“Activar el suelo fiscal es una de las palancas más directas que tiene el Estado para atraer inversión, generar empleo y traducir la riqueza del territorio en bienestar. Y es el mandato que nos ha dado el Presidente Kast”.
Así sintetiza la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la actual política de disponibilizar terrenos del Fisco para proyectos de inversión, donde prontamente se verán iniciativas concretas, asegura.
Y es que dicho ministerio tiene una cartera de 32 polígonos de terreno fiscal en la macrozona norte -que suman más de 21 mil hectáreas- para ser licitados con destino a obras de energías renovables.
Entre los sitios identificados figura un polígono con abundante recurso eólico en la zona de Taltal y otro con potencial fotovoltaico en Tocopilla.
La cartera explicó que la licitación pública de estos 32 sitios se proyecta para el segundo semestre de este año.
Esta iniciativa se enmarca en un historial de alianza público-privada que ha transformado la matriz energética del país, destacó Parot.
“Sin suelo fiscal, no hay transición energética. Hace quince años la capacidad renovable era inferior a 20 megawatts (MW); hoy son 19,3 gigawatts (GW), y 9,1 de esos gigawatts están en terreno fiscal. No es casualidad, es política de Estado”, enfatizó la ministra de Bienes Nacionales.
Bajo ese modelo, el Estado aporta el suelo; el privado invierte y construye, sintetizó la autoridad.
Este paradigma, resaltó, habilitó inversiones como la de Cerro Dominador, la única planta de concentración solar de potencia (CSP) de América Latina, o el parque eólico Horizonte de Colbún, uno de los tres más grandes del continente.
Además, Bienes Nacionales detalló que su portafolio vigente de Concesiones de Uso Oneroso (CUO) para renovables ya cuenta con 236 contratos activos, que generan cerca de $ 62 mil millones anuales al Fisco y representan aproximadamente US$ 15 mil millones en inversión privada materializada. A ello se agregan 164 concesiones en tramitación, que revelan el dinamismo que tiene esta instrumento para activar inversión privada.
En términos geograficos, la Región de Antofagasta concentra la mayor parte del volumen de este tipo de concesiones, con 117 proyectos. Considerando las iniciativas en estudio y construcción, que suman otros 19,9 GW e implican US$ 11.201 millones adicionales de inversión-, el total asociado a suelo fiscal supera los 29 GW y a un monto de US$ 26 mil millones entre inversión ejecutada y proyectada.
Data centers
Pero no solo la energía renovable florece en terrenos del Estado del norte del país.
Hoy por hoy, la novedad de mayor alcance en el corto plazo es la irrupción de los data centers como nuevo destino para el suelo fiscal.
En esa línea, Bienes Nacionales tiene en tramitación al menos 10 solicitudes de concesión para proyectos de este tipo en la Región de Antofagasta, con desembolsos que superan los US$ 3 mil millones solo en los desarrollos más grandes.
“Estamos cerca de otorgar la primera concesión para un data center en suelo fiscal. Con ello, estaremos poniendo el territorio de Chile al servicio de la economía del futuro”, sostuvo Catalina Parot.