A días de que el Ejecutivo defina la promulgación del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, los gremios de los tres servicios básicos regulados -Empresas Eléctricas, Andess y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN)- salieron a plantear en conjunto que el artículo 32 del texto despachado por el Congreso sea retirado del debate de reconstrucción y discutido en un proyecto de ley específico, "con el análisis constitucional, técnico, regulatorio y económico" que -a su entender- una modificación de esta naturaleza requiere.
La norma en cuestión tuvo una tramitación accidentada, acotan estas entidades. Nació como indicación parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, que incorporó un nuevo artículo 2 bis a la Ley N° 16.282 sobre sismos y catástrofes; fue eliminada durante la discusión en comisión en el Senado, pero repuesta en la Sala, quedando como artículo 32 del texto final. En medio de ese trámite, el Ejecutivo -a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- formuló una reserva de constitucionalidad sobre la disposición.
A qué obliga la norma
El artículo exige a las distribuidoras eléctricas, sanitarias y de gas de red reconectar de forma gratuita y sin condición previa de pago a usuarios residenciales y mipymes cuyos servicios hayan sido suspendidos por no pago, ya sea antes de la declaración de zona de catástrofe o durante su vigencia. La norma no exige que la deuda tenga relación con la emergencia ni que el usuario haya sufrido una afectación material.
Los plazos son perentorios: 48 horas para electricidad y gas de red, y 24 horas para agua potable y alcantarillado, contados desde la solicitud del usuario. Se prohíbe además cobrar cualquier monto por reconexión, reposición o visita técnica, y el incumplimiento da derecho a una compensación de tres días de suministro gratuito por cada día de retardo, descontada automáticamente de la facturación siguiente, junto con habilitar al usuario a demandar judicialmente el cumplimiento.
Los reparos de la industria
Los gremios apuntan a tres frentes. El primero es la cultura de pago: sostienen que una política de catástrofe debe responder a las consecuencias del desastre y no alterar las reglas generales de cumplimiento, pues la norma beneficia deudas que "no guardan relación alguna" con la emergencia, afectando -dicen- la equidad respecto de los clientes que sí pagaron.
El segundo es operacional. Durante una catástrofe, argumentan, la prioridad es reparar infraestructura y recuperar el suministro masivo, mientras que la norma obliga a destinar cuadrillas escasas a reconexiones individuales bajo plazos rígidos, sin contemplar excepciones expresas por caminos cortados, zonas aisladas, infraestructura destruida o condiciones de seguridad que hagan materialmente imposible cumplir en 24 o 48 horas.
El tercero es regulatorio. La disposición instala un régimen permanente para tres sectores regulados mediante una indicación en una ley de reconstrucción, sin evaluar su interacción con la normativa sectorial vigente, los estándares técnicos ni las obligaciones ya existentes de continuidad y reposición, denuncian las entidades gremiales.
Las asociaciones aclaran que respaldan medidas extraordinarias para apoyar a los damnificados y que su preocupación "no radica en el objetivo, sino en el diseño" de la norma. Si se estima necesario legislar, concluyen, debe hacerse mediante un proyecto específico, construido sobre antecedentes constitucionales, técnicos, regulatorios y económicos suficientes.
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Valeria Ibarra
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