Hace unos días que se viene escuchando entre los abogados de la plaza que el gobierno postergaría la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, principalmente por los retrasos en el nombramiento de los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales.
Fuentes de La Moneda confirmaron a DF que el Ejecutivo ingresaría este martes o miércoles al Congreso una moción para modificar algunos aspectos de esta ley, cuya entrada en vigencia está definida para el 1 de diciembre de 2026.
De acuerdo a una fuente de gobierno, está pendiente definir si se retrasa la entrada en vigencia de toda la ley o solo de la Agencia de Protección de Datos.
Estas definiciones, acotó, se deben zanjar en la reunión que sostendrán este martes el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. No obstante, las conversaciones entre los equipos técnicos de ambas carteras estarían bastante avanzadas.
La Ley de Protección de Datos Personales, que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, fue aprobada en 2024 y regula la forma y las condiciones en las que se realiza el tratamiento de datos personales y eleva los estándares de protección en línea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
Se aplica a personas naturales, jurídicas y órganos del Estado que realicen tratamiento de datos personales y establece una serie de obligaciones, multas de hasta UTM 20 mil —unos $ 1.400 millones— y sanciones por reincidencia de infracciones graves y gravísimas solo para grandes compañías. Además, contiene un artículo transitorio que otorga a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 12 meses de gracia con partes de cortesía, una vez que entre en vigencia la regulación.
En tanto, la futura Agencia de Protección de Datos Personales dictará las normas e instrucciones y ejercerá la labor de fiscalización y sanción.
Cambios en el régimen de consejeros
En mayo, el Senado rechazó la terna propuesta por el Presidente José Antonio Kast para integrar el Consejo Directivo de la agencia y, en junio, venció el plazo legal para la designación de los consejeros —seis meses antes de la entrada en vigencia de la ley—, lo que sembró dudas sobre el futuro de la instalación del organismo y la aplicación de la nueva normativa.
Fuentes cercanas a la materia señalaron a DF que el proyecto del Ejecutivo incluiría la nómina de los tres consejeros, que, de acuerdo con el texto actual, deben tener dedicación exclusiva para evitar conflictos de interés.
Sin embargo, la moción establecería una excepción que les permitiría no tener dedicación exclusiva a su cargo durante el período previo a la entrada en vigor de la ley.
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