A presidio menor en su grado mínimo por los delitos de provocación o agravación de la insolvencia, fue sentenciado el empresario maderero Jaime Armando Venturelli González. La sanción impartida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco certifica el esquema de defraudación superior a los $ 5 mil millones, tras la quiebra de Maderas Jaime Venturelli y Cía. Ltda., hecho que afectó a 500 trabajadores, al Fisco y a una decena de acreedores.
El tribunal condenó también, y bajo la misma pena, a Pablo Andrés Venturelli Gallegos, hijo del empresario temuquense, por su cooperación en la provocación o agravación de la insolvencia.
Las condenas del líder empresarial y su hijo responden, en el caso del padre, a tres penas de 541 días cada una, que serán sustituidas por libertad vigilada intensiva durante los 1.623 días que implican las sanciones originales. En el caso de Venturelli Gallegos, se trata de dos penas, de 100 días cada una, que deberá cumplir con remisión condicional por un año.
Tras esta resolución judicial, la abogada querellante Javiera Venegas, en representación de BancoEstado, dijo a DF Regiones que "la cuantía de la pena está regulada en base a las normas legales, pero lo que creemos más importante es el trasfondo que hay detrás de la condena misma, más allá de la cuantía propiamente tal".
“Criminalidad económica”
En esa línea y desde la mirada del delito financiero y el impacto para los acreedores afectados, la decisión del tribunal "no es una sentencia más dentro del siempre complejo escenario de las crisis empresariales", sino que el fallo entrega una "señal clara —y necesaria— respecto de los límites entre el riesgo propio de la actividad económica y el uso fraudulento de la insolvencia como mecanismo de elusión de responsabilidades".
La abogada recordó que el derecho penal "no sanciona la insolvencia en sí misma, sino su provocación o agravación fraudulenta".
Ante los antecedentes económicos, la representante de BancoEstado subrayó que "tras el veredicto de hoy podemos decir que el llamado “Caso Venturelli” se proyecta como un precedente relevante en materia de criminalidad económica". Venegas fue categórica al advertir que "el sistema concursal no puede transformarse en un refugio para vaciar activos, perjudicar acreedores y desentenderse de obligaciones laborales".
Maniobra fraudulenta
El tribunal, integrado por los magistrados Priscilla Frantzen, Roberto Herrera y Wilfred Ziehlmann, logró establecer que la quiebra de la compañía, que tuvo una liquidación forzosa en noviembre de 2019, fue agravada intencionalmente entre septiembre y octubre de ese mismo año.
El principal motor de la descapitalización fue la enajenación de maquinaria pesada esencial para los procesos productivos, avaluada en más de $ 2.870 millones. Estos activos fueron vendidos a un plazo de 120 días a "Comercializadora y Distribuidora Sorellanza Limitada", una sociedad relacionada y creada semanas antes, por los hijos de Venturelli, con un capital de apenas $ 10 millones.
Sobre esta maniobra, la abogada querellante detalló que "los hechos que fueron establecidos son particularmente ilustrativos: la venta de activos esenciales -maquinaria por más de $ 2.800 millones a una sociedad de reciente creación, vinculada familiarmente y con un capital social significativamente inferior".
A este traspaso se sumó "la absorción de una empresa relacionada con un cuantioso pasivo, sin contrapartida en activos, y el retiro de utilidades en montos elevados y no habituales en los meses previos a la liquidación".
Impactos económicos
Esta absorción artificial significó el traspaso de las deudas previsionales y laborales de cerca de 100 trabajadores hacia la empresa que ya se encontraba al borde de la quiebra. Asimismo, el esquema generó un perjuicio fiscal directo estimado en $ 495 millones, derivado de impuestos y multas impagas por las facturas de dicha venta de maquinaria.
En este escenario, el Ministerio Público, perició los movimientos financieros de la compañía de Venturelli por más de $17 mil millones, antecedentes que permitieron al fiscal Carlos Cornejo solicitar la pena de cinco años de reclusión, que fue ratificada por la justicia temuquense.
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
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