Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema
Los distintos equipos de abogados de los imputados en la causa descartaron la posición de la Fiscalía, que restó importancia al impacto del veredicto en la sede penal.
El día número 11 de la audiencia de formalización del caso Sartor dio paso este viernes a las respuestas de las defensas a las réplicas del Ministerio Público y los querellantes, en el marco de las prisiones preventivas solicitadas para cinco imputados en la causa -los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez- y el arresto domiciliario pedido para el investigado Juan Carlos Jorquera.
Al igual que en sus alegatos principales, la primera intervención la tomó el socio de Winter Etcheberry, Jaime Winter, defensor del controlador del grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín.
“Se ha intentado las réplicas tanto de la Fiscalía como de los querellantes reconstruir argumentos de esta parte y los hechos mismos, de forma que es tendenciosa, inexacta”, afirmó el abogado.
En esta línea, rechazó que Pedro Pablo Larraín hubiese buscado obtener beneficios indebidos a través de los fondos. “Esta es una reconstrucción ficticia del caso (...) tiene prácticamente todos sus ahorros invertidos en los fondos Sartor, y esto no lo digo intentando generar una empatía especial ni tratar de pasar a ser víctima, lo digo para hacer evidente la profunda confianza que tanto mi cliente como otros de los socios directores tenían en el propio Sartor”.
Uno de los principales puntos de la dúplica fue el fallo de la Corte Suprema de esta semana, que declaró ilegal la primera revocación de licencia de Sartor AGF. “Esta decisión no es para nada irrelevante. Al contrario, cambia todo en esta materia”, sostuvo.
Citando el dictamen, señaló que la Comisión para el Mercado Financiero actuó “sin tramitar el procedimiento sancionatorio formal que su naturaleza exigía, vulnerando con ello las garantías esenciales del debido proceso administrativo”.
“La consecuencia jurídica de esto es categórica (...) ni la revocación que dispuso ni el juicio de responsabilidad que le sirvió de fundamento (a la Fiscalía) existen hoy como actos administrativos válidos”, afirmó.
De esta manera, argumentó que “se dio muerte a una empresa que operaba válidamente y los mismos que tomaron esa decisión ilegal son quienes después resolvieron en el procedimiento sancionatorio”, el cual, destacó, se encuentra actualmente ante la Corte de Apelaciones.
“Sin la desafortunada intervención de la CMF se podría haber implementado todo parte del plan que Sartor propuso en su momento a la CMF y que permitía deshacerse empresas relacionadas en un plazo de seis meses, incluso entregar la administración, no la liquidación de fondo a otra administradora”, aseguró.
También volvió a cuestionarla determinación del perjuicio calculado por la Fiscalía, el que, señaló, caería hasta unos $ 75 mil millones. “Casi $ 30 mil millones desaparecen de la imputación simplemente porque se está contando dos veces la misma operación”, en referencia a los préstamos “back to back” denunciados por el organismo, afirmó.
Y volvió a argumentar que se confundió “exposición” con “perjuicio”. “Una cosa es cuánto fue el financiamiento y otra completamente distinta es cuánto fue efectivamente el perjuicio”, recalcó.
“Particularmente en el negocio de deuda privada, sea que un pagaré, por ejemplo, se haya renovado no significa por sí solo que exista un perjuicio, y tampoco significa que una operación sea fraudulenta o que el capital se haya perdido”, añadió.
Defensa de Carlos Larraín: “La ruta del dinero no conduce a él”
Le siguió la defensa de Carlos Larraín, encabezada por la abogada Catherine Lathrop, que respondió a los contratos y firmas presentadas del imputado en operaciones presentadas por la Fiscalía para acreditar conocimiento de los financiamientos investigados.
“No dan cuenta de que mi representado haya administrado fondos, dispuesto abusivamente recursos, causado el deterioro patrimonial, elaborado o remitido los estados financieros que se dicen falsos ni actuado con dolo”, aseguró.
En esta línea, afirmó que pese a que Larraín tuviera la máxima jerarquía de poderes societarios en Sartor AGF, “no hay un solo acto acreditado en la carpeta que dé cuenta de ese uso”.
Respecto de la dación en pago vinculada a Danke, en que se entregaron cuotas de fondos de Sartor para saldar una deuda con un vehículo del mismo grupo, sostuvo que “no fue suscrita por don Carlos Larraín”, afirmó, afirmando que concurrieron otros ejecutivos y directores, como Hugo Baranda, Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz.
Además, destacó que “es un hecho no discutido que mi representado no estaba en Chile siquiera en esa fecha”.
Lathrop también cuestionó la relevancia que la Fiscalía habría otorgado al fallo de la Corte Suprema. “Cuando nos dicen que la resolución que le canceló la personalidad jurídica y la existencia a Sartor AGF es intrascendente y eso no tuvo ningún impacto en la valorización de los fondos, eso no es efectivo”, afirmó, asegurando que fue esta resolución la que habría provocado la venta de carteras de créditos con descuento y el impacto de valorización a los fondos.
Finalmente, argumentó una ausencia de un beneficio económico para Larraín y llamó a seguir “la ruta del dinero”. “Esa ruta no conduce a don Carlos Larraín porque no se ha podido establecer que mi representado haya actuado con el conocimiento que se le quiere imputar y haya obtenido el beneficio que se quiere obtener”, concluyó.
Abogados de Clark recalcan falta de injerencia en AGF
Finalmente, cerró la jornada la defensa de Michael Clark, en la que su abogado, Bernardo Rosenberg, recalcó que “no es socio, no tuvo poderes, no tuvo administración, no tuvo poder de decisión ni injerencia” en Sartor AGF.
A su juicio, el Ministerio Público no precisó “qué facultad concreta habría ejercido, qué decisión material habría adoptado, cuál habría sido el perjuicio relacionado con su causalidad, qué acto de disposición efectiva realizó”.
Por su parte, su codefensora -y hermana-, Karen Clark, añadió que “no se puede seguir instalando relato sin traer algo concreto al tribunal”.
“Todo el mundo ha hablado de que hay miles de documentos, miles de información, pero el Ministerio Público trajo dos actas firmadas y una querellante trajo tres”, en la que una de ellas sería en calidad de asesor, apuntó.
También respondió a los cuestionamientos sobre el bono Nexus, caso en el que recalcó que el título se adquirió "por una carta de instrucción (de Nexus), en que el mandante (también) le solicita vender el bono y establece en qué monto debe venderlo”.
También se refirió al conocimiento sobre las operaciones en Emprender Capital que señaló la Fiscalía, para la que el organismo argumentó con un acta de directorio de 2020.
Karen Clark señaló que el imputado Mauro Valdés señaló que el documento “no sería real, que no coincide con aquella remitida en el correo electrónico que a él le enviaron, y señalando específicamente que la información sobre la capitalización de Sartor en Emprender Capital no estaba y que no se discutió en directorio”.
“El Ministerio Público no puede utilizar esa acta para sustentar una imputación que implique conocimiento. No puede servir para las dos cosas”, afirmó.
También rechazó, nuevamente, la imputación por fraude por omisión de OPA en Azul Azul, haciendo referencia a dos informes en derecho -uno del reconocido abogado Carlos Peña y otro del exregulador, Alejandro Ferreiro-, para insistir en que no compró acciones, sino cuotas de un fondo.
En cuanto al delito de lavado de activos, argumentó que la Fiscalía no habría precisado el conocimiento previo de los delitos de origen -administración desleal- ni el ocultamiento de los recursos.
Finalmente, también se refirió al fallo de la Corte Suprema, y aseguró que la resolución sancionatoria aún vigente, que se encuentra en la Corte de Apelaciones, puede también ser declarada ilegal, por lo que pidió considerar que el antecedente tiene “un manto de duda”.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 24 de agosto de 2026.Interactivo: Claudio Pérez
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro: Fiscalía cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones y solicitó formalizar a 11 imputados. La formalización se extendió entre julio y agosto, y el tribunal dio por acreditados seis de los siete delitos imputados y decretó medidas cautelares, mientras la Corte Suprema revisó la legalidad de las medidas de la CMF.
Desplaza hacia la derecha para revisar los hitos. En mobile, la cronología se presenta completa en lectura vertical.
01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
Corte Suprema declara ilegal la revocación de la AGF
La Corte Suprema anuló la Resolución Exenta N°12.118, con la que la CMF revocó en diciembre de 2024 la existencia de Sartor AGF, por no tramitar el procedimiento sancionatorio formal exigido y vulnerar el debido proceso administrativo.
Tribunal da por acreditados seis de los siete delitos
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados seis de los siete delitos imputados: administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. Desestimó el contrato simulado y fijó medidas cautelares tras 14 días de audiencia.
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