Un nuevo caso de delitos económicos concursables pone las miradas en La Araucanía. Esta vez, el empresario local y radicado en Santiago, Carlos García Gross, es acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores y enfrenta penas que superan los 17 años de presidio por ilícitos que incluyen el ocultamiento de bienes, la simulación de contratos y el uso malicioso de instrumento público. Su defensa, sin embargo, busca el sobreseimiento definitivo del caso argumentando una supuesta enajenación mental del imputado.
Junto con García Gross, son también imputados su cónyuge, Luz Rocha Durán y los hijos de ambos, Carlos, Catalina y Jimena García Rocha, además del abogado Ramón Ossa Infante, acusados de iniciar en un periodo previo a la liquidación una estrategia de vaciamiento patrimonial, mediante transacciones con 30 inmuebles urbanos y rurales, mayoritariamente para uso comercial, además de su participación en sociedades productivas.
Penas solicitadas
Tal como en el recientemente resuelto caso del empresario Jaime Venturelli, el Ministerio Público es representado por el Fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Cornejo, quien solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco para García Gross, el principal imputado, penas que incluyen dos condenas de siete años de presidio por ocultamiento de bienes y uso malicioso de instrumento público, cinco años por disposición ilícita de patrimonio, y dos penas de 540 días por simulación de contrato y ocultamiento de libros contables.
En tanto, para Luz Rocha y sus tres hijos con el empresario, acusados de participar directamente en la red de fraude, se pidieron idénticas penas principales; siete años por ocultamiento de bienes, otros siete por el uso malicioso de documentos y 540 días por simulación de contratos.
Finalmente, el coimputado Ramón Ossa Infante arriesga siete años por uso malicioso de instrumento público, cuatro años por su complicidad en el ocultamiento de activos y dos sentencias de 540 días por simulación de contrato y disposición de bienes.
Acreedores
Los abogados Jorge Gálvez y Nicolás Navarrete -del estudio Gálvez, Venegas, Hess y Navarrete-, quienes representan a las Juntas de Acreedores a través del Liquidador Concursal Nelson Machuca, presentaron recientemente acusaciones particulares que endurecen el escenario judicial.
En conversación con DF Regiones, el abogado Nicolás Navarrete, explicó que las querellas interpuestas en nombre de sus representados exigen sanciones más altas que las planteadas por la Fiscalía. "Nosotros estimamos que, debido a la reiteración de los delitos que se cometieron en este caso, corresponde aplicar la regla de la reiteración con la mayor severidad que contemple la Ley, esto es aumentando en dos grados la pena".
Respecto a las indemnizaciones, el querellante detalló que "presentamos una demanda civil por un monto superior a los $ 8 mil millones, entre las dos acusaciones".
Vaciamiento patrimonial
El mecanismo defraudatorio imputado se habría basado en el desvío sistemático del patrimonio personal de García Gross y de su empresa Garoagro. La acusación detalla la transferencia de cerca de 30 inmuebles, tanto urbanos como rurales, a sociedades relacionadas con su cónyuge, sus hijos y el abogado Ramón Ossa, quien según los demandantes habría estructurado la estrategia delictiva.
Al respecto, Navarrete precisó el modus operandi: "Lo que hacían estas personas era simular una compraventa, muchas veces a un precio ridículo, pero lo más importante es que ese precio nunca se pagaba y por tanto, se trataba de una compraventa simulada".
El caso más emblemático corresponde a la compañía de transportes y maquinaria Garomaq. Sobre esta operación, el abogado explicó que "esta empresa, tenía ventas anuales por cerca de $ 3 mil millones en 2018, pero se vendió primero a los hijos de Carlos García Gross por $ 5 millones y luego a Ramón Ossa Infante, por medio de una de sus sociedades, por $ 20 millones. O sea, se vendió una empresa con ventas de $ 3 mil millones en $ 20 millones".
Estrategia de la defensa
El proceso judicial, que se inició en 2021, tendrá el próximo 13 de mayo la audiencia de preparación de juicio oral. No obstante, el futuro penal de Carlos García Gross permanece en la incertidumbre. La defensa esgrime que el empresario, de más de 70 años, padece un grave deterioro cognitivo tras un evento cardiovascular, buscando que sea declarado inimputable tras los peritajes del Servicio Médico Legal que aún no han sido conocidos a través del tribunal.
Para los querellantes, esta misma estrategia defensiva incrimina aún más al círculo íntimo del empresario. "Eso también es un antecedente que nos permite decir que muy probablemente los hijos estuvieron muy involucrados en un fraude. Porque probablemente su padre, si es que se confirma que tiene este deterioro cognitivo, lo viene arrastrando hace bastante tiempo", aseveró Navarrete.
Finalmente, el abogado representante de los acreedores advirtió que la causa no se detendrá, pues "más allá de si Carlos García Gross termina yendo o no a juicio por el tema de la inimputabilidad, este caso igualmente va a ser sometido a conocimiento de los tribunales de Temuco y esperamos obtener una condena".
Cabe destacar que, tras permanecer casi cinco meses en calidad de prófugo eludiendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada el 11 de abril de 2024 por el Tribunal de Temuco, el empresario fue finalmente capturado en septiembre de 2024 por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Su detención se concretó mientras se mantenía al interior de una propiedad familiar ubicada en la comuna de Colina, Región Metropolitana.
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
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