El exdirector de inversiones de Sartor AGF y director de la matriz, Alfredo Harz. Foto: Aton.
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La tercera jornada de formalización por el caso Sartor dejó una nueva medida cautelar decretada para uno de los imputados por la trama desatada al interior de Sartor AGF y su matriz.
Tras llegar a un acuerdo con querellantes de la causa, el exdirector de inversiones de la gestora y socio del grupo, Alfredo Harz, cumplirá arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional por lo que dure la investigación, plazo que será determinado por el tribunal.
El resto de la instancia fue dedicada a la argumentación de la Fiscalía para las prisiones preventivas solicitadas para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
La fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, detalló las penas que arriesgan los principales investigados, como parte de la petición de medidas cautelares.
Según expuso, solo los delitos de administración desleal y estafa, aplicando la Ley de Delitos Económicos y sus agravantes, podrían implicar penas de presidio mayor en su grado medio, entre 10 años y un día y 15 años de cárcel.
Respecto de Pedro Pablo Larraín, la Fiscalía lo describió como uno de los principales articuladores de una “estructura delictual sofisticada” destinada a desviar recursos de fondos administrados por Sartor hacia sociedades relacionadas.
Sostuvo que ocupó simultáneamente distintos cargos que le permitían controlar el origen y destino de los recursos, lo que tuvo un perjuicio de unos US$ 190 millones.
Además, afirmó que existen antecedentes de una eventual obstaculización de la investigación, basándose en declaraciones que aseguraron que el principal socio de Sartor habría entregado instrucciones para cambiar y destruir celulares, y la cancelación de servicios tecnológicos que implicó la eliminación de correos electrónicos de la compañía.
Para Carlos Larraín Mery, el Ministerio Público sostuvo que participó en el diseño de operaciones que permitieron transferir deudas superiores a $ 30 mil millones hacia Danke SF, sociedad vinculada a él, configurando conflictos de interés y mecanismos que ocultaron la falta de liquidez de los fondos.
En el caso de Clark, la Fiscalía argumentó que habría privilegiado intereses personales, ocupando como ejemplo operaciones de financiamiento a Redwood Capital y la adquisición indirecta del control de Azul Azul, además de atribuirle intentos por eliminar conversaciones de WhatsApp tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Respecto de Rodrigo Bustamante, sostuvo que aprobó operaciones que beneficiaron a empresas relacionadas y que continuó controlando de facto fondos transferidos a otra gestora, utilizando además su relación con inversionistas para promover instrumentos cuyos recursos terminaron en sociedades vinculadas.
Finalmente, la Fiscalía afirmó que Sergio Yáñez actuó como nexo entre Sartor y Emprender Capital, coordinando deudas superiores a $30 mil millones y beneficiándose de desvíos de recursos provenientes de los aportantes.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 5 de agosto de 2026.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización comenzó el 30 de julio y se extendió durante agosto.Interactivo: Claudio Pérez
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CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
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