La Fiscalía Nacional Económica (FNE) propuso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que evalúe formular una recomendación de modificación normativa al Presidente de la República, a través del ministro del Trabajo, Tomás Rau, para proteger la libre competencia en el mercado de las mutualidades, ajustando el precio del seguro laboral obligatorio al valor efectivo de otorgar las prestaciones previsionales.
Esta propuesta fue planteada en la audiencia pública convocada por el TDLC en el marco de dos consultas presentadas por privados -Inversiones Renacer ligada a Andes Salud en 2023 y Unidad Coronaria Móvil en 2025- sobre la participación de las mutualidades en la prestación de servicios de salud fuera del ámbito de la administración del seguro laboral obligatorio.
En la audiencia, realizada el miércoles 27 de mayo recién pasado, la abogada de la división antimonopolios de la FNE, Julie Massmann, señaló que, dado que las mutualidades administran un seguro social financiado por cotizaciones obligatorias fijadas por ley, cualquier uso de estos recursos para participar en mercados no regulados debe ser excepcional y estar estrictamente supervisado para evitar distorsiones en los procesos competitivos.
La experta explicó que actualmente los recursos obtenidos de las cotizaciones obligatorias no están siendo destinados de forma exclusiva a las prestaciones contempladas en la ley y que resulta fundamental que la cotización fijada por ley se base en parámetros objetivos vinculados a los costos efectivos de proveer las prestaciones del seguro y la siniestralidad real.
Para la FNE, el principal riesgo para la libre competencia derivado de la participación de las mutualidades en mercados no regulados se relaciona con la posible existencia de subsidios cruzados originados por el financiamiento con cotizaciones del seguro laboral obligatorio de actividades en mercados no regulados, y una falta de regulación y fiscalización adecuadas por parte de la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso).
La institución planteó que la medida propuesta evitaría la generación de excedentes estructurales y capacidad ociosa en exceso que posibiliten los subsidios cruzados y la expansión desmedida por parte de las mutualidades hacia otros mercados, abordando el origen estructural de los problemas de competencia detectados en su investigación.
En su presentación, la Fiscalía abordó otras propuestas a ser recomendadas directamente a la Suceso, las que, además de ser proporcionales a los riesgos y problemas de competencia identificados y perfeccionar el régimen existente, cumplirían un rol preventivo y facilitarían una posterior fiscalización sobre la eventual existencia de subsidios cruzados.
Las medidas sugeridas se refieren a, por un lado, realizar una revisión y evaluación periódica sobre las tasas de cotización, con el objeto de que se ajusten al costo efectivo de otorgar las prestaciones de salud previsional que buscan cubrir.
Por otro lado, el persecutor pide exigir mayor transparencia en los costos de prestación del seguro laboral obligatorio y actividades de salud común, por ejemplo, mediante la separación contable o giro único para las mutualidades.
Como tercera solicitud, la entidad sugiere aplicar una mayor regulación y fiscalización efectiva de las filiales de las mutualidades. Por último, recomienda establecer criterios objetivos y cuantificables para la instalación y financiamiento de policlínicos y salas de primeros auxilios.
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