La cartera liderada por Francisca Toledo dio un nuevo golpe de timón. Además de pedir la renuncia a la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, y al director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, sumado a la suspensión del proceso de determinación de sitios prioritarios, Medio Ambiente también retiró del trámite de toma de razón 43 decretos supremos presentados por la administración anterior.
En el escrito enviado el día después del cambio de mando, firmado por el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, y dirigido a la contralora Dorothy Pérez, se detallan los decretos involucrados, los que datan desde 2023 a 2026. Figuran -por ejemplo- reglamentos, normas, y creación de parques y reservas nacionales.
En específico, destaca la norma que aprueba el reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica; aquel que regla las emisiones de las centrales termoeléctricas; y el que actualiza la estrategia climática de largo plazo en su componente de adaptación.
Pero también figuran decretos como el que declara monumento natural de especie al pingüino de Humboldt, relevante en la discusión en torno al polémico proyecto Dominga. Asimismo, están las dispisiciones que crean tanto el parque nacional “Las Parinas” como la reserva nacional “Salar de Pedernales”.
Según explicó el Ministerio del Medio Ambiente en una declaración, la decisión busca asegurar que los instrumentos emanados desde la cartera respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes. “Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”, afirmaron. A su vez, agregaron, este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes.
Y sumaron el antecedente que el Gobierno saliente inició la tramitación 21 decretos durante los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el último día de su gestión. “El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría”, señalaron.
Foto: Aton.
El nuevo Gobierno instaló como antecedente que la administración anterior ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo. Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente.
La lectura de los expertos
Si bien esta revisión es usual cuando aterriza una nueva administración, considerando que entrarán en vigente durante su mandato, entre los expertos llamó la atención el volumen involucrado.
“Es habitual que se introduzcan ajustes. En términos cuantitativos puede llamar la atención, pero debiera leerse como una reacción oportuna para verificar hasta qué punto los decretos reflejan un sesgo ideológico excesivo de la administración anterior que podría comprometer seriamente la coordinación con los Ministerios de Hacienda y Economía para el cumplimiento de los objetivos de este Gobierno”, comenta Dino Pruzzo, socio PRB Abogados.
También hay luces de alerta. Para Jorge Bahamonde, asociado de Claussen y Velasco, esto da una clara señal de que las auditorías anunciadas abarcarán un abanico importante de materias. Pero advierte: “Lo realizado por la nueva administración, sin embargo, tiene que ser mirado con cautela, pues podría afectar la certeza jurídica, esto debido a que muchos de estos decretos han sido sometidos a participación ciudadana y llevan mucho tiempo de trabajo”.
Lo que sí está claro -dice- es que la medida “confirma que la nueva línea del MMA pondrá mayor énfasis en cautela administrativa y menor impulso simultáneo de regulaciones medioambientales, con el objetivo de destrabar proyectos”.
El exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, a través de X, calificó lo realizado como “una señal política errónea”. “Acá se retiraron desde Parques Marinos, Parques Nacionales, la norma de calidad de aire PM2.5 (la más importante de todas las normas ambientales en torno a protección a salud), plomo, planes de descontaminación de aire y el de Villarica (para el lago).Además de reglamentos varios que no tienen mucha relevancia. Se entiende que se quiere dar una señal, pero estas a veces son demasiado generales y generan mucha incertidumbre innecesaria”, lanzó.
El socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, Ignacio Urbina, reconoce que la gran mayoría de los decretos replegados se relacionan con la nueva legislación de biodiversidad y áreas protegidas, “que es un aspecto que resultó particularmente controvertido en la administración anterior”. En ese sentido, añade, “la reciente suspensión del proceso de declaración de sitios prioritarios, el retiro de los reglamentos y la solicitud de renuncia al director del SBAP apuntan, en su conjunto, a la revisión integral de una legislación que requiere de mayor consenso para ser implementada adecuadamente”.
Coincide el socio a cargo del área Ambiental de Prieto, Agustín Martorell, quien indica que se propone revisar de manera importante el esquema regulatorio diseñado para la conservación de la biodiversidad, “tema que había generado harta incertidumbre en los procesos de toma de decisión de inversiones”, lo que -dice- también está alineado con la suspensión del procedimiento de declaraciones de sitios prioritarios. “También hay algunos temas sobre cambio climático y Ley REP que van a demorar algo más en su tramitación”, asegura.
En tanto, Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, advirtió que “esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental”.
Crisis en SBAP: sin director ni normas para funcionar y sitios prioritarios en pausa
Tres entidades relevantes de la institucionalidad ambiental están sin timoneles: el Servicio de Evaluación Ambiental, la SMA y el SBAP. Sin embargo, esta última enfrenta un complejo escenario, ya que se removió al director nacional, quien asumió el 6 de octubre pasado tras un concurso de ADP. Esto, cuando recién en febrero comenzó a operar la entidad luego de ser creada en 2023.
A lo que se sumó la suspensión del proceso de definición de sitios prioritarios y ahora el retiro de decretos que corresponden a reglamentos indispensables para poner en marcha la Ley N° 21.600, que dio origen al servicio. Se retrotrajo la normativa que regla el funcionamiento interno y otra para conformar el comité científico asesor; así como el reglamento sobre el sistema de evaluación de desempeño del personal; y el que aprueba el reglamento de concursos de ingreso y promoción de la entidad.
Al ser consultados el MMA y el SBAP por el futuro de la entidad, no hubo declaraciones.
Energía retiró cinco decretos
En la misma línea, el 11 de marzo el Ministerio de Energía también solicitó a Contraloría el retiro de cinco decretos.
En un escrito firmado por el jefe de la División Jurídica (s) de dicha cartera, Felipe Navarro, se solicita autorizar el retiro de los siguientes decretos: el que modifica el decreto supremo 125 respecto al reglamento de coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional; el decreto supremo 46 que aprueba el reglamento de la Ley 21.499 que regula los biocombustibles sólidos; y el decreto 53 del Ministerio que modifica el decreto 37 de 2019 que aprueba el reglamento de los sistemas de transisión y de la planificación de la transmisión, y el decreto 88 de 2019 de la cartera que aprueba el reglamento de generación de pequeña escala.
A esto se suma el decreto 54 de 2025 de la cartera que modifica el decreto 10 de 2019 del Ministerio que aprueba el reglamento de calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión; y el decreto 1 de 2026 de la entidad que modifica el decreto 88 de 2019 que aprueba el reglamento para medios de generación de pequeña escala.
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