Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos
“Algo tan sencillo como sincerar las deudas incobrables, no lo hicieron durante años, fueron renovando y reconocieron como que hubiese ganado el interés”, sostuvo el penalista de la AGF, Sergio Rodríguez, en el onceavo día de formalizaciones.
La audiencia de formalización por el caso Sartor lleva adelante su jornada número 11, con el último día de réplicas para la parte querellante.
El espacio se da en el marco de la discusión de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público para los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, además del arresto domiciliario total de Juan Carlos Jorquera.
La exposición más larga de la jornada se otorgó para el socio de Cortés & Rodríguez y penalista de Toesca AGF, Sergio Rodríguez, quien respondió a uno de los argumentos que marcaron parte de las exposiciones de las defensas: un eventual confusión entre exposición y perjuicio en el monto apuntado por la Fiscalía.
“Nos vamos a hacer cargo de un tema que pensábamos en un comienzo que no iba a ser tan importante, pero muchas defensas atacaron el perjuicio, y señalaron directamente que no había”, sostuvo el abogado.
De acuerdo con Rodríguez, antes de estallar el caso, “el aportante veía el valor cuota informado, la rentabilidad informada, siempre positiva. Solicitaba rescate, le pagaban los rescates, que sabemos hoy que se pagaron con recursos de otros inversionistas. Y veía o conocía, en algunos casos, las carteras de inversiones verificadas a través de una serie de pagarés en distintas empresas por parte del grupo”.
Sin embargo, “lo que hoy vemos son vehículos en los cuales se transfirieron los recursos de los aportantes; deudores, todos ellos relacionados; sustitución de operaciones; y una opacidad absoluta”, precisó.
"El monto total de los perjuicios para los inversionistas que tuvieron la mala suerte de conocer a Sartor es de $ 180 mil millones y US$ 20 millones", con caídas en su valor cuota de entre 63% y 79% en la oferta de fondos, detalló.
En esta línea, señaló que "me parece increíble que nos hayan dicho que rayábamos en la falta ética por decir que había perjuicio o por decir que por renovar un pagaré no se había extinguido la deuda"
“Este dinero no está en caja, no lo tiene Sartor AGF ni su relacionada, matriz Asesoría e Inversiones Sartor. Lo que tiene es un montón, centenares, de pagarés, pero que no están autorizados ante notario y no tienen el impuesto de timbre y estampillas pagados”, aseguró.
Ejemplificó que "la cartera del fondo 'Leasing' y 'Proyección' era de (un total de) $ 130.883 millones (...) el tenedor de la cuota lo veía perfecto, con un brochure bonito, información en la página web. ¿Cuál es la realidad? Solo pudimos valorizar $ 32.645 millones, no hay respaldo de la información".
E indicó que, cuando los aportantes pidieron sus rescates, "simplemente la respuesta fue 'no podemos', se habían apropiado los recursos, (a los aportantes) le habían entregado un documento en que constaba, y después, no pudieron, no han podido y, lamentablemente, no van a poder pedir el rescate de sus cuotas porque ya están en liquidación, y lo único que queda es vender todo lo que hay y entregarles lo que se recupere.
“El número duro es que $ 44 de cada $ 100 de la cartera no se pudieron valorizar por una empresa tan seria como PwC y Deloitte, esa es la realidad del grupo Sartor”, recalcó.
“De esta manera, pasó a detallar una serie de inversiones en deuda de sociedades como Inversiones Araucana SpA -con patrimonio negativo-, Inmobiliaria Sartor SpA e Inmobiliaria Sartor Ecosustentable, estas dos últimas que "no tienen valor establecido porque son sociedades de papel, son sociedades que no tienen chimenea, no tienen ni un ladrillo, no tienen nada, ni siquiera un proyecto, ni siquiera una promesa de compraventa de un inmueble", añadió.
En la compra del control de Azul Azul por parte del fondo privado (FIP) "Tactical Sport", Rodríguez apuntó que "salió de un fondo público que se lo presta a una a un vehículo (el FIP), que adquirió las 28.182.469 acciones de la serie B, el 63,0715%, con dinero que venía de los fondos".
"Esto es importante porque el dinero sale efectivamente, o sea, hay movimiento físico, hay traslado de dinero de una cuenta corriente a otra cuenta corriente, del fondo público al vehículo (Tactical Sport), y el vehículo le paga al que le vende las acciones (...). Pero lo que se devuelve no es transferencia física de dinero, es un pagaré. Esta es la disociación evidente", señaló.
En los últimos minutos de su relato, Rodríguez recalcó que “exposición no es lo mismo que el perjuicio, nos señaló el defensor de Pedro Pablo Larraín”.
“Esto en abstracto es verdad, pero aquí no se aplica, porque el deterioro lo midieron los auditores independientes. Sobre $ 57.000 millones, no existe posibilidad de recupero alguno y de acuerdo al IFRS9, ya no se habla de exposición cuando no hay posibilidad de recupero, ahí hay que derechamente medir la pérdida crediticia esperada y se resta de los libros, y no lo hacían, no respetaban las reglas contables básicas”, argumentó.
Así, “algo tan sencillo como sincerar las deudas incobrables, no lo hicieron durante años, fueron renovando y reconocieron como que hubiese ganado el interés. Ese es el matiz de diferencia, cualquier banco tiene una cartera castigada y otra por castigar, pero el banco no está haciendo renovaciones y no refleja esa cartera como ganancia. Así lo hicieron y todos se rigen por las mismas normas", detalló.
En cuanto a la distracción de los recursos, afirmó que el esquema operó de manera en que, “se colocaba primero $ 130.883 millones a través de seis vehículos de los casos reconocidos, los deudores finales son sociedades relacionadas, y varias reciben dineros de dos o tres fondos a la vez”.
“Cuando el deudor deja de pagar, no se reconoció la deuda, se sustituyó el deudor, el fondo acreedor, el instrumento o el activo”, añadió.
De esta manera, “lo presentado como pago no hizo ningún ingreso de dinero en caja, se dejaron cuotas de otros fondo del grupo, un terreno rural no realizable, una garantía de mala calidad, una prórroga sobre lo mismo, acciones de las propias empresas deudoras o pagos hechos con derechos o pagarés de las otras sociedades”, afirmó.
“¿Por quién fue aceptado todo esto? Por los imputados, que tenían los deberes que establecen las normas de carácter general, propia de las AGF”, concluyó Rodríguez.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 24 de agosto de 2026.Interactivo: Claudio Pérez
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro: Fiscalía cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones y solicitó formalizar a 11 imputados. La formalización se extendió entre julio y agosto, y el tribunal dio por acreditados seis de los siete delitos imputados y decretó medidas cautelares, mientras la Corte Suprema revisó la legalidad de las medidas de la CMF.
Desplaza hacia la derecha para revisar los hitos. En mobile, la cronología se presenta completa en lectura vertical.
01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
Corte Suprema declara ilegal la revocación de la AGF
La Corte Suprema anuló la Resolución Exenta N°12.118, con la que la CMF revocó en diciembre de 2024 la existencia de Sartor AGF, por no tramitar el procedimiento sancionatorio formal exigido y vulnerar el debido proceso administrativo.
Tribunal da por acreditados seis de los siete delitos
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados seis de los siete delitos imputados: administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. Desestimó el contrato simulado y fijó medidas cautelares tras 14 días de audiencia.
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