En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzaron los alegatos de apertura del juicio oral en contra del empresario de la construcción Alejandro Becker, fundador y dueño de Constructora CIAL. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo acusan de una serie de delitos económicos, entre ellos fraude al fisco, provocación de insolvencia, ocultamiento, distracción de bienes y ocultamiento de libros contables, por montos que superan los $ 400 millones.
Mientras la Fiscalía de Delitos Económicos solicita penas que van desde los 541 días hasta los tres años y un día de presidio, la acusación particular, liderada por el CDE, está pidiendo un castigo mucho más severo: 10 años y un día de cárcel para el empresario.
El juicio, que está agendado para extenderse durante nueve jornadas, es el desenlace judicial de una de las caídas empresariales más comentadas del sur de Chile en la última década.
La caída de CIAL y la factura irregular
La causa tiene sus raíces en la estrepitosa caída de la empresa Constructora Ingenieros Asociados Ltda. (CIAL). Tras 38 años de operación ininterrumpida y siendo uno de los contratistas más fuertes del MOP en la región, la empresa se declaró en quiebra en junio de 2018. El colapso dejó a más de 1.200 trabajadores cesantes (800 directos y 400 indirectos).
En aquel entonces, Becker justificó la insolvencia acusando al MOP de no pagar las obras de 16 contratos vigentes. Sin embargo, las autoridades de la época descartaron dichas deudas, señalando que los pagos estaban al día según los estados de avance.
Hoy, la justicia pone el foco en las irregularidades de esos contratos. Según explicó el fiscal de delitos económicos, Raúl Espinoza, uno de los puntos centrales de la acusación se centra en la ejecución de un contrato de obras viales en La Araucanía. En este contexto, Becker habría emitido facturas de manera indebida, provocando un perjuicio directo a las arcas fiscales.
El abogado del CDE, Claudio Jara, quien actúa como querellante en la causa por el delito de fraude al fisco contra la Dirección de Vialidad del MOP, precisó el monto: "Se persigue la responsabilidad de Becker como representante legal de la empresa constructora CIAL (...) específicamente por la emisión de una factura por $ 424 millones".
La ruta del dinero: paraísos fiscales y otra quiebra
Pero el fraude al fisco no es el único flanco del empresario. El Ministerio Público también detalló maniobras para eludir el pago a sus acreedores a través de lo que se denomina "insolvencia impunible".
La investigación detectó una serie de transacciones efectuadas por otra compañía de propiedad de Becker hacia sociedades creadas en Panamá. El objetivo del traspaso de decenas de propiedades a estas empresas offshore habría sido ocultar su patrimonio y perjudicar a los acreedores de la sociedad "Agrícola Los Pinos", firma de su propiedad que, posteriormente, también fue declarada en quiebra.
La sala que deberá resolver el futuro penal del empresario —cuyos abogados declinaron hacer comentarios a la prensa al inicio de las audiencias— está integrada por los jueces Luis Torres Labbé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre. Ellos tendrán la misión de ponderar las pruebas de la Fiscalía, la defensa y los querellantes en este caso.
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