La audiencia de formalización por el caso Sartor lleva adelante su jornada número 11, con el último día de réplicas para la parte querellante.
El espacio se da en el marco de la discusión de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público para los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, además del arresto domiciliario total de Juan Carlos Jorquera.
La exposición más larga de la jornada se otorgó para el socio de Cortés & Rodríguez y penalista de Toesca AGF, Sergio Rodríguez, quien respondió a uno de los argumentos que marcaron parte de las exposiciones de las defensas: un eventual confusión entre exposición y perjuicio en el monto apuntado por la Fiscalía.
“Nos vamos a hacer cargo de un tema que pensábamos en un comienzo que no iba a ser tan importante, pero muchas defensas atacaron el perjuicio, y señalaron directamente que no había”, sostuvo el abogado.
De acuerdo con Rodríguez, antes de estallar el caso, “el aportante veía el valor cuota informado, la rentabilidad informada, siempre positiva. Solicitaba rescate, le pagaban los rescates, que sabemos hoy que se pagaron con recursos de otros inversionistas. Y veía o conocía, en algunos casos, las carteras de inversiones verificadas a través de una serie de pagarés en distintas empresas por parte del grupo”.
Sin embargo, “lo que hoy vemos son vehículos en los cuales se transfirieron los recursos de los aportantes; deudores, todos ellos relacionados; sustitución de operaciones; y una opacidad absoluta”, precisó.
"El monto total de los perjuicios para los inversionistas que tuvieron la mala suerte de conocer a Sartor es de $ 180 mil millones y US$ 20 millones", con caídas en su valor cuota de entre 63% y 79% en la oferta de fondos, detalló.
En esta línea, señaló que "me parece increíble que nos hayan dicho que rayábamos en la falta ética por decir que había perjuicio o por decir que por renovar un pagaré no se había extinguido la deuda"
“Este dinero no está en caja, no lo tiene Sartor AGF ni su relacionada, matriz Asesoría e Inversiones Sartor. Lo que tiene es un montón, centenares, de pagarés, pero que no están autorizados ante notario y no tienen el impuesto de timbre y estampillas pagados”, aseguró.
Operaciones
Ejemplificó que "la cartera del fondo 'Leasing' y 'Proyección' era de (un total de) $ 130.883 millones (...) el tenedor de la cuota lo veía perfecto, con un brochure bonito, información en la página web. ¿Cuál es la realidad? Solo pudimos valorizar $ 32.645 millones, no hay respaldo de la información".
E indicó que, cuando los aportantes pidieron sus rescates, "simplemente la respuesta fue 'no podemos', se habían apropiado los recursos, (a los aportantes) le habían entregado un documento en que constaba, y después, no pudieron, no han podido y, lamentablemente, no van a poder pedir el rescate de sus cuotas porque ya están en liquidación, y lo único que queda es vender todo lo que hay y entregarles lo que se recupere.
“El número duro es que $ 44 de cada $ 100 de la cartera no se pudieron valorizar por una empresa tan seria como PwC y Deloitte, esa es la realidad del grupo Sartor”, recalcó.
“De esta manera, pasó a detallar una serie de inversiones en deuda de sociedades como Inversiones Araucana SpA -con patrimonio negativo-, Inmobiliaria Sartor SpA e Inmobiliaria Sartor Ecosustentable, estas dos últimas que "no tienen valor establecido porque son sociedades de papel, son sociedades que no tienen chimenea, no tienen ni un ladrillo, no tienen nada, ni siquiera un proyecto, ni siquiera una promesa de compraventa de un inmueble", añadió.
En la compra del control de Azul Azul por parte del fondo privado (FIP) "Tactical Sport", Rodríguez apuntó que "salió de un fondo público que se lo presta a una a un vehículo (el FIP), que adquirió las 28.182.469 acciones de la serie B, el 63,0715%, con dinero que venía de los fondos".
"Esto es importante porque el dinero sale efectivamente, o sea, hay movimiento físico, hay traslado de dinero de una cuenta corriente a otra cuenta corriente, del fondo público al vehículo (Tactical Sport), y el vehículo le paga al que le vende las acciones (...). Pero lo que se devuelve no es transferencia física de dinero, es un pagaré. Esta es la disociación evidente", señaló.
Perjuicios
En los últimos minutos de su relato, Rodríguez recalcó que “exposición no es lo mismo que el perjuicio, nos señaló el defensor de Pedro Pablo Larraín”.
“Esto en abstracto es verdad, pero aquí no se aplica, porque el deterioro lo midieron los auditores independientes. Sobre $ 57.000 millones, no existe posibilidad de recupero alguno y de acuerdo al IFRS9, ya no se habla de exposición cuando no hay posibilidad de recupero, ahí hay que derechamente medir la pérdida crediticia esperada y se resta de los libros, y no lo hacían, no respetaban las reglas contables básicas”, argumentó.
Así, “algo tan sencillo como sincerar las deudas incobrables, no lo hicieron durante años, fueron renovando y reconocieron como que hubiese ganado el interés. Ese es el matiz de diferencia, cualquier banco tiene una cartera castigada y otra por castigar, pero el banco no está haciendo renovaciones y no refleja esa cartera como ganancia. Así lo hicieron y todos se rigen por las mismas normas", detalló.
En cuanto a la distracción de los recursos, afirmó que el esquema operó de manera en que, “se colocaba primero $ 130.883 millones a través de seis vehículos de los casos reconocidos, los deudores finales son sociedades relacionadas, y varias reciben dineros de dos o tres fondos a la vez”.
“Cuando el deudor deja de pagar, no se reconoció la deuda, se sustituyó el deudor, el fondo acreedor, el instrumento o el activo”, añadió.
De esta manera, “lo presentado como pago no hizo ningún ingreso de dinero en caja, se dejaron cuotas de otros fondo del grupo, un terreno rural no realizable, una garantía de mala calidad, una prórroga sobre lo mismo, acciones de las propias empresas deudoras o pagos hechos con derechos o pagarés de las otras sociedades”, afirmó.
“¿Por quién fue aceptado todo esto? Por los imputados, que tenían los deberes que establecen las normas de carácter general, propia de las AGF”, concluyó Rodríguez.