La decisión del Ministerio de Hacienda de postergar los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150, en la Región del Biobío, sigue generando repercusiones en el mundo de las concesiones. Aunque el gobierno sostiene que los proyectos aún no estaban adjudicados formalmente, la medida encendió las alarmas entre concesionarias, bancos e inversionistas, que advierten un impacto sobre la confianza en el sistema de asociación público-privada.
El presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, afirmó que el principal efecto de la decisión es la incertidumbre que instala sobre el financiamiento de futuras iniciativas.
“Esta es una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones. Se abre un nuevo flanco para el financiamiento de proyectos”, sostuvo.
A juicio del exministro, la medida debiera revertirse si el Ejecutivo busca preservar la credibilidad del modelo. “El gobierno tiene que retractarse de esta decisión. No tiene otra salida si quiere asegurar la comprensión de parte de los inversionistas de este tipo de propuesta que representa la asociación público-privada”, señaló.
Cruz también cuestionó el argumento fiscal esgrimido por Hacienda. Explicó que la inversion inicial es financiada por privados y que los pagos del Estado comienzan solo una vez terminada la construcción, distribuyéndose durante aproximadamente 20 años.
“Es una decisión absolutamente injustificada. Esta es una inversión que se empieza a reembolsar a partir del cuarto o quinto año desde la adjudicación. Se supone que para entonces el país debiera estar creciendo por sobre el 3,5%, por lo que no debiera haber dificultades para cumplir estos compromisos”, afirmó.
Afectación a la banca
El impacto también alcanzó a actores de la banca nacional, los principales financistas de proyectos medianos como estos corredores. Según fuentes de la industria, las entidades financieras acompañan a las empresas desde la publicación de las bases, evalúan la viabilidad de los proyectos, entregan las boletas de garantía y, habitualmente, aportan entre el 70% y el 75% del capital requerido para su construcción.
Tras la apertura de ofertas económicas, ya existía un esquema de financiamiento acordado para los corredores del Biobío.
“Lo que se afecta no es solo al concesionario. También a los bancos, las aseguradoras y, en definitiva, a toda la cadena vinculada al sistema de concesiones”, señalaron fuentes conocedoras del proceso.
En la misma línea, Cruz advirtió que “la industria financiera también se ve afectada por este tipo de decisiones. ¿Qué compromiso firme puede asumir un banco si, por un acto discrecional de la autoridad, se paraliza un proyecto que ya está prácticamente adjudicado? La señal que se está dando es bien compleja”.