Cerca de las 16:00 horas, el economista Bernardo Fontaine llegó este viernes hasta La Gloria 88 para presentar formalmente al Presidente electo, José Antonio Kast, la hoja de ruta económica que marcará el inicio del Gobierno entrante: “El Plan Desafío 90”.
Durante la semana, Fontaine había sostenido una serie de reuniones en la denominada “Moneda Chica”, avanzando en definiciones clave que este viernes decantaron en el encuentro final con el Presidente electo. Una instancia que permitió cerrar el diseño del plan que el republicano busca implementar durante los primeros 90 días de gobierno, una vez que asuma el sillón de O’Higgins en el Palacio de La Moneda.
Según trascendió en los últimos días, el programa se encontraba “totalmente afinado”, a la espera de esta cita clave. Si bien desde el equipo de Kast no proyectan hasta ahora una presentación pública del plan como hito comunicacional, lo cierto es que el Presidente electo ya cuenta con la hoja de ruta definitiva, compuesta por entre 25 y 30 medidas.
Entre ellas destaca, como medida central, la rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, enmarcada en una estrategia económica que concibe la seguridad como facilitador de la creación de empleo, a través del estímulo a la inversión, la reducción de trabas asociadas a la permisología y un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses.
En el encuentro de más de seis horas, el exconstituyente delineó los principales ejes de lo que ha sido definido como un “gobierno de emergencia”, las cuales constan de toma de decisiones y proyectos de ley, además de ajustes a leyes existentes.
El plan contempla ejes de inmigración, vivienda, salud, crimen organizado y economía. Una acción concreta apunta a prohibir la inmigración irregular, declarándose como un delito. A esto se suma la reducción a las listas de espera.
Otra de las medidas principales, según ha trascendido, apunta al endurecimiento de las penas para quienes formen parte del crimen organizado, tomando el modelo italiano en el artículo 41, conocido como “cancere duro” (cárcel dura) para quienes se encuentren vinculados a asociaciones delictivas.
Esto -según el caso italiano- permite suspender el régimen penitenciario ordinario con el objetivo de aislar completamente a los reclusos, limitar sus contactos y cortar cualquier vínculo operativo con sus organizaciones criminales, evitando que continúen dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
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