La persecución penal por el Caso Factoppor parte del Ministerio Público despejó una nueva arista. En una audiencia realizada la mañana de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Álvaro Jalaff y dio paso al juicio abreviado para el empresario.
El exsocio de Grupo Patio, que fue investigado en la causa por delitos tributarios, estafa, administración desleal y soborno, entre otros, accedió al procedimiento especial tras ser reconocida una colaboración eficaz a raíz de sus declaraciones.
Tal como lo propuso la Fiscalía, el tribunal sentenció a cinco años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva a Jalaff.
En beneficio de las instituciones querellantes, para el Consejo de Defensa del Estado se impuso un pago de $ 220 millones y otros $ 500 millones para el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de un pago de UTM 12 por las estafas. Las sanciones económicas serán pagadas en 60 cuotas.
El acuerdo con el Ministerio Público incluyó reconocer culpabilidad de los delitos investigados, a cambio de una rebaja a la participación en los ilícitos -de autor a cómplice- y el cierre de la causa en su contra emanada del bullado audio filtrado en noviembre de 2023.
"Prefiero tener paz en vez de la razón, y avanzar con mi vida", sostuvo el ejecutivo este martes, al ser consultado por la jueza Ximena Rivera respecto si renunciaba a su derecho a un juicio oral y aceptaba las condiciones de su procedimiento abreviado.
De esta manera, Jalaff se sumó a otros involucrados en la causa que vieron su caso concluido, como Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer; el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías; el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina; y el exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.
Jalaff aseguró a DF que aceptó las condiciones de la Fiscalía “por mi familia, por terminar y dar un cierre”, mientras que “en juicio oral hubiéramos podido demostrar muchas más cosas”.
Los delitos
A la salida de la audiencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, destacó que “el Tribunal dio a conocer que va a dictar una sentencia condenatoria en contra del señor Jalaff en idénticos términos a los cuales la Fiscalía lo acusó”.
En cuanto a la participación en delitos, detalló las imputaciones aceptadas por el empresario. “Se le imputaron participación en varios delitos, en particular estafa, relacionados con las personas que aportaron fondos a la empresa Factop, en los cuales efectivamente el señor Jalaff tuvo una participación de cierta relevancia para que este engaño se pudiese producir y consecuencialmente el perjuicio a las víctimas”, apuntó.
A lo anterior se suma “una estafa a un fondo de inversión inglés, en la cual también se le imputó participación como cómplice”, sostuvo el persecutor.
“Se le imputó también participación en lo que se denomina el Fondo Capital Estructurado I, con lo cual también se demostró que había sido engañosa y que hay infracciones a la Ley de Mercado de Valores, como también administración desleal”, continuó Sepúlveda.
Respecto a los delitos tributarios, precisó que se le imputó “ocultar sus ingresos para los efectos de pagar menos impuestos que realmente le correspondía”.
Finalmente, “se le imputó también administración desleal por el hecho de haber tomado fondos de una empresa Parque Capital más de $ 1.000.000.000 para un beneficio personal, no obstante que eran dineros de la sociedad, no eran dineros personales de él y que parte esos dineros haber sido destinados a pagar a un funcionario público para cometer un delito de cohecho, el cual también fue acreditado por el Tribunal”, añadió.
Respecto a la participación de Jalaff en la causa, destacó que “ha prestado una colaboración que es relevante en la investigación”.
“Aparte de las 11 declaraciones y que se acogió a un estatuto jurídico que establece el Código Procesal Penal de Cooperación Eficaz, vale decir que entregó información de mucha relevancia para los efectos de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos”, concluyó.
Caso Hermosilla: la cronología de la megacausa
Línea de tiempo con los hitos que conectan el Caso Audios, Factop, Parque Capital, el Poder Judicial y las derivadas recientes publicadas por DF. Interactivo: Claudio Pérez
Del audio a la megacausa
El Caso Hermosilla —o Caso Audios— se originó a partir de la grabación conocida en noviembre de 2023, donde participaron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Desde ahí, la investigación conectó el origen financiero de Factop con presuntos pagos a funcionarios, delitos tributarios, lavado de activos y soborno, hasta instalar al abogado como uno de los principales imputados.
La causa se expandió rápidamente desde el mundo financiero hacia instituciones públicas. El teléfono de Hermosilla abrió derivadas que alcanzaron a la PDI, al Ministerio Público y al Poder Judicial, con hitos como la salida de Sergio Muñoz, las investigaciones por nombramientos judiciales, los chats con Ángela Vivanco y la arista Parque Capital.
En 2026, DF reconstruyó la antesala del juicio oral: Fiscalía cerró la investigación y acusó a diez imputados; pidió 20 años para Daniel Sauer, 18 para Leonarda Villalobos, 14 para Luis Hermosilla y 13 para Álvaro Jalaff. La cronología muestra cómo el caso pasó de un audio filtrado a una megacausa con ramificaciones financieras, políticas, judiciales e institucionales.
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Audios activan investigaciones por Factop
DF consignó que, tras la revelación de Ciper, Fiscalía y SII abrieron investigaciones por un audio atribuido a Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, donde se mencionaban eventuales pagos a funcionarios del SII y la CMF.
La investigación dio un salto institucional cuando Fiscalía allanó la oficina y el domicilio de Sergio Muñoz, entonces director general de la PDI. La diligencia se originó a partir de antecedentes obtenidos desde el teléfono de Luis Hermosilla y abrió una arista por eventual filtración de información reservada.
Horas después del anuncio de formalización, Sergio Muñoz presentó su renuncia como director general de la PDI. La salida convirtió el caso en una crisis de alto nivel y anticipó el impacto que tendrían los mensajes incautados en instituciones clave del Estado.
El Ministerio Público detuvo a Daniel y Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y otros imputados por la arista de facturas falsas de Factop. La diligencia reforzó el vínculo entre el origen financiero del caso y el audio que expuso presuntos pagos a funcionarios.
La audiencia de formalización del caso Factop puso en el centro las imputaciones por estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, lavado de activos y delitos tributarios. DF consignó que esta arista era el punto de partida del Caso Audios.
Fiscalía comenzó a investigar a Luis Hermosilla como imputado por presunto lavado de activos en el marco del caso Factop. El hito instaló formalmente al abogado como investigado penal, más allá de su aparición en el audio original.
La comisión investigadora del Caso Audios en la Cámara concluyó su trabajo y resolvió remitir antecedentes a la justicia. Con ello, el caso quedó instalado también en el frente político y de fiscalización parlamentaria.
La Comisión para el Mercado Financiero informó el cierre del sumario vinculado a STF Capital y sostuvo que su proceso de supervisión y sanción no se vio afectado. El punto era clave porque el audio original aludía a presuntas gestiones ante reguladores.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo por delitos tributarios, apuntando a ingresos no declarados y uso de facturas falsas. La acción fortaleció el flanco tributario del caso.
Tras la querella del SII, Fiscalía solicitó formalizar a Hermosilla, Villalobos y otros imputados. La audiencia quedó fijada para el 21 de agosto, ordenando judicialmente la causa y preparando el momento de mayor exposición pública del expediente.
En la primera jornada de formalización, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. La audiencia expuso antecedentes sobre soborno, delitos tributarios y lavado de activos.
El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que la investigación “tiene para rato” y que no se agotaba en la formalización. La frase anticipó nuevas diligencias y consolidó la idea de una causa expansiva con múltiples aristas.
El caso abrió un debate político sobre el sistema de nombramientos judiciales. El senador Ricardo Lagos Weber advirtió la necesidad de revisar el mecanismo, en medio de dudas sobre redes de influencia en el Poder Judicial.
Tras revelarse conversaciones entre Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco, el pleno de la Corte Suprema abordó la eventual implicancia del abogado en gestiones para nombramientos judiciales. La arista instaló el caso en el corazón del Poder Judicial.
Fiscalía informó que formalizaría a Álvaro Jalaff y Daniel Sauer por soborno y que la arista Audio se agruparía con Caso Factop. La decisión consolidó la megacausa y conectó el audio, Factop y los actores empresariales investigados.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Hermosilla por tráfico de influencias en la arista Parque Capital. La causa sumó así una dimensión vinculada a permisos administrativos e influencias indebidas.
Diputados oficialistas presentaron una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa por notable abandono de deberes. La decisión ocurrió luego de que la Corte Suprema dejara al magistrado en su cargo en un proceso asociado a sus conversaciones con Luis Hermosilla.
DF MAS reconstruyó cómo Luis Hermosilla vivió la muerte de sus padres mientras cumplía arresto domiciliario por el Caso Audio. La publicación mostró el costado personal del abogado en medio de una causa en que fue formalizado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.
La llamada trama bielorrusa surgió como una nueva derivada vinculada al Poder Judicial, con acusaciones por cohecho, soborno y lavado de activos. El caso involucró a abogados y al entorno de la exministra Ángela Vivanco, reforzando el alcance institucional de las aristas abiertas.
El Servicio de Impuestos Internos concretó una ampliación de la querella que ya había presentado contra Luis Hermosilla en agosto de 2024. La nueva acción reforzó el frente tributario del caso Audio-Factop y mantuvo al abogado en el centro de las imputaciones.
Tras concluir la investigación del caso Audio —que agrupa las aristas Audios, Factop y Parque Capital— el Ministerio Público presentó acusación contra 10 imputados. DF detalló que la mayor pena solicitada fue para Daniel Sauer, mientras para Luis Hermosilla se pidieron 14 años.
DF publicó el detalle de las penas solicitadas por Fiscalía: 13 años para Álvaro Jalaff, siete para Rodrigo Topelberg y 14 para Luis Hermosilla, entre otros acusados. La nota ordenó el mapa penal de una megacausa que entraba a la antesala del juicio oral.
DF MAS sintetizó las derivadas del Caso Audios: diez acusados, un exdirector de la PDI, dos fiscales y tres jueces. La publicación mostró cómo el teléfono de Hermosilla abrió múltiples aristas y extendió el caso desde el mundo financiero hacia el sistema judicial y policial.
El tribunal rebajó la cautelar de Álvaro Jalaff desde arresto nocturno a firma mensual tras casi dos años de investigación. Su defensa destacó su colaboración con Fiscalía y el reconocimiento de pagos a Luis Hermosilla dentro de la arista Parque Capital.
Tras meses de conversaciones, Álvaro Jalaff reconoció el pago de 10 mil UF a Luis Hermosilla para destrabar Parque Capital en su calidad de “funcionario público”. El reconocimiento abrió una nueva lectura sobre la colaboración eficaz y el rol del abogado en la arista.
La defensa de Antonio Jalaff avanzó en acuerdos con querellantes y exploró un eventual juicio abreviado. La estrategia apunta a cerrar frentes civiles y penales para despejar la arista de los hermanos Jalaff, mientras Fiscalía concentra el juicio oral en los principales acusados.
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Cristóbal Muñoz
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