Más de $ 3 mil millones en deudas dejó la española Tapusa a las 50 empresas contratistas con las que trabajó en la Región del Biobío. Pese a que ya han transcurrido 90 días desde que abandonó sus obras, no solo las faenas están paralizadas, también se encuentran detenidas y sin solución las facturas impagas de las PYME que formaban parte del encadenamiento productivo de la compañía.
Como una medida de presión para resolver los escenarios financieros que enfrentan, y sin que sus mandantes —el Serviu y la Municipalidad de Concepción— hayan dado respuesta al pago de boletas de garantía y documentación factorizada, las empresas proveedoras se reunirán este martes 28 de julio a las 15:30 horas en la Alcaldía de Concepción. En la cita con el administrador municipal, Boris Negrete, buscan destrabar los pagos correspondientes al proyecto MAC (Mejoramiento de Aceras de Concepción), cuya deuda específica asciende a $ 650 millones, exigiendo lo que califican como la búsqueda de una "solución justa y oportuna para los contratistas y trabajadores afectados".
Deudas factorizadas
Tras conocerse en mayo la paralización de las faenas en las obras de construcción del Eje Colón, la reposición del Puente Perales y el paso sobrenivel de Esmeralda, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que para subsanar los pasivos, se establecería una conciliación judicial, ya que el Estado no es codeudor solidario.
Sin embargo, para la defensa de los afectados, la vía judicial propuesta por el Gobierno choca con la urgencia de liquidez de las PYME. Paulo Figueroa, abogado socio y director del área de litigios de Flores y Acevedo Abogados, quien representa a las firmas Ingeniería CMX Chile, Áridos Madesal y José Luis Vera, advierte que esperar una conciliación judicial es una solución ineficiente.
“Esperar a que esto ocurra significa que nuestros clientes y en general todos los subcontratistas (...) deben esperar muchos meses, perfectamente un año o más”, explicó Figueroa, detallando que las PYME deben responder a trabajadores y entidades previsionales que no pueden esperar.
Las empresas afectadas por los vencimientos de instrumentos financieros son principalmente pequeñas y medianas, para las que “las deudas hacen que puedan dejar de existir, especialmente porque muchas de las deudas están factorizadas", explica el abogado. Figueroa alertó además que “los factoring ya activaron la publicación y el protesto de todos sus documentos de garantía e iniciaron sus acciones judiciales”.
Acciones judiciales
El abogado apuntó directamente a fallas en la fiscalización de los recursos públicos, argumentando que se cursaron estados de pago a Tapusa sin que las autoridades advirtieran el problema. “Las entidades técnicas del Serviu, principalmente, y de la municipalidad, no lograron detectar que estos pagos no estaban dándole bajada a los subcontratos. Es uno de los grandes errores del que todas estas obras públicas adolecieron”, aseveró.
Ante más de 20 reuniones infructuosas y lo que califican como una lentitud de las autoridades locales para ofrecer una respuesta concreta, Figueroa concluyó que la judicialización del conflicto está a un paso de concretarse.
“No nos han dado soluciones y de una forma nos acorralan a que esto se transforme en una situación judicial”, afirmó el abogado. De no obtener acuerdos extrajudiciales como el que se busca hoy en el municipio, advirtió que es inminente la acción legal.
“Se presentarán las demandas en contra del Serviu, en contra del Gobierno Regional del Biobío y en contra de la Municipalidad de Concepción, puesto que han pasado muchos meses desde que estalló el caso Tapusa y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria”.