Toesca, la actual liquidadora de los fondos de Sartor AGF, volvió a la carga en tribunales en contra de los exdirectores y socios de la intervenida gestora.
Este lunes, la firma ingresó su tercera querella por la trama, en contra de Pedro Pablo Larraín, Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Alejandro Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz , Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, por los delitos de negociación incompatible y administración desleal.
Esta vez, Toesca acusó financiamientos otorgados con dinero de aportantes de sus fondos a la matriz de Sartor para la adquisición del control de Azul Azul, la concesionaria detrás del club de fútbol Universidad de Chile, realizada el 2021 mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
La operación se realizó mediante el fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport” (FIPTS, en la querella), que compró el 63,07% de las acciones de la compañía, que estaban en manos del Grupo Bethia, representado en ese entonces por Carlos Heller Solari.
Los inversionistas detrás de FIPTS, en tanto, eran Asesorías e Inversiones Sartor -la matriz del grupo- y Michael Clark, mediante Inversiones Antumalal.
Las operaciones
De acuerdo a la querella, el 19 de abril de 2021, una semana antes del aviso de inicio de la OPA, Tactical Sport suscribió préstamos con fondos de Sartor AGF: $ 3.276 millones con el vehículo “Táctico” -a través de un FIP subyacente y con vencimiento el 7 de septiembre de 2026-, y por $ 3.900 millones con “Leasing”, con vencimiento 31 de octubre de 2024.
“Adicionalmente, Asesorías e Inversiones Sartor S.A. suscribió pagaré con el FIP Sartor ‘Deuda Privada’ por $ 2.616 millones, originado en la suscripción de cuotas del FIPTS”, añadió la querella.
En tanto, “conforme al informe del liquidador de Sartor AGF, los fondos públicos ‘Leasing’ y ‘Táctico’ inyectaron $ 7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad cuyo único accionista era el propio ‘Leasing’”, agregó el documento. Otro de los vehículos públicos, “Proyección”, también financió a dicha sociedad, con $ 1.100 millones.
“Inversiones Cerro El Plomo SpA transfirió esos recursos al FIPTS para concurrir al pago del precio de la oferta pública”, sostuvo Toesca.
Mientras que el liquidador inicial de Sartor AGF, Ricardo Budinich, “denominó esta estructura como financiamiento indirecto a través de una SpA y financiamiento puente, declarando que no consta evidencia de que la operación fuera de conocimiento de los aportantes de los fondos públicos al tiempo de otorgarse los créditos”, acusó la acción judicial.
La operación quedó reflejada en una serie de pagarés que hoy se encuentran incluidos en la carpeta investigativa del Ministerio Público por el caso, suscritos en 2021 entre Inversiones Cerro el Plomo y el FIPTS, por un total de $ 4.339 millones y UF 33.954, equivalentes en esa época a $ 1.039 millones.
Deterioro del 67% en fondos involucrados
“El perjuicio se configura por la forma en que se dispusieron, comprometieron, concentraron y mantuvieron recursos del fondo Leasing, Táctico y Proyección en favor de sociedades relacionadas o vinculadas al grupo controlador, sin resguardos equivalentes, sin garantías proporcionales y con una degradación de la posición patrimonial de los fondos”, acusó la querella.
En términos de magnitud, “conforme al Informe de Peritos GNT Consultoría acompañado al expediente sancionatorio, los fondos consolidados presentaban posición agregada en Inversiones Cerro El Plomo por $ 34.779 millones al 30 de septiembre de 2024 y deudas con relacionados por $ 35.211 millones no informadas en los estados financieros, lo que configura una infracción autónoma a las normas de revelación”, afirmó.
“Las valorizaciones independientes practicadas por PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Limitada (PwC) y por Deloitte Auditores y Consultores Limitada al 31 de diciembre de 2024 establecieron un deterioro promedio de 67% sobre los activos del fondo Leasing, atribuible a alta morosidad en pagarés, baja liquidez de los instrumentos, garantías de recuperación limitadas y caída de valor de las cuotas de fondos relacionados en cartera, añadió la querella.
Finalmente, Toesca sostuvo que “la indagación posterior determinó préstamos impagos al FIPTS por aproximadamente $ 8.000 millones”.
A raíz de estas acreencias, el 11 de abril de 2025, Inversiones Cerro El Plomo SpA obtuvo el embargo de gran parte de las acciones de Azul Azul en poder del FIPTS, fundado en deuda superior a $ 7.000 millones con “Leasing” y “Táctico”.
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