El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Francisco Sánchez, exintendente de Atacama y exsubgerente general de SCM Atacama Kozan a cuatro años de presidio efectivo por el delito de estafa reiterada.
La justicia concluyó que, entre 2013 y 2018, se ejecutaron distintos mecanismos para cargar gastos personales y pagos sin respaldo a la minera, provocando un perjuicio superior a $ 218 millones. Rodrigo Albornoz, exgerente de Finanzas de la compañía, fue condenado como cómplice y recibió una pena de dos años con cumplimiento remitido.
La lectura de sentencia se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó, instancia en la que además se decretó la prisión preventiva de Sánchez mientras se ejecuta el fallo, tras acogerse la solicitud presentada por los querellantes.
Sánchez se desempeñó como subgerente general de Atacama Kozan y posteriormente como intendente regional entre julio de 2018 y febrero de 2019, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Según la acusación presentada por SCM Atacama Kozan, tanto él como Rodrigo Albornoz habrían aprovechado sus cargos y facultades administrativas para ejecutar operaciones que terminaron afectando patrimonialmente a la minera chileno-japonesa.
Mecanismos defraudatorios
La acusación describe cuatro mecanismos distintos mediante los cuales se habría sobrevalorado contratos y cargado gastos particulares como si correspondieran a costos operacionales de la compañía.
Uno de ellos involucró a la empresa Gestión y Comunicaciones San Lorenzo, conocida comercialmente como “Atacama Viva”, sociedad vinculada a Sánchez. Según los antecedentes expuestos en el juicio, representantes de empresas contratistas de Atacama Kozan suscribieron servicios publicitarios de esa firma mientras mantenían relaciones comerciales con la minera. La acusación sostiene que se emitieron órdenes de compra por servicios inexistentes, sin respaldo o sobrevalorados, generando pagos por más de $ 10,9 millones.
Otro de los mecanismos estuvo relacionado con la empresa Eklipse, contratista encargada de servicios de alimentación y aseo. De acuerdo con la acusación, entre enero y diciembre de 2018 se incorporaron a estados de pago distintos gastos personales de Sánchez, entre ellos jardinería, gastos comunes, obras civiles en su vivienda ubicada en Chamonate, servicios arquitectónicos y compras de mercadería. El monto cuestionado en este punto supera los $ 180 millones.
La investigación también apuntó a pagos asociados a Transportes Oviedo, empresa que habría facturado traslados particulares, viajes intercomunales y compras de parafina cargadas a Atacama Kozan por más de $ 9,3 millones.
Un cuarto mecanismo descrito en la acusación involucra a la empresa Bruno Del Pero y Cía., donde se habrían incorporado pagos asociados a remuneraciones de personal doméstico, trabajos de jardinería y compras personales de Sánchez dentro de contratos de mantención menores de la minera. El perjuicio atribuido en este caso fue estimado en más de $ 18,2 millones.
En total, la acusación sostiene que las operaciones permitieron “abultar o sobrevalorar” contratos y disfrazar gastos personales bajo cuentas operacionales de la minera, provocando un perjuicio superior a $ 218 millones.
Prisión preventiva
Tras la lectura de sentencia, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva respecto de Sánchez. Según el acta de audiencia, la decisión se fundó en la gravedad de los hechos, la extensión temporal de la estafa y la existencia de otra causa pendiente en su contra.
“El Tribunal de mayoría concuerda con los argumentos expuestos por el querellante”, señala la resolución, agregando que la libertad del condenado representaba “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Respecto de Rodrigo Albornoz, el tribunal mantuvo únicamente la medida cautelar de arraigo nacional mientras se ejecuta la sentencia.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
