La arista penal del caso Primus volvió a reactivarse. Este martes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de querella en contra de los cuatro imputados principales de la trama desatada al interior del factoring de Raimundo Valenzuela.
En su acción judicial, el organismo acusó al exgerente general de la compañía, Francisco Coeymans, al exdirector comercial de la firma, Ignacio Amenábar, al abogado Antonio Guzmán y al empresario Marcelo Rivadeneira de subdeclarar sus rentas personales y evadir más de $ 5.407 millones en Impuesto Global Complementario entre 2020 y 2024.
En detalle, el SII denunció el delito de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas a los cuatro imputados por los años tributarios 2020 a 2023, con carácter de reiterado. En tanto, a Coeymans, Rivadeneira y Guzmán también se les acusa en la querella de omisión maliciosa de declaración de renta, por el año tributario 2024.
El perjuicio fiscal se suma al millonario fraude de más de $ 40.000 millones que ya investiga el Ministerio Público desde el año 2023. En el caso, a los cuatro investigados se les imputa el uso de facturas falsas, sociedades de papel y testaferros para desviar recursos de la compañía.
Ganancias personales
La querella relató que tanto Coeymans, Amenábar, Guzmán y Rivadeneira, durante los períodos tributarios comprendidos entre los años 2020 y 2023 -y en el caso de Amenábar, también en 2024- “habrían subdeclarado sus ingresos en sus respectivas declaraciones anuales de renta, presentando formularios N° 22 maliciosamente falsos o incompletos, lo que se tradujo en el pago de una menor suma por concepto de Impuesto Global Complementario respecto de la que efectivamente les correspondía enterar en arcas fiscales”.
Estos ingresos vendrían desde sociedades involucradas en el esquema denunciado por Primus e investigado por el Ministerio Público, como parte de las ganancias personales que habrían obtenido por el fraude.
La querella detalló que Amenábar recibió entre 2020 y 2024 unos $ 3.500 millones, mientras que lo declarado al servicio sería menor, provocando un perjuicio fiscal de $ 1.541 millones, actualizado a marzo pasado.
En tanto, Guzmán concentraría el mayor perjuicio fiscal del grupo. De acuerdo con el documento, las cuentas bancarias del abogado anotaron ingresos por $ 5.084 millones, con un perjuicio fiscal que llega a los $ 2.497 millones actualizados a marzo de 2026.
Por su parte, Rivadeneira anotó un perjuicio fiscal de $1.127 millones a marzo pasado, denunció el SII.
Finalmente, Coeymans habría subdeclarado sus rentas entre 2020 y 2023, mientras que en 2024 no presentó su declaración de impuestos, “pese a que recibió sueldos, tuvo retenciones de impuesto único de 2da. Categoría, obtuvo mayor valor en inversiones de capital y realizó transferencias desde su sociedad Coco Investments SpA”. En detalle, la querella le acusa un perjuicio fiscal de $ 241 millones a marzo pasado.
Fondos desde Primus
En su querella, el SII detalló una serie de hallazgos desde las cuentas corrientes de las sociedades de los imputados con dineros provenientes desde Primus.
En detalle, la cartola de la sociedad Asesorías Claudia Pizarro González E.I.R.L., perteneciente a la cónyuge de Rivadeneira, registró abonos por $ 18.017 millones, de los cuales “la principal fuente de ingresos corresponde a la sociedad Primus Capital S.A., cuyos abonos representan aproximadamente el 62% del total recibido”.
Un caso similar arrojó Inversiones Trima SpA, también vinculada al entorno de Rivadeneira, que recibió $ 41.126 millones entre 2021 y 2022, de los que el factoring representó un 72%, unos $ 29.670 millones.
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