Solo horas después de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaba la iniciativa que se suma al techo de US$ 17.400 millones autorizado por el Congreso para este año en el marco de la tramitación del Presupuesto.
La idea, dijo el secretario de Estado, es financiar una brecha de gasto no solventado por US$ 4.700 millones para lo que resta del año, a los que se suman US$ 1.500 millones en pagos pendientes a proveedores del Estado.
¿Estaba incorporado en el mercado el anuncio? Lo cierto es que la tasa de interés de los bonos estatales registró escasos movimientos. Por ejemplo, el riesgo país de Chile a cinco años -medido a través de sus credit default swaps, o CDS- bajó 0,6% este martes para llegar a 41,5 puntos base.
Aquellos intereses de los bonos soberanos de Chile en dólares a plazos entre un año y 30 años exhibieron reducciones entre 1,1% y 2,6% en la sesión del martes.
¿Y a nivel local? El panorama fue opuesto, ya que el rendimiento de los bonos de Tesorería en pesos de corto plazo (desde tres meses) y largo plazo (hasta 30 años) se empinaron entre 0,3% y 3,6%.
“El mercado hace tiempo le dejó de creer a las proyecciones de Hacienda. Reflejo de aquello es que el sinceramiento del IFP no movió los spreads de la deuda. Creo que están esperando los efectos del proyecto de reconstrucción. Si no termina moviendo la aguja y genera más presión fiscal, el mercado y las clasificadoras van a reaccionar”, dijo el académico de la U. de Los Andes y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.
¿Una buena decisión?
Dada la “real” situación fiscal y los esfuerzos que ha hecho la actual administración para reducir el gasto a través de medidas correctivas, “no hay otra salida”, enfatizó la economista senior de LyD, Macarena García: “Ya no quedan activos financieros a los cuales echarle mano y la Ley de Cumplimiento Tributario no ha generado los recursos esperados, por lo que solo queda deuda”.
El excoordinador macro de Hacienda y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner, expresó que entre la Ley de Presupuesto en septiembre y la situación del IFP actual se ve una baja del valor del dólar, ante lo cual se requeriría alrededor de US$ 1.000 millones extra para obtener un margen de endeudamiento constante en pesos: “Quizás hay otras presiones adicionales, pero el monto anunciado de US$ 6.200 millones adicionales parece mucho más alto de lo que se esperaba”, dijo.
La académica de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, cree que la solicitud de autorización era “previsible” por la magnitud del déficit fiscal de este año, de 2,9% del PIB efectivo y 3,7% estructural: “Lo anterior tiene un correlato en el sinceramiento que ha hecho la Dipres en cuanto a la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario y un gasto comprometido que no reflejaba todos los compromisos del Estado, que son ineludibles”.
La decisión de aumentar el endeudamiento pareciera ser la decisión “más acertada y realista”, opinó la economista y socia de Tax & Legal de Deloitte, Vanesa Lanciotti.
“Este mayor espacio permitiría sostener el gasto mientras se materializa el crecimiento económico y su efecto multiplicador en la actividad y el empleo, que es, en definitiva, lo que corregiría los desequilibrios fiscales de forma más sostenible en el tiempo”, dice en referencia al proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción.
La conveniencia de aumentar el techo de endeudamiento depende principalmente de las razones que justifican la mayor necesidad de financiamiento, afirmó el director de Riesgo Financiero de PwC, Patricio Jaramillo: “Si el objetivo es cubrir necesidades transitorias de caja, enfrentar menores ingresos fiscales o evitar ajustes abruptos del gasto público en el corto plazo, la medida puede ser razonable. Sin embargo, el endeudamiento no debe transformarse en un mecanismo permanente para financiar déficits estructurales”.
¿Qué efectos se pueden esperar?
Si bien entre los especialistas hay un cierto consenso respecto de que era impostergable el requerimiento de un mayor techo de deuda, sí advirtieron que, una vez aprobado el proyecto, podría tener efectos sobre las tasas de interés del mercado de renta fija para empresas y personas, así como abultar la cuenta de gastos por intereses a pagar por el Fisco, que ya se empina a 1,3% del PIB para este año.
El área de estudios de Scotiabank expuso que, en principio, los US$ 6.200 millones parecen magnitudes altas que podrían tener un “impacto alcista” sobre las tasas de interés en plazos medianos y largos. “Igualmente, importante será ver la composición de monedas entre pesos, UF, y eventualmente monedas extranjeras, así como los plazos”, agregó, calculando que este mismo año se podría alcanzar el límite prudente de la deuda bruta según la regla fiscal, situado en 45% del PIB.
Considerando que esta propuesta es aprobada y que se materializa la emisión de esta mayor deuda, el umbral del 45% del PIB podría alcanzarse a fines de este año, calculó el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado. “El impacto de corto plazo es una mayor propensión a alzas en tasas de largo plazo, y la posibilidad de una revisión de los actuales ratings soberanos”, anticipó.
Un mayor endeudamiento tiende a tener implicancias directas en el costo del financiamiento, ejerciendo “presión al alza” sobre las tasas de interés a medida que sube la oferta de papeles soberanos y crecen las primas por riesgo, agregó el economista de Itaú Vittorio Peretti: “El flujo de deuda solicitado podría ser absorbido en el mercado local, pero presionando las tasas al alza. Así, ameritaría estudiar emitir al menos una parte en el mercado externo”.
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