La disputa por el futuro del proyecto inmobiliario Alto Santorini, en el sector de Reñaca Norte, en las inmediaciones del Campo Dunar de Concón, sumó un nuevo capítulo judicial y administrativo, ya que la inmobiliaria Lote 21 ingresó un recurso de reposición ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar para dejar sin efecto la resolución que declaró la caducidad definitiva del permiso de construcción, otorgado en 2017.
La acción apunta directamente a la Resolución DOM N°71/2026 emitida el 6 de mayo, mediante la cual el municipio constató la caducidad del permiso del proyecto ubicado en Reñaca Norte N°30, argumentando que las obras permanecieron paralizadas por más de tres años. Sin embargo, la inmobiliaria sostiene que esa paralización no fue producto de abandono ni inactividad del titular, sino consecuencia de sentencias judiciales, órdenes de no innovar y exigencias ambientales que impedían continuar las obras.
En el recurso presentado por el abogado Jean Paul Couchot, la empresa afirma que la DOM “pretende transformar una imposibilidad jurídica de ejecutar obras (impuesta por sentencias, órdenes de no innovar, tramitación ambiental obligatoria y actos administrativos de inhibición) en una paralización imputable al titular. Esa operación resulta ilegal, arbitraria y todavía más, contradictoria con la conducta previa de la propia Municipalidad".
El documento agrega que durante ese período el proyecto estuvo sometido a una orden de ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de una orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El punto central del conflicto
Uno de los principales argumentos de la inmobiliaria es que la propia Municipalidad de Viña del Mar habría reconocido anteriormente que el permiso seguía vigente y que las obras estaban suspendidas por causas judiciales. El recurso menciona una resolución emitida por la DOM en febrero de 2025, donde el municipio rechazó un anteproyecto alternativo argumentando precisamente que existía un “permiso vigente de obra nueva”, con obras iniciadas y paralizadas por sentencia judicial.
“Si la caducidad se habría producido, según la Resolución N° 71/2026 el 1 de octubre de 2024, resulta contradictorio que la DOM, cuatro meses después, invocara ese mismo permiso como vigente” sostiene la presentación.
En conversación con DF Regiones, Moisés Kuperman Hanff, representante legal de inmobiliaria Lote 21, sostuvo que la empresa ejercerá sus “derechos en las instancias pertinentes” frente a la resolución de la Dirección de Obras. “Es imposible que nos corra un plazo si estamos detenidos por una orden de no innovar emanada de un órgano superior de justicia como es la Corte de Apelaciones”, señaló. “Menos aún si debemos acatar un fallo de la Corte Suprema que obliga a paralizar las obras mientras no tengamos una resolución de calificación ambiental”, agregó.
Moisés Kuperman Hanff, representante legal de Inmobiliaria Lote 21.
La empresa también cita un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictado en diciembre de 2024, relacionado con el reclamo de ilegalidad contra el proyecto, donde el tribunal declaró que el permiso “se encuentra en suspenso” mientras continúe pendiente la evaluación ambiental.
“Las obras aludidas no pueden ejecutarse mientras dicho procedimiento permanezca pendiente. Por lo tanto, el permiso de obra nueva tantas veces referido se encuentra en suspenso”, indica el considerando citado en el recurso.
Obras detenidas desde 2019
El conflicto en torno a Alto Santorini se arrastra desde 2019, cuando la Corte Suprema confirmó la obligación de ingresar el proyecto al SEIA, luego de recursos presentados por organizaciones vinculadas a la protección del campo dunar de Concón. La controversia se originó por el eventual impacto del proyecto sobre el ecosistema del santuario de la naturaleza.
Desde entonces, la inmobiliaria asegura que quedó jurídicamente impedida de continuar las obras, situación que además habría sido reconocida por distintos organismos administrativos y judiciales.
El recurso también acusa a la DOM de aplicar un “cómputo selectivo” para determinar la caducidad, ya que sí descontó los plazos asociados a las suspensiones administrativas derivadas de la pandemia, pero no el período en que existieron restricciones judiciales y ambientales sobre el proyecto.
La presentación administrativa no solo busca revertir la caducidad del permiso. La inmobiliaria también dejó expresa reserva de ejercer futuras acciones indemnizatorias por los eventuales perjuicios asociados al caso.
El proyecto Alto Santorini considera dos torres independientes de 28 y 10 pisos destinadas a uso habitacional y comercial. Se emplaza en un terreno de aproximadamente 5.720 metros cuadrados y forma parte del sector de Reñaca Norte donde se produjo la crisis de socavones que afectó al edificio Kandinsky.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
