La publicación este lunes del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la administración de José Antonio Kast ha vuelto a poner en el centro de la discusión la precaria situación de las finanzas del Estado.
En el reporte, elaborado en conjunto por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), lanzó una dura acusación: que existirían US$ 10.600 millones en el empeoramiento de las proyecciones del balance estructural del Fisco para el período 2026 al 2030 que no tienen correlato con el incremento de la deuda bruta del sector público para ese período.
Esto, al contrastar las perspectivas del IFP del tercer trimestre del año pasado con el del cuarto período de dicho ejercicio, cuando Hacienda estaba al mando de Nicolás Grau y la Dipres de Javiera Martínez.
El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, profundiza en esos hallazgos.
En su primera entrevista en el cargo -contestada de forma escrita-, el ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y máster en Economía del programa Ilades con Georgetown University explicó los próximos pasos a seguir.
¿Cuáles? Quien encabezara la estratégica División de Finanzas Públicas de la Dipres entre 2008 y 2022 afirmó que se enfocará en continuar con la investigación abierta en la Dipres para determinar las responsabilidades por el eventual “error”; analizar la posibilidad de pedirle al Congreso una mayor autorización de endeudamiento para este año; iniciar una ronda de conversaciones con especialistas para abrir una conversión sobre cómo mejorar la institucionalidad fiscal; y no cerrarse a la invitación del exministro Grau para que los equipos de Hacienda y de Dipres del gobierno pasado se reúnan con los actuales para discutir las potenciales diferencias metodológicas.
“El mayor déficit proyectado podría generar necesidades adicionales de financiamiento. Tenemos varias alternativas en evaluación, pero la decisión no está tomada y cuando tome se comunicará oportunamente”.
- ¿Cuál es la “inconsistencia” específica que detectaron entre el balance proyectado y la trayectoria de deuda?
- El IFP del cuarto trimestre del 2025 mostraba un deterioro acumulado del balance de $ 13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $ 3,9 billones. Esa brecha de 2,9% del PIB no estaba financieramente trazada y eso es lo que corregimos.
Lo que hace este IFP es restituir la trazabilidad: cada peso de déficit proyectado, tiene su correlato en la trayectoria de deuda. Esa coherencia interna es lo esperamos que este IFP restablezca.
- ¿En qué área específica de la Dipres se detectó esa “inconsistencia”?
- La brecha apareció como una diferencia entre la proyección del balance y la programación financiera de la deuda. No es un hallazgo de una persona, es del equipo sobre un proceso.
- ¿Por qué hablan de un “error” o de una “inconsistencia” si se trata de proyecciones sobre el balance fiscal y la deuda pública y no de hechos consumados?
- El término técnico que usa el IFP es brecha de consistencia, aun cuando se refiere a proyecciones.
Toda proyección tiene supuestos, y los supuestos pueden discutirse. Lo que no puede ocurrir es que, dentro de un mismo IFP, la trayectoria del balance y la trayectoria de la deuda no sean coherentes entre sí. Eso es lo que detectamos y eso es lo que corregimos.
“No estoy aquí para calificar la actuación de quienes me antecedieron, y prefiero no entrar en el plano político -incluida la discusión sobre eventuales acusaciones constitucionales”.
- ¿En qué etapa se encuentra la “investigación interna” anunciada y quién está a cargo?
- Lo que la Dipres está llevando adelante es una revisión administrativa interna de los procesos de proyección, con foco en la coherencia entre balance y deuda.
La investigación para esclarecer estos hechos se mantendrá reservada hasta su total terminación.
- ¿Tomaron en consideración el efecto sobre el stock de deuda de la variación del PIB nominal, el tipo de cambio, el uso de activos financieros y las operaciones bajo la línea, como ha planteado el exministro Nicolás Grau?
- Sí, todos esos efectos fueron analizados.
Cabe reiterar que esta es una reestimación de la deuda del IFP del cuarto trimestre del 25, que aparece en el recuadro 6 de este IFP, razón por la cual mantiene los mismos supuestos utilizados en ese informe.
Lo único que se realiza es comparar la trayectoria de la deuda con la diferencia del balance efectivo respecto del IFP del tercer trimestre del 2025.
Posibilidad de emitir más deuda
- Esta “inconsistencia”, ¿qué implicancias prácticas tiene? ¿Los obligará a pedir un mayor techo de endeudamiento al Congreso o a profundizar el ajuste del gasto fiscal?
- El financiamiento de 2026 está construido sobre el supuesto de utilizar íntegramente la autorización de endeudamiento ya aprobada en el artículo 3 de la Ley de Presupuestos 2026, por US$ 17.400 millones. Eso es lo que corresponde con la información disponible hoy.
Dicho esto, el mayor déficit proyectado podría generar necesidades adicionales de financiamiento. Tenemos varias alternativas en evaluación, pero la decisión no está tomada y cuando se tome se comunicará oportunamente.
- ¿Cómo responde a las explicaciones del exministro Grau, quien sostiene que esto no es un error metodológico sino la operación normal del puente entre balance y deuda?
- Esa es una conversación técnica que espero tener con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y que prefiero anclar en los números, no en la disputa de personas.
Las variables que se han mencionado en el debate pueden efectivamente explicar por qué un déficit no se traduce uno a uno en mayor deuda.
Sin embargo, lo que mostramos en el recuadro 6 del IFP es que la trayectoria del mayor déficit fiscal, controlando por los mismos supuestos macroeconómicos, no se condice con las mayores necesidades de financiamiento.
En todo caso, no estoy aquí para calificar la actuación de quienes me antecedieron, y prefiero no entrar en el plano político -incluida la discusión sobre eventuales acusaciones constitucionales.
Mi tarea es asegurar que el IFP que presentamos sea internamente consistente y que las trayectorias publicadas hagan sentido. Eso es lo que ofrece este informe.
¿Reunir a los equipos actuales y anteriores?
- ¿No siente que estas acusaciones pueden generar un desprestigio hacia la institucionalidad fiscal de nuestro país?
- El Informe de Finanzas Públicas no está acusando a nadie, lo que hace es corregir una trayectoria de deuda. Considero que mostrar esta corrección de manera transparente fortalece la institucionalidad fiscal.
Comparto la preocupación por la institucionalidad fiscal, así como la necesidad de actuar siempre dentro de la responsabilidad fiscal. En esta misma línea tenemos que mirar al futuro, hacernos cargo de la realidad y aportar para que Chile vuelva a crecer y tenga una situación fiscal más sólida.
- El exministro Grau propuso reunir a los equipos técnicos de Dipres y de Hacienda de las administraciones Boric y Kast para zanjar las diferencias metodológicas. ¿Está disponible para hacerlo?
- Mi disposición a la conversación técnica es total y permanente. La Dipres es una institución técnica y se beneficia de toda discusión rigurosa sobre sus métodos.
Dicho eso, los canales habituales para ese tipo de revisión son institucionales y ya están operando.
En particular, hemos entregado la información del cálculo de deuda al Consejo Fiscal Autónomo, información que, todo indica, no se entregaba antes, al tiempo que nos hemos puesto a su disposición para entregar toda la información que ese consejo necesite. El CFA en su mandato legal, revisará dicha información y seguramente iniciaremos una ronda de muchas conversaciones destinadas a mejorar la institucionalidad fiscal.
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