A pesar de que han pasado cinco meses desde que finalizara la huelga de 35 días que movilizó al sindicato N° 2 de la minera Mantoverde, ligada a la canadiense Capstone Copper, las secuelas aún se dejan sentir. La compañía demandó a la organización de trabajadores por prácticas desleales en la negociación colectiva, sosteniendo que, durante la movilización, el sindicato excedió el ejercicio legítimo del derecho de huelga mediante conductas destinadas a presionar mañosamente a la empresa y entorpecer el proceso.
El juzgado de Letras y Garantía de Chañaral concluyó que las conductas desplegadas por el sindicato configuraron el ilícito, condenando a dicha entidad gremial a pagar una multa de 200 UTM ($ 14 millones), así como la publicación de la sentencia en el registro de sanciones por prácticas desleales y la petición de disculpas públicas por parte del sindicato “mediante publicación en un diario de circulación nacional, comprometiéndose el sindicato a actuar en lo sucesivo conforme al ordenamiento jurídico laboral, dentro del plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme”.
En el fallo -dictado por el juez suplente Wilfredo Cárdenas García- el tribunal ordenó una capacitación obligatoria para los dirigentes sindicales en materias de derechos fundamentales y negociación colectiva, impartida por un académico especialista en Derecho del Trabajo de una universidad nacional acreditada. Y, por cierto, a pagar las costas del juicio.
No todo fue favorable a la minera: el tribunal rechazó la indemnización de perjuicios materiales solicitada, por no haberse acompañado antecedentes técnicos o periciales que permitieran cuantificar el daño. Tampoco dio por acreditado un sistema de multas internas del sindicato contra quienes no participaran de la huelga, pues la única prueba -una captura de una conversación de WhatsApp- resultó insuficiente para el estándar judicial.
El equipo de Mantoverde estuvo liderado por su fiscal Hernan Albornoz y por los abogados laborales especializados en minería Felipe Sáez y Guillermo Cáceres, ambos de LLG Abogados.
Una historia violenta
La huelga de Mantoverde partió el 2 de enero de 2026 y se extendió hasta el 5 de febrero de este año, por desacuerdo en los términos del contrato y bonos. Participaron en la paralización unos 645 trabajadores agrupados en el Sindicato N°2, representando al 50% de la dotación sindicalizada.
Durante esos tensos momentos, la producción de la mina operó de manera parcial, con cerca de un 30% de la capacidad, debido a la toma y bloqueo de los accesos a la planta desalinizadora en la Región de Atacama.
Los documentos judiciales revelan que el episodio de mayor gravedad fue, precisamente, la afectación de la planta desaladora de Flamenco, que abastece de agua a la operación. Desde el 16 de enero los manifestantes bloquearon su acceso y, de acuerdo con la prueba testimonial, individuos encapuchados ingresaron a dependencias eléctricas y manipularon interruptores -"breakers"-, provocando la detención de la instalación y la paralización del suministro hídrico hacia la planta concentradora por un período de entre diez y catorce días. La empresa debió trasladar personal especializado en helicóptero ante la imposibilidad de ingresar por tierra.
La situación motivó que, en paralelo, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenara el 29 de enero -en el marco de un recurso de protección- permitir el libre acceso a la desaladora, con auxilio de la fuerza pública. La huelga concluyó el 5 de febrero, tras la aprobación de una última oferta de la empresa.
Lo que dice el sindicato
El mismo proceso judicial fue accidentado porque, de acuerdo a los trabajadores, no se les notificó en propiedad de la demanda. De ahí que, según profesionales cercanos al sindicato, la organización rechaza las imputaciones por lo que se pidió la nulidad de la notificación de la denuncia “por no haberse hecho legalmente”.
“El juicio se hizo sin el sindicato y no pudo defenderse”, dijo un asesor ligado al gremio. En el expediente de la causa se registran varias impugnaciones de la organización, que es asesorada por Marco López, abogado de Antofagasta que también representó al sindicato N°1 de Escondida y a muchos gremios de la gran minería.
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Valeria Ibarra
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