Quinto día de formalización del caso Sartor: audiencia se extenderá hasta mediados de la próxima semana
Este jueves comenzarán las intervenciones de las defensas, de la mano de los abogados de Pedro Pablo Larraín, quienes alegarán por tres horas. El banquillo de Clark expondrá el lunes.
La masiva formalización por el caso Sartor se extenderá hasta, al menos, mediados de la próxima semana. Así lo reveló el miércoles la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Paulina Moya, en la quinta jornada de audiencia.
En el marco del debate por la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, la magistrada distribuyó el orden en que intervendrán las defensas en la discusión, por un total de 14 horas.
En detalle, este jueves expondrá la defensa de Pedro Pablo Larraín, a través del penalista socio de Winter Etcheberry, Jaime Winter, por tres horas. También será el turno de Juan Carlos Jorquera, quien si bien enfrenta arresto domiciliario total, sus abogados alegarán por una hora, en busca de una cautelar de menor intensidad.
El viernes, tomará la palabra la defensa de Carlos Larraín, encabezada por Catherine Lathrop, por una extensión de cuatro horas.
En tanto, el lunes quedó reservado para los abogados de Clark, comandados por Bernardo Rosenberg, quien también alegará por cuatro horas.
El martes será el turno de las defensas de Bustamante y Yáñez, por dos horas cada una, mientras que el miércoles serán las réplicas.
El caso comenzó cuando “quienes dirigían Sartor AGF comprendieron que ECapital ya no era viable y aún así resolvieron mantenerla funcionando utilizando recursos de terceros”, dijo una querellante.
Querellantes
En la jornada de ayer culminaron las argumentaciones de los querellantes para solicitar prisión preventiva a los imputados.
En representación de Isapre Nueva MasVida -que denunció un perjuicio de $ 8.400 millones-, el abogado Rufino Martínez apuntó que los recursos “no se perdieron por una mala racha económica, sino que fueron destinados a fines distintos de los que están previstos en la ley y los reglamentos internos de los fondos, con la desviación de dineros mediante financiamientos, inversiones a sociedades relacionadas con los imputados”.
Añadió que los investigados habrían aparentado que “los activos subyacentes estaban sanos y vigentes, cuando la verdad es que la caja ya se había esfumado”.
Por su parte, la penalista Susana Borzutzky, en representación de un grupo de víctimas, sostuvo que el caso comenzó “el día que quienes dirigían Sartor AGF, el año 2016, más o menos, comprendieron que ECapital ya no era una empresa financieramente viable y aún así resolvieron mantenerla funcionando, utilizando recursos de terceros, ocultando su verdadera situación patrimonial y prolongando artificialmente una apariencia de solvencia que sabían inexistente”.
En esta línea, argumentó que “esa es la diferencia entre un fracaso empresarial y un fraude, el que requiere de personas que tomen decisiones para ocultar la realidad, y eso es exactamente lo que la evidencia del Ministerio Público nos ha otorgado en estas audiencias”.
Yáñez en el origen
Otra de las intervenciones fue la del abogado Juan Enrique Urrutia, en representación de los querellantes Sergio y Francisco Gómez e Inversiones HG Limitada. “Sin la participación de don Sergio Yáñez, no habría nadie sentado acá en esta sala”, acusó.
Según relató, Yáñez propuso en 2010 a los Gómez la creación de un factoring, que dio origen a Inversiones y Gestión de Negocios (Inverges), matriz de ECapital. Los hermanos aportaron $ 3.000 millones por el 40% de la propiedad, mientras que Yáñez ingresó con otro 40%.
En 2018 comenzaron a cuestionar su administración y, tras un peritaje, habrían descubierto “una práctica sistemática de renegociación de cartera”, con irregularidades como “más de 250 operaciones con un solo cliente, John Sol, por $ 35 mil millones”. Provenientes de Sol, también se habrían descubierto 11 cheques en blanco y operaciones por $ 28 mil millones sustentadas en un solo contrato, sin respaldo legal.
Además, “se detectó el hallazgo de operaciones multimillonarias con sociedades relacionadas con el señor Sergio Yáñez”, las que, según indicó, “tenían giros desde Emprender Capital directamente hacia ellas”.
De acuerdo con la carpeta investigativa, esas operaciones derivaron en las deudas que, de forma posterior, fueron capitalizadas en Danke SF.
En tanto, Urrutia sostuvo que Yáñez convenció a los Gómez de no judicializar el conflicto y, como salida, ceder el 100% de sus acciones en Inverges a cambio de un reconocimiento de deuda por $ 3.000 millones y otro crédito por $ 273 millones. “Nunca se pagó”, afirmó.
Luego, y tras solicitudes de prórroga, Yáñez les indicó que debían “acudir directamente a una sociedad llamada Danke (...) representada por unos señores Larraín”, dijo Urrutia.
Así, tras una serie de negociaciones, el 23 de mayo de 2024 cedieron su crédito a Danke, a cambio del 18,48% de ECapital, valorizado en cerca de $ 2.000 millones. Los Larraín nunca firmaron la cesión, denunció el abogado.
“¿Cuál es el problema con esto? Resulta que tres meses después, Danke vende el 100% de sus acciones sobre ECapital a un monto de $1 millón”, concluyó.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 5 de agosto de 2026.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización comenzó el 30 de julio y se extendió durante agosto.Interactivo: Claudio Pérez
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01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
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