Si bien la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre -el primero de la administración de José Antonio Kast- trajo como principales novedades la denuncia de un eventual error de cálculo en la proyección de deuda bruta del Gobierno Central entre 2026 a 2030, el reporte incluye muchas otras novedades.
Una de las principales es el estado de situación actual del millonario recorte de gasto por US$ 6.000 millones que está implementando el actual Ejecutivo, que hasta el momento suma US$ 2.000 millones en lo que va de este año.
En uno de los recuadros del IFP, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) aterrizan el estado de avance y cuánto se ajustaron respectivamente los erarios de cada repartición.
Así, de las 27 partidas presupuestarias, 17 recortaron su gasto en el 3% parejo que instruyeron Hacienda y la Dipres. Se trata de la Presidencia de la República, Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría General de la Presidencia, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Mujer y Equidad de Género, Servicio Electoral y Gobiernos Regionales.
En cambio, hubo tres reparticiones que se apretaron el cinturón por sobre la meta de Hacienda: Culturas Artes y el Patrimonio fue la que más aportó porcentualmente, con un recorte equivalente a un 9,8% de su erario.
Luego le siguió la cartera de Economía, Fomento y Turismo, con un recorte de un 5,8% de su erario.
El podio lo cierra Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que vio reducirse sus recursos en un 4,7% del erario aprobado.
Luego, hubo siete áreas donde el recorte fue menor al 3%: Hacienda (2,8%), Educación (1,3%), Trabajo y Previsión Social (1,1%), Salud (2,5%), Secretaría General de Gobierno (2,4%), Desarrollo Social y Familia (2,5%), y el Tesoro Público (1,5%).
En términos absolutos, el ajuste fue encabezado por la cartera de Salud, con $ 435.314 millones (más de US$ 480 millones), seguido de Vivienda ($ 200.202 millones), Educación ($ 197.881 millones), Tesoro Público ($ 150.379 millones) y Obras Públicas ($ 131.699 millones).
Según el IFP, la primera etapa del ajuste -ya en trámite ante la Contraloría General de la República- totalizó US$1.937 millones y afectó a 26 de 33 partidas presupuestarias. La rebaja se distribuyó entre gasto corriente (48,9% del total ajustado), gasto de capital (25,3%) y transacciones financieras (25,8%). Al incorporar el ajuste en transacciones financieras bajo la línea ($ 454.532 millones), el efecto total acumulado alcanza $ 1.762.261 millones, equivalente al 0,5% del PIB.
La segunda etapa contempla cuatro ejes: mejora de la focalización del gasto social, cambio de paradigma en la planificación financiera de mediano plazo, modernización de gestión del rol del Estado como dueño e inversionista de empresas públicas, y el plan de gestión de activos institucionales.
Se anticipa sobreejecución este año
En el citado recuadro, Teatinos 120 analiza el estado de la ejecución presupuestaria del sector público al cierre del primer trimestre, lo que permite también proyectar el gasto para el año en su conjunto.
Así, en términos interanuales, el gasto fiscal creció 5,1% real en el tercer mes del año, con lo que acumula en el primer trimestre un avance de 0,7% real. Por componente, el resultado se explica principalmente por el dinamismo del gasto corriente, que aumentó 6,9% real en el mes, impulsado por el mayor gasto en personal, prestaciones previsionales y transferencias corrientes.
"Este ritmo de crecimiento del gasto corriente, al que se le suma el incremento de 6,8% anual en febrero, no es compatible con la variación real anual de 1%, implícita en la proyección del IFP del cuarto trimestre de 2025", advierte el reporte, que agrega que el gasto de capital mostró caídas de 5,7% real en marzo y de 13,8% en el primer trimestre.
"En esa línea, desde una perspectiva de avance presupuestario, el gasto total acumulado al primer trimestre alcanzó una ejecución de 24% de la Ley de Presupuestos aprobada, nivel que, considerando la estacionalidad histórica del gasto fiscal en los últimos 10 años (excluido 2021), es compatible con una ejecución presupuestaria del 103,9% de lo aprobado para el año 2026", proyecta el IFP, lo que implica una sobrejecución del erario fiscal este año.
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Sebastian Valdenegro
