Tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast el lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la puerta a ajustar el crédito tributario al empleo, una herramienta cuyo costo fiscal es de US$ 1.400 millones por año y que -pese a ser respaldada en la Cámara de Diputados- ha sido centro de críticas de parte de parlamentarios y especialistas.
En su origen, el beneficio se enfocaba en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550 mil-$ 838 mil), con una estructura que era un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM.
Y si bien luego Quiroz aplicó cambios para focalizar el crédito en mujeres y jóvenes, la propuesta continuó generando cuestionamientos. Sin embargo, puede que la propuesta vuelva a ser modificada.
Sobre el tema, el ministro señaló que “las cifras fiscales obligan a hacer algún tipo de ajuste y reconsideración. Lo vamos a ver en su minuto”, dijo.
Una apertura a modificaciones bien recibida por los actores.
De hecho, el exsubsecretario de Hacienda y actual decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, planteó que existe espacio para perfeccionar aún más el instrumento, manteniendo su objetivo de fomentar el empleo, pero reduciendo de forma importante su costo para las arcas fiscales.
La principal propuesta consiste en focalizar el beneficio en el flujo de nuevas contrataciones, en lugar de aplicarlo sobre una base más amplia de trabajadores formales.
El académico incluso planteó varias modificaciones. Una de ellas es focalizar el beneficio a los nuevos contratos formales; aumentar el alcance salarial del beneficio, permitiendo que cubra remuneraciones de hasta 16 UTM -equivalentes aproximadamente a dos salarios mínimos-; entre otras.
Para evaluar los efectos de una eventual focalización, Weber -junto a Manuel Villaseca- analizó datos del Seguro de Cesantía y elaboró cuatro escenarios alternativos, con duraciones del subsidio para nuevos contratos de 6 y 12 meses, y dichos tiempos con distintos topes de remuneraciones.
Los resultados mostraron diferencias significativas respecto del diseño original.
Mientras el esquema actualmente propuesto alcanzaría al 42% de los trabajadores dependientes formales, una versión focalizada en contratos de hasta seis meses y remuneraciones de hasta 12 UTM beneficiaría solo al 4,9% de los trabajadores. Si el límite se ampliara a un año de contrato, la cobertura subiría al 10,2%.
En los escenarios que consideran rentas de hasta 16 UTM, la cobertura se elevaría a 5,7% para contratos de hasta seis meses y a 12,6% para aquellos de hasta un año.
La diferencia también se observa en materia fiscal. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Weber, los escenarios alternativos reducirían el costo de la medida a entre 0,05% y 0,14% del PIB el segundo año de implementación, equivalente a un rango de US$ 202 millones a US$ 595 millones.
“De cumplirse esta modificación, el proyecto completo de Reconstrucción Nacional de transforma en un proyecto fiscalmente neutro, al incluir proyecciones conservadoras de dividendos por crecimiento. Sea esta u otra modificación, es razonable pensar en ajustes en el Senado que permitan tener un instrumento eficaz y al mismo tiempo fiscalmente sostenible”, aseguró el académico.
Duración acotada
Al interior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP también compartieron la mirada de focalizar esto en las nuevas contrataciones. Sin embargo, creen que esto debe ir de la mano de otros cambios.
“La primera recomendación es que el incentivo no sea permanente y sea un incentivo que dure entre nueve meses hasta dos años. Y la segunda corrección, que también permite que el proyecto sea menos oneroso desde el punto de vista fiscal, es que el incentivo lo que premie sean los aumentos netos de dotación”, dijo el director del OCEC UDP, Juan Bravo.
A su juicio, el diseño actual del instrumento no incentiva la contratación de nuevos trabajadores. Para Bravo, modificar este aspecto podría reducir el efecto fiscal negativo que tiene el crédito tributario al empleo. Sin embargo, agregó que de igual modo hay que agregarle flexibilidad al instrumento “para que en períodos donde haya destrucción de empleo asalariado formal, en esos períodos se pueda extender el incentivo a trabajadores ya contratados, porque en esos periodos es valioso contar con un incentivo a la retención”, agregó.
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