El Primer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada contra la aprobación ambiental del proyecto minero Playa Verde en la comuna de Chañaral, en un proceso que busca impugnar la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La acción fue presentada por Manuel Cortés Alfaro, quien actúa como reclamante en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuestionando la legalidad de la resolución que terminó aprobando el proyecto. El origen del conflicto está en que la iniciativa había recibido inicialmente una calificación ambiental desfavorable, la que posteriormente fue revertida tras un recurso presentado por la empresa titular del proyecto Playa Verde.
En audiencia, el abogado del reclamante, Marcos Emilfork, sostuvo que la aprobación se habría dictado sin descartar adecuadamente los impactos del proyecto, en particular los riesgos asociados al manejo y disposición de las arenas de retorno en el sector Playa Verde.
El caso pone en el centro la evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales vinculados al tratamiento de relaves, uno de los puntos más controvertidos del proyecto.
Proyecto y cuestionamientos
La iniciativa contempla una inversión cercana a US$ 95 millones y busca recuperar cobre desde depósitos históricos de relaves mediante dragado y procesamiento, con posterior retorno de las arenas tratadas al mismo sector.
Según los antecedentes expuestos, el cuestionamiento principal apunta a que durante la evaluación ambiental no se habrían descartado de forma fundada los efectos sobre la salud de la población, en un contexto donde el proyecto considera intervenir material depositado en la zona costera de Chañaral. En esa línea, el abogado del reclamante, Marcos Emilfork, sostuvo que la aprobación se habría otorgado sin descartar adecuadamente los impactos del proyecto, particularmente en lo relativo al manejo y disposición de las arenas de retorno en Playa Verde.
Defensa del proceso
En la instancia, tanto el SEA como la empresa defendieron la validez técnica del proceso de evaluación ambiental, sosteniendo que la iniciativa cumple con los estándares exigidos y que los impactos fueron debidamente analizados.
La reclamación, en ese marco, busca revertir la resolución que permitió la aprobación del proyecto, reabriendo el debate sobre los criterios utilizados para evaluar este tipo de iniciativas ligadas a relaves mineros.
El tribunal deberá ahora analizar los antecedentes presentados por las partes para resolver si la calificación ambiental favorable se ajusta o no a derecho, en un caso que podría incidir en futuros procesos de evaluación de proyectos similares en el país.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
