“Va a ser escuchada”.
Con esas palabras, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió este miércoles a abordar la controversia que abrió entre el gobierno y los funcionarios públicos la decisión del Ministerio de Hacienda de conformar una comisión técnica para revisar el Estatuto Administrativo.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) acusó el martes una “grave descoordinación” al interior del Ejecutivo y cuestionó que la instancia anunciada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, no considere a los trabajadores públicos. El gremio emplazó directamente a Rau y al director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, a aclarar su posición frente al proceso.
Consultado por las críticas, el titular del Trabajo evitó entrar en una confrontación con la organización y destacó el diálogo que mantiene su cartera con los funcionarios.
“Con la ANEF tenemos una muy buena relación. Tenemos una mesa en el Ministerio del Trabajo, además de la mesa que tienen en Dipres. Entonces, prefiero no entrar a responder las críticas”, afirmó Rau tras participar en la VI Mesa de Empresas Aliadas por la Empleabilidad Juvenil.
La polémica surgió luego de que Quiroz anunciara la conformación de una comisión técnica para analizar posibles modificaciones al marco que regula a los funcionarios públicos, normativa que data de 1989. El secretario de Estado vinculó además el trabajo de la instancia con el objetivo de avanzar hacia un equilibrio estructural de las cuentas fiscales y señaló que espera contar con primeras conclusiones antes de que termine el año.
Sobre esto, desde la ANEF plantearon que este anuncio entra en contradicción con lo acordado previamente con el Presidente José Antonio Kast. Según recordó el gremio, el 20 de mayo su mesa directiva se reunió con el mandatario en La Moneda y se acordó constituir una mesa sectorial ANEF-Gobierno, cuyo diálogo sería conducido por Trabajo, el Servicio Civil y la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos.
Consultado por las críticas, Rau recalcó que la instancia anunciada por Hacienda tendrá un carácter técnico y que sus conclusiones no constituirán por sí mismas una reforma.
“Obviamente hay una comisión que se va a nombrar ahora, que es una comisión técnica con solo recomendaciones. Después se va a trabajar en una propuesta en lo que nos ha planteado el ministro, el Estatuto Administrativo”, explicó Rau.
Y aseguró que los funcionarios serán incorporados en la discusión posterior. “Esto es un proceso que recién comienza y obviamente la ANEF va a ser escuchada también en el proceso”, sostuvo.
La organización había exigido que cualquier discusión sobre Estatuto Administrativo, carrera funcionaria y evaluación de desempeño se encauce a través de la mesa sectorial acordada con el Ejecutivo, además de solicitar a Hacienda transparentar los objetivos, alcance e integrantes de la nueva comisión.
Sala cuna: “Ningún proyecto anterior había logrado avanzar tanto”
Rau también abordó la tramitación del proyecto de sala cuna universal, luego de que la comisión de Hacienda del Senado terminara de votar el articulado de la iniciativa y la despachara a Sala.
El ministro calificó la jornada como “un día muy importante”, destacando que la comisión sesionó hasta cerca de las 21 hrs. de este martes y logró aprobar todos los artículos del proyecto.
“Es un avance importante porque ya hemos avanzado en las tres comisiones en el Senado. Vamos a Sala próximamente y creo que el proyecto de sala cuna universal es un proyecto muy importante para Chile”, señaló.
Durante su paso por Hacienda, además, se introdujeron una serie de indicaciones al texto. Entre ellas, se repuso una norma que permite que, en casos fundados, el monto del aporte para financiar el beneficio pueda determinarse no solo a nivel regional, sino también provincial, con el objetivo de recoger las distintas realidades territoriales. Asimismo, los establecimientos que integren el Sistema Público de Registro quedarán sujetos al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
También se incorporó un resguardo al monto del aporte: este no podrá ser inferior, en términos reales, al establecido para el período anterior. La excepción será que la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad recomiende una reducción a partir de los costos efectivos y razonables de prestación del servicio o por razones de sustentabilidad del fondo.
Las indicaciones también apuntan a entregar mayor información sobre la oferta disponible. El Sistema Público de Registro deberá incluir las tarifas de matrícula y mensualidad cobradas por los establecimientos que no reciben aportes regulares del Estado.
A ello se suma un fortalecimiento de la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad. Su informe deberá analizar el comportamiento de la oferta y sus costos efectivos y razonables, tanto a nivel regional como provincial, considerando factores como infraestructura, personal educativo y técnico, alimentación, materiales pedagógicos, administración y mantenimiento.
Además, se repuso el artículo sexto transitorio, referido a la retribución que recibirá la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
En sus declaraciones, Rau puso el acento en que el diseño permitirá avanzar gradualmente en la ampliación de la cobertura y superar la actual barrera que representa el artículo 203 del Código del Trabajo para la contratación de mujeres.
“Hemos hecho un proyecto sostenible, con dosis de realidad, que amplía el beneficio a todo hijo o hija, de mujer o padre trabajador, con gradualidad, pero que eso se va a lograr; que es sostenible financieramente, que no eleva el costo laboral”, afirmó.
El secretario de Estado reconoció que todavía queda camino legislativo por recorrer, incluida la tramitación en la Cámara de Diputados. “Queda todavía mucho trabajo, pero estamos con mucha convicción y contentos de este avance porque ningún proyecto anterior había logrado avanzar tanto”, sostuvo Rau.
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