En el contexto de la llamada “Inspección total del Estado”, la actual administración del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) descubrió más de $ 30 mil millones en deudas “fantasmas”, es decir, que no cuentan ni con contratos ni con los trámites administrativos pertinentes.
La cartera liderada por Louis de Grange -quien ahora también es la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas- reveló que estas irregularidades corresponden a compromisos de años anteriores que no fueron pagados de forma oportuna, algunos de ellos desde hace cuatro años, y que por ello impactan en el presupuesto de 2026.
De hecho, la suma en cuestión representa un quinto de los recursos disponibles para el MTT este año y, según comentaron conocedores dentro de la repartición pública, dan cuenta del desorden existente en este ministerio durante la administración anterior.
“Estamos ante una situación no solo grave, sino que completamente irregular porque son servicios al Estado que no se pagaron y no estaban regularizados, es decir, no existía ningún tipo de contrato, decreto ni trámites administrativos necesarios”, señaló Louis de Grange, quien detalló que por su magnitud y trascendencia “podrían acarrear responsabilidades administrativas o demandas civiles”.
El secretario de Estado acusó que “el gobierno anterior no transparentó estas deudas en el proceso de traspaso al actual equipo ministerial y comprometió recursos sin ningún respaldo para que se hiciera cargo el gobierno del Presidente José Antonio Kast”.
El ministro dijo que como estos servicios no tenían respaldo, no fueron presupuestados por lo que no se pudieron computar como deuda flotante, que es algo que administrativamente se puede pasar de un año a otro.
“Todo esto deja de manifiesto que en la administración anterior no existió el debido resguardo por los recursos públicos. Cuando un servicio, en este caso el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, compromete recursos públicos, tiene que hacerse en base a un contrato, convenio u otro acto en que la autoridad apruebe esta interacción entre el privado y el Estado. Acá, nada de esto ocurrió. No solo estamos frente a un desorden fiscal, sino a un nivel de irresponsabilidad grave en el manejo de los recursos del Estado”, dijo el ahora biministro de MTT y MOP.
El grueso de estas deudas proviene de Transportes, donde la actual administración identificó una acreencia heredada 1.000% más grande respecto del inicio del gobierno anterior, de $ 27.188 millones, asociada a 111 contratos, cifra que podría elevarse en la medida que continúe la revisión de antecedentes. A ese monto se le debiese agregar otros $ 3.430 millones relacionados a regularizaciones del ejercicio 2025 que no fueron incorporadas inicialmente en el presupuesto de este año.
Barcaza en Lago General Carrera opera sin contrato
Las deudas varían en antigüedad y montos. La más longeva, según el ministerio, data del 1 de septiembre de 2022 y corresponde al servicio de barcazas lacustres que operan en el Lago General Carrera, debiéndose al operador de esas naves más de mil millones de pesos.
El operador César Hechenleitner -quien se hizo cargo del transporte en el lago austral en julio de 2025, tras abandonar otros operadores- contó que asumió con un contrato por un año con la opción de prórroga de seis meses más, pero que "resulta que se va a cumplir un año desde iniciado el servicio, y aún no a ingresado el contrato a Contraloria para la Toma de Razón".
Detalló que "la explicación es que la unidad legal del MTT lo debe revisar con detalle antes de ingresarlo".
"De acuerdo a nuestra experiencia sabemos que estos proceso tardan cuatro a seis meses, que ya es bastante, pero en este caso en particular donde además del Ministerio de Transportes debe concurrir a la firma la Dirección de Obras Portuarias (dueña de la embarcación La Tehuelche), el plazo a superado lo razonable, y con eso se coloca en riesgo la continuidad operacional del servicio, y esa inquietud la hemos transmitido a las autoridades locales y a nivel central en el Ministerio".
Las deudas más abultadas
En términos de cuantía, las acreencias más elevadas están vinculadas al subsidio al transporte público, que a este año ascienden a $ 26.148 millones.
En este ítem, hay gastos relativos a conectividad a zonas rurales y aisladas (casi $ 6.000 millones en deudas este año) y rebajas en la tarifa de buses urbanos ($11.291 millones) en donde se computan ayudas al adulto mayor. Por regiones, la zona de mayores atrasos en los pagos es el Gran Valparaíso, indicaron en la repartición pública.
Qué dice el exministro Muñoz
El antecesor de De Grange, Juan Carlos Muñoz, calificó como "llamativas" las denuncias del actual secretario de la cartera "dado que tanto los contratos como los actos administrativos del Estado pasan por filtros legales".
Y detalló que en el caso del MTT "esto se traduce en la revisión de la auditora interna -quién viene de administraciones pasadas- y también de la propia Contraloría General de la República". Por ello, agregó, es extraño hablar de contratos “fantasmas” cuando "todas nuestras licitaciones y contratos cumplieron cabalmente con las normas exigidas por la Contraloría General de la República, entre las cuales está el control previo mediante la toma de razón".
Hizo ver que por norma no es posible comprometer iniciativas sin presupuesto. "Si ese hubiese sido el caso, ni la Dirección de Presupuestos hubiese dado el visto bueno a las licitaciones ni la Contraloría General de la República hubiese aprobado las bases ni los contratos. Lo anterior, ya que el ente contralor exige el certificado de disponibilidad presupuestaria que entrega la Dipres para cada proyecto que pretenda ser tomado de razón", dijo el exministro.
Ahora bien, con relación a contratos que se traspasan de una administración a otra, "esto es algo que ocurre de manera permanente en la gestión del Estado y acusar de irregular esto más bien responde al desconocimiento de manejo del Estado que a una anomalía".
Pero el MTT retrucó esta explicación. Según aclaró el ministerio, esta deuda se generó debido al inicio anticipado de servicios, cuyos contratos nunca se concretaron aun cuando los servicios se siguieron prestando.
"Si hubiesen existido los contratos, efectivamente habrían pasado por todos los filtros, incluidos Dipres y Contraloría en los casos que corresponda, pero ese no fue el caso", marcó.
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Valeria Ibarra
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