gastos relacionados con los honorarios de los abogados y otros profesionales que intervinieron en el proceso. Y no hay acuerdo.
En su fallo de junio de 2024, en que acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la inmobiliaria, el juez Luis Quezada del 4º Juzgado Civil de Santiago, condenó en costas al municipio.
Al solicitar la tasación de las costas procesales, el privado, representado por el estudio Bofill Escobar Silva Abogados, pidió incluir los honorarios de los peritos designados por el tribunal que realizaron informes.
Sobre las costas personales, los representantes de la inmobiliaria solicitaron al juez que se considere la complejidad y duración del proceso. “Todo ello implicó una dedicación constante, especializada y de alta complejidad por parte del equipo legal de la demandante”, señalaron.
El tribunal reguló las costas personales en $ 60 millones, mientras que las procesales se tasaron en $ 54,9 millones.
No obstante, el municipio, representado por el estudio de abogados Ortúzar Vergara & Boetsch, objetó la regulación de las costas, y solicitó bajarlas “sustancialmente”.
En primer término, dijo que “es jurídicamente inadmisible” incluir los honorarios de uno de los peritos, fijados en $ 30 millones. “Esos honorarios periciales fueron materia de un acuerdo particular entre la demandante y la perito, sin que a esta parte se le confiriera oportunidad para manifestarse sobre su monto”, sostuvo la defensa de la alcaldía.
Luego, se refirió a las costas personales, solicitando que se reduzcan ya que, a su juicio, el monto fijado excede los que “habitualmente” se conceden en la tramitación de asuntos civiles. “Solicitamos, por consiguiente, rebajar la suma establecida como costas personales, al monto de $ 3 millones o en subsidio, un monto que sea sustancialmente inferior que aquel fijado”, pidieron.
Hasta el cierre de esta edición, el tribunal aún no emitía una resolución.
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J. Troncoso Ostornol
