El exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, en la audiencia. Fotos: Julio Castro
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Desde antes de las 08:00 horas de este jueves, casi una docena de imputados, que hasta hace poco administraban fondos públicos y privados, comenzaron a llegar al Centro de Justicia de Santiago para la primera jornada de formalización por el caso Sartor.
La lista de 11 investigados en la causa está compuesta por los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.
La diligencia se realiza por los posibles delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
El primero en llegar —y el único imputado en hablar con la prensa— fue Clark. “Estoy tranquilo, sé lo que he hecho y espero que esto avance para que se puedan establecer las responsabilidades. Siempre he pensado que esto terminará cayendo por su propio peso”, señaló.
La audiencia se inició pasadas las 10:00 horas ante una sala repleta de defensores y abogados querellantes, instancia en la que el Ministerio Público comenzó a exponer, durante tres horas, la mitad de su minuta de 86 páginas, con el detalle de los hechos y los ilícitos que imputa a los exejecutivos.
En su exposición, la Fiscalía sostuvo que los imputados, “abusando de sus facultades de administración, ejecutaron actos contrarios al interés de los aportantes de los fondos públicos y privados, priorizando realizar operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos, sus sociedades o terceros”.
“(Los socios, exdirectores y exejecutivos) llegaron incluso a obtener beneficios económicos directos e ilícitos de sus contrapartes beneficiadas con esas operaciones, en desmedro de los patrimonios administrados”, añadió el ente persecutor.
La primera jornada de formalización se extendió por tres horas.
Mediante este esquema, “se defraudó a inversionistas, personas jurídicas y naturales, pues se aparentaba una correcta administración de los respectivos fondos, ello mediante la entrega de información falsa tanto a los aportantes como al mercado en general y así como al ente regulador”, mientras que “en la práctica no se informó la existencia de conflictos de interés manifiestos, toda vez que se destinaron los recursos de los fondos administrados a financiar a personas relacionadas”, añadió el organismo.
En cifras, el Ministerio Público estimó que las operaciones ocasionaron perjuicios aproximados en los fondos públicos por US$ 78,6 millones y por $ 104.640 millones, es decir, un total de unos $ 180 mil millones o US$ 193 millones.
Cerca de las 13:15 horas se dio por finalizada la primera jornada de la diligencia, que se retomará este viernes y se extenderá durante la próxima semana.
Entre las operaciones detalladas por la Fiscalía destacó la de Emprender Capital (ECapital), cuyas sociedades recibieron préstamos de fondos de Sartor por $ 50.451 millones para sostener sus operaciones tras pérdidas atribuidas a un fraude interno.
Asimismo, la minuta cuestionó una operación de Redwood Capital SpA, sociedad ligada a Clark, que recibió $ 875 millones de fondos de Sartor para adquirir bonos de Nexus Chile Health, que posteriormente fueron vendidos de vuelta a otro fondo de la gestora por $ 1.255 millones. La Fiscalía calificó la operación como un mecanismo para obtener una utilidad impropia.
El documento también incluyó el financiamiento por US$ 33,53 millones, por parte de fondos de Sartor AGF, al proyecto inmobiliario Faena Residences, en Miami, Estados Unidos, en el que el principal beneficiado sería Pedro Pablo Larraín.
La operación habría excluido a los fondos prestamistas de la titularidad y de los retornos del activo, y se habría realizado “sin garantías suficientes, sin control y en evidente perjuicio patrimonial”.
De acuerdo con la minuta, “los fondos utilizados para dicha adquisición tenían su origen en la comisión de delitos de administración desleal que afectaron a los fondos de inversión Sartor Táctico y Sartor Leasing, así como de delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, razón por la cual su origen se mantuvo oculto”.
El principal socio del grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, llegando al Centro de Justicia.
Ya bajo la propiedad del FIP, este eligió a Clark como presidente de Azul Azul, cargo que ejerció desde 2023 hasta este año, período en el que “se realizaron innumerables operaciones de compra y venta de jugadores (de fútbol), recibiendo (Clark) una remuneración por el ejercicio del cargo”.
La minuta añadió que “los imputados intentaron realizar otros actos de ocultamiento a fin de desprenderse de este porcentaje accionario”.
Para ello, según el Ministerio Público, en enero de 2024 Clark contrató los servicios de la firma Moonvalley Capital para la enajenación de la posición en Azul Azul, proceso que finalmente no llegó a puerto.
También apuntó a la hoy fallida compra, por parte de Clark, del restante 90% de Tactical Sport, firmada el 13 de diciembre de 2024, en medio del estallido del caso. “De esta forma, se produjo el cambio de controlador de Azul Azul”, aseguró la Fiscalía, que sostuvo que la operación debió haberse sometido a una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
De acuerdo con el Ministerio Público, con la compra Clark “evitó que los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF pudiesen recuperar los montos de dinero invertidos en los fondos Sartor, así como también que otros acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor pudieran ejecutar sus créditos”.
Finalmente, la minuta de la Fiscalía apuntó contra los Contratos de Asociación para Inversiones (CAI), con los que la matriz del grupo Sartor captaba recursos.
“A partir de 2023 y atendida la falta de liquidez que experimentaban las sociedades que formaban el Grupo Sartor, los imputados decidieron masificar estos instrumentos, mutando la forma y objetivos de los mismos, captando cada vez a un mayor número de inversionistas a través de estos instrumentos”, señaló.
Añadió que “los dineros provenientes de los CAI se utilizaron en préstamos y operaciones dentro de Sartor Finance Group, sin la fiscalización directa de la Comisión para el Mercado Financiero, para beneficios y negocios personales de los socios, directores y accionistas”.
Delitos
Según la formalización del Ministerio Público, Pedro Pablo Larraín es el imputado con más frentes. Se le atribuyen los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa y apropiación indebida. A su hermano Carlos Larraín, el persecutor le imputa administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa.
Un capítulo aparte es el de Michael Clark, a quien se le atribuyen administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude por omisión de una OPA, lavado de activos y contrato simulado.
En tanto, a Alfredo Harz el ente persecutor le imputa administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa. Con esa misma calificación figura Rodrigo Bustamante.
En la tríada de administración desleal, entrega de información falsa y negociación incompatible, el Ministerio Público sitúa a los directores y el gerente general Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés y Juan Carlos Jorquera.
Cierran la lista Hugo Baranda y Sergio Yáñez, con administración desleal, entrega de información falsa y estafa.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 5 de agosto de 2026.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización comenzó el 30 de julio y se extendió durante agosto.Interactivo: Claudio Pérez
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01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
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