Una favorable pero cautelosa mirada respecto al impacto de las propuestas laborales del proyecto de reconstrucción del gobierno -principalmente el crédito tributario al empleo- predomina entre los reclutadores. Así lo constató la última edición del Panel Laboral UNAB elaborada por el Instituto de Políticas Públicas de la citada casa de estudios entre head hunters de ejecutivos.
La medición, que se hace en colaboración con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Alumni de la Universidad Andrés Bello, mostró que existe una percepción “moderadamente positiva” respecto del impacto que tendría el conjunto de medidas del proyecto sobre la creación de empleo formal, particularmente del crédito tributario, la reducción de impuestos a empresas y los incentivos a la inversión.
Un 50% de los panelistas planteó que las medidas serán “efectivas” o “muy efectivas”, mientras que un 42% estimó que su impacto sería “moderadamente efectivo”, con consecuencias parciales y concentradas en determinados sectores o segmentos del mercado laboral.
Las posiciones más críticas fueron minoritarias: apenas un 8% consideró que las medidas serían “poco” o “nada efectivas”.
“Puede ayudar, pero no basta. Es una política proempleo formal más creíble si opera como parte de una estrategia integral de crecimiento, productividad, capacitación, fiscalización de la informalidad y apoyo a empresas pequeñas”, planteó Ariela Dymensztain, de AD Consulting.
Una perspectiva similar entregó Patricia Codecido, de Global Jobs, para quien este tipo de medidas puede contribuir a dinamizar parcialmente la contratación formal. Sin embargo, dijo que “la generación de empleo sostenible también depende de factores como la confianza económica, la estabilidad regulatoria y la capacidad de las empresas para proyectar crecimiento en el tiempo”.
Con relación al crédito tributario, el instrumento es visto con buenos ojos. Decidor, el principal efecto esperado por los reclutadores sería la reducción de la informalidad laboral, con un 42% de las preferencias.

En segundo lugar, un 33% consideró que el mayor impacto sería la creación de nuevos empleos formales, mientras que un 8% estimó que la medida podría favorecer especialmente la inclusión y formalización de grupos específicos con mayores dificultades de acceso al empleo formal.
Además, un 42% cree que la medida beneficiará principalmente a las pequeñas empresas y un 46% consideró que los resultados e impacto se verán dentro de los próximos dos a tres años.
Pero el panel también identificó posibles problemas que podría tener el instrumento. El principal riesgo mencionado fue que el incentivo resulte insuficiente para modificar de manera efectiva las decisiones de contratación: un 42% consideró que la magnitud del beneficio podría no generar cambios relevantes en el comportamiento de las empresas. A eso se suma que un 33% advierte una cobertura acotada.
“Al tratarse de un crédito tributario, su efectividad dependerá de que las empresas cuenten con obligaciones tributarias suficientes para imputarlo y de que los trabajadores se encuentren dentro de los tramos salariales definidos”, afirmó Cecilia Besa, de TestaNova.
Lo que falta
El grupo de head hunters también fue consultado respecto de las medidas que creen que debieran incorporarse como prioridad para aumentar el empleo formal.
Este ejercicio arrojó que la opción más mencionada fue una mayor flexibilidad en la jornada laboral y ajustes asociados a la implementación de la Ley de 40 horas, con 23,8%.
Le siguieron incentivos específicos para las PYME (21,6%) y una mayor certeza regulatoria y estabilidad de las reglas del juego (21,5%). En cuarto lugar apareció la reducción de costos de despido, con 16,7%.
Para la economista e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Sandra Bravo, los resultados reflejan que los especialistas perciben que las medidas van en la dirección correcta, pero también advirtieron que el empleo formal difícilmente se fortalecerá solo con incentivos tributarios.
“Sus efectos dependerán de la capacidad de generar crecimiento, inversión y mayor confianza empresarial, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los expertos coinciden en que las políticas de empleo formal deben complementarse con mayor flexibilidad laboral, incentivos para las PYME y una mayor certeza regulatoria”, dijo.