“El país enfrenta actualmente una situación fiscal ajustada, tanto en el corto como en el mediano plazo”. Con esa frase, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la decisión de detener la tramitación de las adjudicaciones de los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano.
En el oficio enviado al MOP, al que tuvo acceso Diario Financiero, el secretario de Estado sostiene que ambas concesiones implican compromisos fiscales asociados a subsidios para la construcción y la operación que “en las condiciones actuales, no es posible absorber”.
Aunque el documento está fechado el 24 de julio, el Grupo Azvi, adjudicatario de ambas concesiones, conoció de manera extraoficial el viernes 31 de julio que el Gobierno no seguiría adelante con las iniciativas. Sin embargo, al cierre de esta edición el desistimiento oficial aún no había sido notificado a la compañía, por lo que el proceso administrativo seguía pendiente de su formalización.
Las concesiones en suspenso
La decisión deja en pausa dos de las principales concesiones de transporte público para el Gran Concepción, que en conjunto representan inversiones cercanas a US$ 400 millones, pese a que el proceso licitatorio ya había concluido y los decretos de adjudicación se encontraban en su etapa final de tramitación. Se trata de iniciativas que han formado parte de la agenda de infraestructura regional durante más de una década.
El corredor Ruta 160 considera un trazado exclusivo para buses de 14,2 kilómetros entre San Pedro de la Paz y Coronel, con 29 paraderos, ciclovías, veredas, tres pasos desnivelados y la regularización de cruces ferroviarios. Mientras que el corredor Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano incorpora 9,3 kilómetros de infraestructura exclusiva para transporte público, nuevos enlaces, pasos desnivelados y ciclovías entre Concepción, Talcahuano, Penco y Hualpén.
“El país enfrenta actualmente una situación fiscal ajustada, tanto en el corto como en el mediano plazo”, dijo el ministro Quiroz en el oficio.
Fuentes de la industria explican que ambas concesiones fueron estructuradas bajo el modelo de concesiones, donde el financiamiento inicial proviene del capital y de deuda privada, mientras que el Estado retribuye la inversión mediante subsidios distribuidos en un horizonte de largo plazo. Aunque las iniciativas representan inversiones cercanas a 9 millones de UF, el compromiso fiscal durante los próximos cuatro años sería inferior a 800 mil UF (equivalen a US$ 34 millones).
Además, los recursos no se desembolsan de una sola vez, ya que el esquema contempla pagos asociados al avance de las obras y, posteriormente, cuotas anuales durante 20 años, por lo que los primeros desembolsos relevantes recién comenzarían entre 2029 y 2030.
Las mismas fuentes agregan que ambos corredores se encontraban entre las concesiones con mayor grado de avance para iniciar su ejecución. Las obras solo requieren una consulta de pertinencia ambiental y el desarrollo de la ingeniería de detalle, por lo que la construcción podría comenzar en aproximadamente un año, generando empleo directo e indirecto desde sus primeras etapas.
Consultada por Diario Financiero, la Dirección General de Concesiones confirmó que la decisión responde al escenario presupuestario que enfrenta el país.
“Sabemos que estos proyectos son relevantes para la conectividad y la movilidad de la Región del Biobío. Sin embargo, hoy enfrentamos una situación fiscal que nos obliga a revisar responsablemente los compromisos de gasto y a priorizar las inversiones públicas. Los corredores de las rutas 150 y 160 requerían importantes aportes fiscales, tanto para su construcción como para su operación, compromisos que en las actuales condiciones presupuestarias no es posible asumir”, señaló la directora general de Concesiones, Lorena Herrera.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, criticó duramente la decisión adoptada por Hacienda. “Todavía estamos a tiempo de revertir esta decisión. Me sorprende la facilidad con que se anuncian grandes inversiones para Santiago, como las líneas 7 y 9 del Metro, mientras las regiones siguen quedando en el olvido. El Gobierno debe dar señales claras de inversión pública en las regiones, donde vive el 60% de los chilenos y se desarrolla cerca del 80% de la actividad productiva del país”, afirmó.
La autoridad agregó que “el Biobío necesita dar un salto en conectividad para consolidarse como plataforma logística, y estos corredores son clave para lograrlo”
Riesgo para la inversión
La determinación también generó preocupación en la industria. La presidenta de Copsa, Gloria Hutt, advirtió que revertir una adjudicación cuando el proceso ya estaba prácticamente concluido puede afectar la confianza para invertir en infraestructura.
“Nuestra preocupación es que las condiciones para invertir sean atractivas y exista un buen entorno que resguarde el desarrollo de los proyectos. Si esta decisión se confirma, genera un riesgo, porque se trata de un proyecto que ya estaba confirmado por el MOP, contaba con boleta de garantía y con todo lo necesario para iniciar su ejecución”, afirmó.
A juicio de la exministra, llama la atención que una decisión de este tipo se adopte en una etapa tan avanzada del proceso, ya que “afecta la inversión regional y el transporte público”. Agregó que ambos corredores corresponden a proyectos de alto estándar que “la naturaleza de esta obra la transforma en prioritaria, si es que la principal urgencia es la generación de empleo”.
Más allá del futuro de estos dos corredores, el episodio abre un debate sobre cuánto podría incidir el estrecho espacio fiscal en la ejecución de la cartera de concesiones y en las señales que recibe el sector privado respecto de la continuidad de proyectos de infraestructura que ya habían sido adjudicados.
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Magdalena Espinosa
