El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Consejo CTCI) presentará la Estrategia Nacional de CTCI 2026, un documento que orienta la política pública en estas materias, en un acto que coincide con los 20 años de trayectoria del órgano asesor autónomo de la presidencia. El documento, de 280 páginas, será entregado esta tarde al Presidente José Antonio Kast en La Moneda para incidir en las decisiones del período 2026-2030.
La nueva versión profundiza la ruta trazada en la Estrategia 2022 y propone un “cambio de trayectoria” para consolidar la CTCI como “un pilar estructural del desarrollo” de Chile. La visión central es la construcción de “un ecosistema CTCI robusto que habilita, sustenta y acelera trayectorias de desarrollo sostenible, haciendo de Chile un referente para la transformación global”, según consigna el texto firmado por la presidenta del Consejo, Silvia Díaz, y la ministra de CTCI, Ximena Lincolao.
El diagnóstico plasmado es exigente. La inversión chilena en investigación y desarrollo (I+D) llegó a 0,41% del producto interno bruto (PIB) en 2023, lejos del 3% promedio de la OCDE. Apenas 1.804 empresas, equivalentes al 0,8% del total, declaran realizar actividades de I+D, y la tasa de innovación empresarial cayó de 14,1% en 2017 a 10,7% en 2022, frente a un 45% en países OCDE.
Además, Chile retrocedió al puesto 51 de 139 economías en el Global Innovation Index respecto de 2020, con debilidades en copublicaciones investigación-industria (puesto 100) y exportaciones de servicios TIC (puesto 102).
La Estrategia se organiza en seis objetivos estratégicos, 37 iniciativas y 179 acciones. Los dos primeros objetivos orientan la contribución de la CTCI al "bienestar sostenible" (salud, educación, cohesión social, seguridad humana) y al "crecimiento sostenible" (sofisticación y diversificación de la matriz productiva). Tres objetivos habilitantes abordan la excelencia y el monitoreo del ecosistema, las habilidades críticas y la apropiación social, y la mirada estratégica de largo plazo. Un sexto objetivo transversal aborda la institucionalidad y gobernanza sistémica.
También se identifican cuatro áreas prioritarias de contribución: desafíos de bienestar sostenible; oportunidades para el crecimiento (oferta sostenible de valor energético, recursos naturales, economías alimentarias regenerativas y economía digital, además de los laboratorios naturales del Desierto de Atacama y la Antártica); bases fundamentales del desarrollo sostenible (capacidad hídrica, suelos, ecosistemas y descontaminación); y tecnologías habilitantes, con foco explícito en biotecnología e inteligencia artificial.
Proyectos transformadores
El documento detalla ocho proyectos transformadores de rápida activación que podrían incidir en la reactivación económica y de productividad. El primero es la reforma a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, que en 2023 fue utilizada por apenas 3,8% de las empresas que declaran realizar I+D.
Las modificaciones propuestas incluyen triplicar el monto máximo anual del crédito tributario por contribuyente (de UTM 15 mil a 45 mil), dar carácter permanente a la ley, extender el beneficio a empresas que inviertan en startups de base científica tecnológica o pequeñas y medianas empresas que realicen I+D sin tener utilidades, y simplificar el reconocimiento de gastos. El Consejo estima que el sector privado dejó de rebajar alrededor de US$ 262 millones en beneficios tributarios en 2023 por no certificarse ante Corfo.
Los siete proyectos restantes contemplan el despliegue del Instituto Nacional de Litio y Salares; una plataforma industrial de I+D asociada a defensa apalancada en la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040, con potencial de 1.900 empleos directos adicionales hacia 2036 y US$ 25 millones anuales en I+D; marcos regulatorios para sitios de interés científico y activos estratégicos; un programa de Inteligencia Artificial como motor de movilidad social que incluye infraestructura nacional de cómputo, sandboxes regulatorios y al Estado como primer adoptante; el fortalecimiento de centros de excelencia para políticas públicas; una segunda fase de hubs científico tecnológicos; y la formalización de la evaluación sistémica de políticas e inversión CTCI en el Comité Interministerial.
"Chile tiene las capacidades para dar un salto cuantitativo en la manera en que el conocimiento contribuye a su desarrollo", consignó Silvia Díaz en la carta presidencial del documento, en la que también planteó que "avanzar en esta dirección requiere liderazgo, coordinación y una visión de largo plazo".
El proceso de construcción del documento incluyó una consulta pública abierta entre mayo y julio de 2025 y diálogos regionales que comenzaron en la Universidad de Concepción, con más de 2 mil participantes a lo largo del país.
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