Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul
Según el Ministerio Público, los dineros utilizados para financiar la compra se originaron en delitos al interior de los fondos de la AGF, mientras que se habría intentado vender el control de “la U” y distanciar las acciones de acreedores.
Las principales dudas que emergieron en la previa de la formalización del Caso Sartor giraron en torno al delito de lavado de activos. Tal como fue adelantado por DF a finales de la semana pasada, el ilícito fue añadido a la diligencia por parte de la Fiscalía a días de iniciar la audiencia.
Esa dimensión avanzó por meses en completa reserva, en paralelo a la causa principal.
Si bien en un inicio se especuló que se enfoca en el destino final de los dineros que emanaron de desde las sociedades que recibieron financiamiento de los fondos respaldados por aportantes, el Ministerio Público atribuyó el delito a un solo hecho.
Según la minuta preparada por los persecutores para la formalización, a la que accedió este medio, la Fiscalía persigue el delito de blanqueo de capitales en la propiedad de Azul Azul por parte de Michael Clark, que participó de la operación con su sociedad Inversiones Antumalal SpA, a través del fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport”.
De acuerdo con el documento, la adquisición y posterior control de la concesionaria del club Universidad de Chile tuvieron un origen ilícito al derivar de delitos de administración desleal y de infracciones a la Ley de Mercado de Valores, mantener oculta la procedencia de los recursos, intentar desprenderse posteriormente del activo mediante un proceso de venta y distanciar el activo de los acreedores de Sartor AGF.
La Fiscalía argumentó la imputación de los delitos de fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.
Según la minuta, “los fondos utilizados para dicha adquisición tenían su origen en la comisión de delitos de administración desleal que afectaron a los Fondos de Inversión Sartor Táctico y Sartor Leasing, así como de delitos contemplados en la ley de mercado de valores, razón por la cual su origen se mantuvo oculto por parte de los apoderados de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. como de los representantes de Inversiones Antumalal Limitada, a sabiendas de la ilicitud de su origen”.
En detalle, “con fecha 19 de abril de 2021, los fondos de inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico administrados por Sartor AGF S.A., inyectaron $ 7.200.000.000 a Inversiones Cerro El Plomo SpA a través de la suscripción de pagarés en favor de los primeros”, apuntó la minuta.
“A su vez, el Fondo de Inversión Sartor Proyección concurrió al financiamiento de Inversiones Cerro El Plomo SpA con $1.100.000.000 a través de la emisión de un pagaré en favor de dicho Fondo de Inversión” en aquella jornada, añadió el texto.
Agregó que ese mismo día “Inversiones Cerro El Plomo SpA otorgó financiamiento al Fondo de Inversión Privado Tactical Sports a través de la misma operatoria, esto es, la suscripción de pagarés por un total de $ 4.297.000.000 aproximadamente”.
“Los imputados ya señalados autorizaron estos créditos que financiaron al Fondo de Inversión Privado Tactical Sports, a través de sociedades relacionadas con Sartor AGF S.A. y sus Directores, sin cumplir ninguna de las condiciones previstas en el artículo 62 de la LUF”, apuntó la Fiscalía.
Tras la compra, se suscribieron nuevos pagarés y se prorrogaron algunos de los ya emitidos respecto del financiamiento de los Fondos Táctico y Leasing a Inversiones Cerro El Plomo SpA, por un total de cerca de $ 6.200 millones.
Ya con el control de Azul Azul, “Asesorías e Inversiones Sartor S.A. e Inversiones Antumalal, en el porcentaje que les correspondía por la propiedad de sus cuotas, ejercieron el control de la sociedad Azul Azul S.A., administrando la misma, eligiendo a sus directores, entre ellos, Michael Clark Varela, Carlos Larraín Mery, José Ramón Correa Díaz, Miguel León Núñez, e incluso con fecha 25 de abril de 2023, el imputado Michael Clark asumió la presidencia de Azul Azul S.A.”, detalló la Fiscalía
Durante este período, “se realizaron innumerables operaciones de compra y venta de jugadores, recibiendo (Clark) una remuneración por el ejercicio del cargo, y tal como se señaló, manteniendo siempre oculto el hecho de que esa propiedad se adquirió en base al financiamiento proveniente de los fondos públicos administrados por Sartor AGF S.A., sin cumplir ninguna de las condiciones previstas en el artículo 62 de la LUF”.
En esta línea, el Ministerio Público reveló un proceso de venta de Tactical Sport. “Además de las maniobras de ocultamiento de los bienes adquiridos de forma ilícita, previamente descritas, los imputados intentaron realizar otros actos de ocultamiento a fin de desprenderse de este porcentaje accionario”, señaló la minuta.
En detalle, el 15 de enero de 2024, Clark, en representación del FIP, “suscribió un contrato de Asesoría Financiera con Moonvalley Capital Asesorías Limitada, para la venta de hasta el 100% de las cuotas del FIP Tactical Sport”, reveló la Fiscalía.
Finalmente, “esta operación no llegó al resultado pretendido”, concluyó la minuta.
La “toma de control” de Clark
Parsa argumentar el hecho, en su minuta la Fiscalía también apuntó a la hoy fallida compra por parte de Clark del restante 90% de Tactical Sport, firmada el 13 de diciembre de 2024, en medio del estallido del caso.
“De esta forma, se produjo el cambio de controlador de Azul Azul S.A”, aseguró la Fiscalía, organismo que sostuvo que debió haberse sometido a una Oferta Pública de Adquisición de Acciones.
De acuerdo con el Ministerio Público, con la compra, Clark “evitó que los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF S.A. pudiesen recuperar los montos de dinero invertidos en los fondos Sartor, así como también que otros acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. pudieran ejecutar sus créditos”. Uno de ellos siendo la corredora de bolsa de Bci.
“Los antecedentes que constan en la carpeta investigativa permiten presumir fundadamente que la referida transacción (...) como una forma de evitar que la simultánea celebrada entre Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y BCI Corredora de Bolsas fuera cobrada con las acciones de Azul Azul S.A.”, afirmó el texto preparado por los persecutores.
Fraude, lavado y contrato simulado
De esta manera, la minuta de la Fiscalía señaló que “los hechos anteriormente descritos se estiman constitutivos del delito de Fraude a la Omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, (...) el delito se encuentra en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye participación en calidad de autor (...) en relación con el articulo 1 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”.
“Además, son constitutivos del delito de lavado de activos (...) el cual se encuentra en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye la calidad de autor (...) en relación con el articulo 4 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”, añadió el texto.
Finalmente, detalló que “son constitutivos del delito de contrato simulado (...) en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye la calidad de autor (...) en relación con el articulo 2 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización quedó fijada para el 30 de julio de 2026.
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Interactivo: Claudio Pérez
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CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
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